El próximo 6 de diciembre comenzará en la Justicia federal el juicio oral contra 18 policías de la provincia acusados de participar, con distintos grados, en la desaparición y muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014. En el marco de esa investigación, de forma paralela, fue procesado un vecino del barrio Luis Agote, donde se encuentra la comisaría 7ª, el último lugar donde la víctima fue vista con vida. La fiscalía federal Nº1 lo acusa de falso testimonio al considerar que el hombre mintió las cuatro veces que declaró para favorecer así el relato policial y desligar a los uniformados de la muerte del joven de 20 años oriundo del conurbano bonaerense. Y ahora requirió que esa acusación sea elevada a juicio.
Cuando Franco Casco desapareció, el 6 de octubre de 2014 según la hipótesis que llevó al procesamiento de los policías involucrados, Daniel C., de 59 años, vivía en Catamarca al 3800, a unas tres cuadras de la comisaría 7ª. En ese tiempo los vecinos del barrio Luis Agote acostumbraban a reunirse con el jefe de la seccional, Diego Álvarez, y con otros cargos de relevancia de esa comisaría, para abordar demandas relacionadas a la seguridad en la zona. Los encuentros se realizaban periódicamente y Daniel C. tenía un lugar importante en la representación vecinal.
Versiones disímiles
En ese vínculo particular entre vecinos y uniformados se explica, según el relato policial, la detención de Franco Casco. Aquella versión, contrapuesta por la investigación que forjó la hipótesis principal con la que se llegará a juicio, indicó que Casco fue detenido a partir del llamado de Daniel C., quien aseguró haber visto a dos jóvenes sospechosos en la zona. Lo que continuó a ese llamado, siempre según la versión policial, fue la detención de Casco por desacato, por lo cual lo trasladaron a la comisaría ubicada en Cafferata al 300.
Del joven no se supo nada más hasta que 25 días después apareció sin vida en las aguas del río Paraná. La hipótesis por la que los policías fueron procesados indica que lo asesinaron dentro de la comisaría la misma noche en que lo detuvieron, y que luego arrojaron el cadáver al río para ocultar ese desenlace. Así se configuró el delito de desaparición forzada seguida de muerte, la principal acusación con la que algunos de los policías llegarán al juicio. Sin embargo el relato policial indicó que Casco fue liberado horas después de su detención.
En ese relato las declaraciones del vecino Daniel C. fueron de suma importancia. Es que hay una diferencia sustancial entre ambas versiones: la hipótesis de la fiscalía y las querellas que representan a los familiares de la víctima asegura que la detención ocurrió el 6 de octubre, mientras que los policías dicen que fue el 7. Los registros de las llamadas en el celular de Daniel C. marcaron que hubo una comunicación con el comisario el día 7. Eso, sin embargo, con el avance de la investigación implicó la posibilidad de que Daniel C. no fuera solo un denunciante sino una parte necesaria para la versión policial que intentaba ocultar lo que verdaderamente había ocurrido con Franco Casco.
Las contradicciones
Daniel C. está acusado de haber cometido el delito de falso testimonio en relación a las cuatro oportunidades en las que declaró, por lo cual podría caberle una condena máxima de 4 años de prisión. La primera vez que dio testimonio fue el mismo 7 de octubre de 2014 en la propia comisaría 7ª. El 28 de octubre volvió a declarar pero ante Asuntos Internos, cuando Casco todavía era buscado con vida. Tres días después, cuando ya había sido hallado el cadáver, volvió a testimoniar pero ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), cuando la causa se tramitaba en la Justicia provincial. Y luego, cuando ya había pasado al fuero federal, volvió a declarar en marzo de 2015 ante el Ministerio Público Fiscal (MPF).
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"Se desprenden irregularidades, inconsistencias y contradicciones entre sus sucesivos dichos que permiten sospechar que habría afirmado falsedades en las mismas", dice el requerimiento de elevación a juicio contra Daniel C. que esta semana presentó la fiscalía federal Nº 1. En sus declaraciones el hombre había dicho, en términos generales, que aquel 7 de octubre de 2014 cerca de las 13 había salido de su casa junto a su pareja e hijo para ir a almorzar a un restaurante. Que entonces vio a un joven que llevaba lentes recetados, vestía una remera blanca y un jean, que caminaba y miraba las puertas de las viviendas de la cuadra. Daniel C. dijo que eso le pareció sospechoso, por lo cual comenzó a seguir a este joven, a quien vio, unas cuadras después. También que "cruzó miradas" con otro joven que estaba en una plaza ubicada en Alsina y Catamarca.
Debido a esas sospechas llamó a la policía, y es ahí donde aparece una primer contradicción. Al momento de declarar en la comisaría 7ª dijo que primero llamó al 911, que como no pudo comunicarse llamó al celular del comisario Álvarez. En Asuntos Internos y MPA dijo que primero había llamado a la comisaría y luego al jefe. Mientras que en la fiscalía federal dijo que llamó directamente a Álvarez, quien a su vez le confirmó que "uno de los teléfonos de la comisaría no andaba".
Según la fiscalía, en el peritaje a las llamadas entrantes y salientes del teléfono de Daniel C. el día 7 de octubre no aparecieron intentos de comunicación ni con la comisaría ni con el 911. Además fue acreditado que los teléfonos de la seccional funcionaban sin ningún problema.
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En otros momentos de sus declaraciones el vecino describió con precisión cómo estaban vestidas las personas que había visto actuar de manera sospechosa. Incluso, en tres de sus testimonios, aseguró que después de llamar al comisario vio a uno de esos jóvenes, ya detenido, dentro de un patrullero. Sin embargo en su última declaración dijo que como no tenía puesto los lentes no había podido distinguir siquiera si se trataba de un adulto o un joven, o de una mujer o un hombre. Estas contradicciones podrían configurar el delito de falso testimonio, a la vez de haber servido en aquellos días de octubre de 2014, para robustecer un relato policial que con el paso de los meses comenzó a desmoronarse.
El juicio contra los policías
Después de siete años son 18 los policías que llegarán a juicio por la desaparición seguida de muerte de Franco Casco. Al momento de confirmar el procesamiento de los uniformados que llegarán a juicio el juez de la causa, Carlos Vera Barros, indicó: "Puede inferirse que entre la noche del 6 de octubre y la madrugada del 7 de octubre de 2014, Franco Casco luego de haber sido aprehendido por personal de la comisaría 7ª de esta ciudad de Rosario, habría sido alojado en calidad de demorado en dicha seccional, en la que habría sido objeto de tormentos y otros tratos inhumanos y degradantes, posiblemente propiciados por funcionarios policiales de la citada dependencia, y a partir de los cuales pudo haberse producido el deceso del nombrado".
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Vera Barros también consideró la obstaculización de la búsqueda de paradero de la víctima. "Un accionar policial que impidió formalizar su búsqueda a través de la instrumentación de un procedimiento que presentaba una versión de los hechos con asiento en constancias documentales alcanzadas por un conjunto de graves irregularidades e inconsistencias que no permitieron constatar la existencia de los acontecimientos que a través de ellas se pretendía probar", explicó el juez.
"Sugieren la intencionalidad de esconder u ocultar el verdadero estado de cosas sobre los motivos de la desaparición de Franco Ezequiel Casco, quien finalmente fue hallado sin vida flotando sobre la ribera del río Paraná, donde habría sido arrojado luego de fallecer, conductas éstas que en consecuencia resultan encuadrables en el delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte", agregó Vera Barros.
