La segunda jornada de apelación a los procesamientos de 30 policáis acusados por la desaparición forzada de Franco Casco, el joven bonaerense de 23 años que tras estar detenido en la seccional 7ª fue hallado 22 días después en el río Paraná en octubre de 2014, tuvo como punto saliente la réplica de las querellas y su hipótesis de que la víctima fue objeto de torturas y violencia institucional.
El debate oral ante la Cámara de Apelaciones del Tribunal Federal conformado por Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Jorge Gallino comenzó el martes con la exposición de las defensas de los principales acusados y prosiguió ayer ante el padre de la víctima, Ramón Casco, y las hermanas, Malvina y Carina.
En la audiencia de apertura los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Mazzuchini, que defienden al ex jefe de la comisaría 7ª Diego Alvarez y al jefe de la oficina de sumarios de esa dependencia, marcaron que el joven se retiró de la seccional "por sus propios medios", con lo cual intentan diluir la acusación de desaparición forzada y torturas seguida de muerte. Se apoyaron en la autopsia de la morgue judicial de Buenos Aires donde se da cuenta de que las tres piezas dentarias que le faltaban a Casco fueron extraídas en vida, como única evidencia violenta. También en una pericia de Gendarmería Nacional en la que se dictamina que la firma del acta de salida de la comisaría, el 7 de octubre de 2014, corresponde a Casco. Y en una pericia informática donde se desliza que un joven que se ve en un video de una cámara ubicada en avenida Sabín y bulevar Avellaneda, captado el 8 de octubre a las 3.39, es parecido a Casco.
La respuesta
Ayer los abogados querellantes Salvador Vera y Guillermo Campana, por la Asamblea por los Derechos de la Niñez y Juventud, y Mariano Maciel y Luciano Hasán, por la familia Casco, remarcaron los testimonios que acreditaron la presencia de Casco en la seccional 7ª.
Vera rebatió la pericia odontológica de Casco que sostuvo la defensa con un dato "trascendental" que el martes recordó el fiscal Palacín: que la fecha del informe es la misma en que se daba cuenta del acta de levantamiento del cuerpo, el 31 de octubre de 2014.
En cuanto al video en el que supuestamente se observa a Casco en Sabín y Avellaneda, dijo: "No es concluyente, la persona que se observa es similar, pero no se puede afirmar que sea Franco. El fiscal se lo exhibió a la madre y ella no reconoció a su hijo en la imagen."
También se refirió a la falta de mérito que se dictó a favor de María Zelaya, la médica policial que dijo haber revisado a Casco en la seccional. "No se pudo acreditar que estuviera allí y todo ese procedimiento es irregular", remarcó Vera, y solicitó revocar la resolución.
Al hablar de la disposición de las dependencias y la ubicación que tenían los testigos detenidos el 6 de octubre de 2014, el juez Pineda le solicitó a las partes que se acerquen al estrado para ilustrarlo en un croquis. Según la hipótesis de la querella, el testigo (Pablo A.) estaba detenido en "la cuadra" de la seccional, tenía un "mayor campo visual" en relación al "buzón" donde según la querella estuvo Casco. "Esta cuestión fue constatada con inspecciones acústicas y oculares", recordó Vera.
Y resaltó "el relato de testigos detenidos en la seccional que vieron y escucharon situaciones de violencia institucional, con gritos y golpes, lo que fue corroborado por pericias".
Los pedidos
Para los policías de Asuntos Internos Aníbal Candia, Sergio D. Pieroni y Carlos A. Ríos, procesados por encubrimiento agravado junto a Pablo A. Síscaro y Daniel A. Escobar, Vera solicitó que se modifique el encuadre para los tres primeros y también se los acuse de desaparición forzada.
Para los agentes de la 7ª Susana B. Carreño y Cristina I. Riesco, acusadas como partícipes secundarias de desaparición forzada, y cuyas defensas apelaron los procesamientos, Vera pidió que se le endilgue el rol de coautoría. Esa calificación también afrontan César D. Acosta, Guillermo H. Gysel, Cintia D. Greiner, Rocío G. Hernández, Marcelo A. Guerrero, Enrique N. Gianola Rocha y Esteban D. Silva.
A Carreño y Riesco como partícipes secundarios se suman Belkis E. González, Franco L. Zorzoli, Ariel W. Saucedo, Gisela V. Giménez, Rodolfo J. Murúa, Claudia R. Barbieri Galván, Juan J. Acuña, Walter D. Ortiz, Yanina G. Arévalo, Romina M. Brítez, Romina A. Díaz, Fernando E. Blanco y Yamila A. Valdez.
El jefe de la seccional, Alvarez, como Cecilia Ruth Contino y Walter E. Benítez, fueron imputados como coautores de desaparición forzada y se les atribuyó imposición de tortura agravados por la muerte.
Al englobar el delito de desaparición forzada de personas, Vera mencionó jurisprudencia donde se lo analiza como un delito "pluriofensivo. Es un acto único, pero compuesto por multiplicidad de hechos. Algunos como Riesco y Carreño trabajaron el día del hecho y luego omitieron brindar información de Casco y su paradero, por eso se debe modificar su conducta de partícipes a coautores".
"No fueron los 30 (policías) a detener a Casco, a agredirlo, a tirarlo al río o a firmar el acta, pero cumplieron distintos roles durante los 22 días de su desaparición, no sólo los dos que estuvo detenido", fijo Vera.
La querella del padre de Casco adhirió a los dichos de Vera y replicó una serie de consideraciones en respuesta a la defensa de Alvarez y del abogado Eduardo Sosa. El defensor, tras una serie de términos agraviantes y prejuiciosos hacia la víctima sobre su condición social, postuló la inocencia de sus clientes Díaz, Benitez, Blanco, Arévalo, Guerrero y Contino.
tribunal. Los jueces Pineda, Barbará y Gallino antes las partes.
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