Franco Casco

Caso Casco: piden la libertad de los cinco policías de Asuntos Internos

Están presos hace dos semanas. La defensa dice que lejos de encubrir su accionar despejó dudas y hasta sirvió para acusar a una médica de la policía

Lunes 18 de Septiembre de 2017

Los abogados defensores de los cinco policías de Asuntos Internos (AI) acusados de encubrir a la comisaría 7ª por el homicidio y desaparición forzada de Franco Casco sostendrán mañana en Tribunales Federales, de manera detallada, lo que aducen desde el primer día: que estos oficiales llevan presos 15 días por una interpretación que es un enorme desacierto de parte de la fiscalía federal, que les atribuye una conducta que jamás realizaron. Al reves, lo que indican es que sus acciones despejaron dudas, señalaron actos sospechosos y desbarataron pistas falsas, en cumplimiento de órdenes emanadas de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación. Pedirán la libertad por inexistencia de delito.

Hace dos semanas el juez federal Carlos Vera Barros ordenó la detención de 27 policías de distintas dependencias en base a la acusación del fiscal federal Marcelo Degiovanni. Para este funcionario Franco Casco, de 20 años, fue detenido ilegalmente en la comisaría 7ª entre el 6 y 7 de octubre de 2014. Apareció muerto 22 días más tarde en aguas del río Paraná. Todos los policías están acusados de privación ilegítima de la libertad agravada, en una situación considerada como desaparición forzada.

Los cinco policías de Asuntos Internos están presos desde el lunes 5 de septiembre en instalaciones de Gendarmería Nacional. Todos aceptaron declarar cuando fueron indagados. Se trata del titular de esa Dirección Aníbal Candia, y su subalterno Sergio Pieroni. De la misma repartición también fueron imputados Carlos Alberto Ríos, Daniel Escobar y Pablo Siscaro.

La defensa de estos cinco imputados indica que están presos de modo incomprensible porque lejos de haber cometido un delito sus acciones contribuyeron a poner de manifiesto cualquier situación irregular y desbaratarla. El abogado José Alcácer alude a estos tres puntos centrales.

• Fueron los oficiales de Asuntos Internos los que dejaron en claro que una médica criminalística no pudo haber cumplimentado la noche en que dijo haber revisado a Franco Casco el itinerario por distintas comisarías que sostuvo haber desplegado. Con lo cual fueron ellos los que pusieron de relieve una situación anómala que incluía la posibilidad de que no hubiera visto a Casco.

• Fueron también dos oficiales de AI los que dejaron saber que la persona que aparecía en un video que mostraba a un joven con apariencia similar a Casco ingresando en una iglesia, en la fecha en que se buscaba establecer su paradero, no era en realidad él. Si esa era una pista falsa fue gracias a la acción de los policías Pieroni y Sosa que en doce horas quedó aclarado que no se trataba de Casco. Y ese video no fue facilitado por AI sino por el inspector de zona de la seccional 7ª.

• Si los oficiales de AI acudieron a la comisaría 7ª no fue por una decisión autónoma sino por instrucciones de un fiscal provincial. Esa intervención posibilitó identificar con nombre y apellido y número de documento a los detenidos que estaban en el penal de la 7ª al tiempo que estuvo Franco Casco y ubicarlos luego, cuando ya no estaban allí, para que volvieran a declarar.

El planteo del fiscal federal Degiovanni seguido por Vera Barros para ordenar las detenciones, también señalado por las querellas, discurre sobre que no se tomaron las medidas de prueba fundamentales contra la comisaría, ni se analizaron las irregularidad del sumario policial, cuando era obligación de estos hacerlo. También indican que nunca se avocó AI a investigar la autoría del personal de la 7ª de lo ocurrido con Casco, si había sufrido torturas, golpes o tratos crueles. Que no se analizaron los rastros del crimen en las computadoras de la seccional. Y que fue muy claro que AI se avocó "a una falsa búsqueda de un paradero con la finalidad de ocultar el proceder de la comisaría".

Descargos

El defensor indica que AI no tiene atribución ni obligación para intervenir sin más en una causa donde esté sospechado personal policial. Sólo pueden hacerlo como auxiliares de la Justicia. La Fiscalía actuante no los instruyó inicialmente a investigar al personal de la 7ª, ni a establecer si la víctima sufrió tratos crueles. Sí hicieron, dice Alcácer, lo que se les pidió. Mientras Casco estuvo desaparecido la fiscalía le solicitó a AI, 16 días después de la desaparición, colaboración en la búsqueda de una persona no hallada.

Otra acusación es que personal de AI plantó pistas falsas para favorecer a la 7ª. La acusación refiere al señalado video que sugirió donde supuestamente estaba Casco. La defensa indica que el inspector de zona Ariel Zancochia, dependiente de la Unidad Regional II, llamó por teléfono a Candia, jefe de AI, diciendo que tenía el dato de que alguien muy parecido a Casco había aparecido en una Iglesia evangélica cercana a la terminal de ómnibus y por ello a la comisaría. Alcácer señala que esa noche Ríos observó los registros fílmicos, con conocimiento de la fiscalía, y en un tramo advirtió una persona con gran parecido físico a Casco. Al otro día, Ríos y Pieroni lograron tras una recorrida por la terminal ubicar a la persona del video e identificarlo como un hombre de apellido Salinas. "Si existió una pista falsa no provino de AI y fueron mis defendidos los que aclararon que no era Casco el del video. Si allí había una falsedad fue desterrada en menos de doce horas por AI", sostiene el defensor.

Tambíen fue AI, al solicitar el GPS del auto en que se manejaba la médica de policía, la fuerza que supo que el vehículo no tenía GPS. Por ello pidieron secuestrar el libro de Medicina Legal. Y así trazaron una línea de tiempo que mostraba todas las comisarías en las que la médica, de apellido Zelaya, había estado esa noche. Demostraron que era materialmente imposible que hubiera estado en todas. Incluso por las copias de los libros de guardia de la comisaría 18ª supieron que Zelaya, contra lo que dijo, no estuvo allí. Ese dato utilizado para atribuirle responsabilidad a Zelaya por el fiscal federal que pretende indagarla, señala Alcácer, se obtuvo por AI. Y son acciones que perjudican la situación de la comisaría 7ª. Para el defensor es contradictorio que se les impute encubrimiento a sus defendidos y al mismo tiempo se use un dato aportado por ellos para acusar a otras personas.
   Otro punto destacado es el de las declaraciones comprometedoras de los detenidos contra AI que estuvieron la noche de la detención de Casco. La defensa señala que ellos hicieron las entrevistas con los presos de la 7ª con la orden fiscal en la mano. Como para acceder al penal hay que trasponer cerrojos debieron ser acompañados por un custodio policial incluso por seguridad. No obstante las entrevistas con detenidos, afirma la defensa, se hicieron del modo más alejado al personal policial. De esos diálogos no surge nada comprometedor para efectivos de la 7ª. "La situación obvia es que nadie que deba quedarse en una comisaría va a declarar contra la comisaría. Pero si eso pasó, ¿el error es del oficial de AI que va con un oficio o del fiscal que en lugar de ordenar eso debió pedir que los detenidos fueran trasladados a su despacho?", estableció.
   En base a esto la defensa pedirá mañana la libertad de todos los policías de AI porque, aduce, estos cinco empleados no encubrieron a la 7ª. Para Alcácer es todo lo contrario. "Desbarataron las supuestas pistas falsas y aportaron datos que colocan bajo sospecha a efectivos de esa dependencia".


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