Policiales

Caso Lucía Pérez: piden evaluar a la fiscal por "insensatez, imprudencia e irresponsabilidad"

A raíz de una serie de irregularidades reclaman que se indague si incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Lunes 26 de Noviembre de 2018

El tribunal oral que esta tarde absolvió a los tres hombres que llegaron a juicio por el abuso sexual y el femicidio de Lucía Pérez, pidió a la Procuración bonaerense que evalúe la actuación de la fiscal original de la causa, al considerar que su desempeño estuvo marcado por "la insensatez, la imprudencia y la irresponsabilidad".
Los integrantes del Tribunal Oral Criminal 1 marplatense, Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, remitieron una copia del veredicto al procurador General provincial, Julio Conte Grand, "a los fines de evaluar el posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público" de la fiscal María Isabel Sánchez, que tuvo a su cargo el caso en su etapa inicial.
Los magistrados recordaron en su fallo que Sánchez brindó una conferencia de prensa pocos días después de la muerte de Lucía, en la que aseguró que la adolescente de 16 años había sido drogada, "empalada" y que había muerto a causa de agresiones sexuales, lo que provocó una gran conmoción a nivel nacional e internacional.
"La fiscal natural de esta causa (...) expuso sin ningún tipo de tapujo que la menor había fallecido producto de una agresión sexual inhumana provocada por un empalamiento anal, despertando de esa manera una serie de reacciones de lo más dolorosas", aseguró el juez Carnevale en el fallo que dieron a conocer hoy.
"Los padres de la menor hasta el día de hoy tienen que llevar a cuestas esta horripilante historia surgida de la propia imaginación de Sánchez, ya que como lo dijera en el debate la propia madre de Lucía, fue la fiscal quien personalmente le dijo que su hija había sido drogada y violada y que por esa violación había muerto", agregó.
El magistrado consideró que "esto ha sido como una bola de nieve que ha ido arrastrando a su paso no sólo a los directos involucrados (familiares y amigos de Lucía y hasta los propios imputados) sino a grupos de derechos humanos, instituciones públicas y privadas y hasta personas ajenas al proceso que confiando en los dichos de la fiscal del caso fue tomando partido".
En la misma línea, el juez Gómez Urso señaló que "si la fiscal Sánchez se hubiese desempeñado con compromiso, vocación, profesionalismo, competencia e idoneidad este proceso no habría generado en la sociedad la expectativa de una condena ejemplar ni obligado a los operadores judiciales a dar explicaciones forzadas por algo que jamás sucedió como ella lo anunció".
Gómez Urso cuestionó además la actuación de la fiscal durante la instrucción, al señalar que "según relataron los funcionarios policiales durante el debate, las primeras directivas de Sánchez fueron confusas y contradictorias".
"No fue al lugar del hecho, no fue a la comisaría a tomar las primeras medidas del caso, no fue a recorrer la zona que vinculaba los domicilios de los tres imputados y que constituía parte de la confirmación o descarte de sus declaraciones", agregó.
El magistrado resaltó además que la fiscal no fue a ningún allanamiento ni a la autopsia, que "se fue de vacaciones a los pocos días", y que "por supuesto, no concurrió al debate a «sostener» su hipótesis".
"Al día de hoy, de parte de quienes pretenden desinformar (...) se insiste en la hipótesis de tres sujetos que, como coautores, abusaron de Lucía, cuando ni el fiscal ni el particular damnificado llegaron a sostener tal alternativa en sus respectivas acusaciones", indicó.
El fallo destaca asimismo que Sánchez "no fue la única clave de la insensatez, la imprudencia y la irresponsabilidad".
Los jueces cuestionaron también al eviscerador José Luis Badami, a quien Carnevale calificó como "impresentable", y a la médica Claudia Carrizo, quien practicó la autopsia a Lucía, y cuya intervención fue definida como "irreflexiva y poco profesional".
En ese sentido, solicitaron la actuación de la Fiscalía General de Mar del Plata, para evaluar si Carrizo y Badami incurrieron en el delito de incumpliemiento de los deberes de funcionario público.

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