Un total de 14 allanamientos se llevaron a cabo en Venado Tuerto, Rosario y Armstrong desde las primeras horas del día de ayer relacionados a la causa que investiga una estafa realizada mediante el apoderamiento de terrenos e inmuebles mediante la utilización de testaferros y gente insolvente, hecho en el cual estarían involucrados renombrados escribanos y abogados del sur provincial. De los catorce procedimientos, doce se hicieron en Venado Tuerto, uno en Rosario y el restante en la ciudad de Armstrong.
El subsecretario de Asuntos Registrales de la provincia de Santa Fe, Matías Figueroa Escauriza, sostuvo en agosto pasado, cuando se conocieron los primeros pasos de la pesquisa, que todo había surgido a partir de un documento apócrifo clave para detectar la maniobra de la "venta" de campos ubicados en la región venadense. En ese documento el "propietario" de los terrenos autorizaba a terceros a venderlos, pero las irregularidades en el mismo dejaron al desnudo un presunto fraude que está siendo investigado por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y que derivó en la serie de allanamientos realizados ayer.
Al frente de la pesquisa está el fiscal Juan Pablo Lavini, de Venado Tuerto, quien ayer recibió la colaboración de varios fiscales del sur santafesino. "Hay muchas personalidades conocidas de la ciudad y ésto, de comprobarse, va a traer cola", dijo una fuente tribunalicia.
La medida produjo estupor en quienes ayer a la mañana fueron testigos del despliegue de los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que realizaron los allanamientos en el centro de la ciudad y en algunos casos en viviendas, escribanías y estudios jurídicos de personajes destacados de Venado Tuerto.
Este diario dio cuenta el 28 de agosto pasado sobre la operatoria fraudulenta que se estaba analizando. "Se trata de una investigación hecha por el gobierno provincial que derivó en una denuncia ante la Fiscalía por una presunta estafa inmobiliaria con la venta de 456 hectáreas de campo en el sur provincial y otras seis propiedades por un valor estimado de 200 millones de pesos", se dijo entonces. Y al ampliar, los voceros dijeron que "todo fue en el marco de una operatoria por intentar quedarse con casi 500 hectáreas de tres lotes de campo en las localidades de San Eduardo, Maggiolo y Venado Tuerto".
Además, los pesquisas sostuvieron que "en la escritura de transferencia de esas propiedades se cita al escribano bonaerense Horacio Jorge Murcho, pero mediante un poder apócrifo. Dicho documento de venta se fechó en 2001, pero Murcho dejó de ser escribano en 1998. En los casos de los seis inmuebles en Venado Tuerto, varios notarios quisieron inscribir las mismas propiedades a la vez en el Registro de la Propiedad, lo que activó las sospechas".
Resultados positivos
El fiscal Juan Pablo Lavini confirmó ayer que los doce allanamientos realizados en la ciudad de Venado Tuerto arrojaron resultados positivos con lo cual se podría avanzar en la megacausa inmobiliaria, aunque no dijo si hubo detenidos.
Figueroa Escauriza, en tanto, confirmó que el despliegue realizado ayer se enmarca en dos denuncias ya presentadas ante la Justicia por la venta de campos en el sur provincial y seis propiedades, por un valor estimado de 200 millones de pesos, a la que sumó una tercera presentación por un caso que habría cometido la misma banda fraguando la venta de un lote en 2015 de una persona que había fallecido en el año 2000.
"Este es un paso muy importante que demuestra la voluntad de avanzar contra los delitos de guante blanco. Desde la provincia existe la decisión política de colaborar con el Ministerio Público de la Acusación (MAP) dando todos los datos y las pruebas para que estos delitos no queden impunes, porque siempre se persigue al ladrón de bicicletas y no a los que roban millones pero eso cambió", aseguró Figueroa Escauriza.
Respecto de la última estafa, se trata de la venta fraudulenta de un lote de 800 metros cuadrados por un valor cercano a los 3 millones de pesos mediante una modalidad similar a las anteriores. Según publicó el portal Rosario3.com, el titular del terreno es Enrique Plebani, fallecido en 2000. Sin embargo, en 2015 el escribano Eugenio Luis Casadei presentó un documento de compraventa que según la presentación es ilegal ya que el supuesto vendedor había muerto 15 años antes. "La parte compradora es Raúl Alberto Jaime", dice el escrito. Se trata de un gestor también mencionado en la denuncia y cuyas propiedades y estudios fueron allanados ayer.
"A medida que buscamos datos surgen más casos. Vamos a seguir aportando a la investigación desde el Ejecutivo", dijo Figueroa Escauriza, quien precisó que existen cinco o seis nombres de profesionales que se repiten en las estafas y que integran la banda investigada por fraudes inmobiliarios.
