Bullrich visitó Rosario y hubo otro atentado vinculado con Los Monos

Otro atentado ocurrido el viernes a la madrugada cuando dispararon al menos siete balas calibre 9 milímetros contra un edificio de Buenos Aires al 1700 lindero a la residencia del padre de la jueza Marisol Usandizaga renovó inesperadamente la saga de intimidaciones a jueces y funcionarios que investigaron y juzgaron a Los Monos. En el hall de la propiedad los agresores dejaron un cartón escrito en letra imprenta con la siguiente leyenda: "Dejá de meter pibes presos porque va a ser peor".

El hecho alimentó la confusión porque es el primero registrado desde que se detuvo, esta semana, a dos presuntos tiradores de los primeros ataques ocurridos hace 70 días y porque los investigadores identificaron a Ariel "Guille" Cantero como presunto organizador. Pero además porque trascendió recién a primera hora de la tarde, cuando la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich cerraba su visita a la ciudad, precisamente motivada por esta saga de ataques.

Horas después, en la conferencia de prensa programada desde el jueves, el gobernador Miguel Lifschitz dijo que se habían enterado minutos antes aunque sabía que el hecho había sido durante la madrugada. "Es un hecho más. Parece tener relación con los que ya se han esclarecido y que esperamos que se puedan seguir investigando y esclareciendo lo más rápido posible", dijo Lifschitz, y agregó que se están "extremando las medidas de seguridad a funcionarios judiciales y en los edificios" donde tendrán lugar audiencias judiciales por distintas causas que involucran a los Cantero.

Bullrich también apuntó contra Los Monos: "Quedó claro esta semana, a partir de la investigación, que acá hay un autor intelectual que es el jefe de la banda de Los Monos, que intentan como estrategia generar un amedrentamiento a la Justicia y a los testigos para impedir un mal resultado del segundo juicio (en alusión al que deben afrontar por narcotráfico en la llamada causa "Los Patrones") y la revisión de las sentencias del primero" (en referencia al juicio oral en el que fueron condenados por asociación ilícita).

"Ellos insisten con estos ataques —amplió— porque es lo único que les queda, porque están todos presos, porque van a tener otras condenas. Por eso el gran desafío nuestro es que el Estado, o sea la sociedad, tenga el poder y que estas bandas dejen de detentar poder territorial o en las cárceles".

"Una locura"

Los atentados a tiros comenzaron el pasado 29 de mayo, cuando balearon dos viviendas que ocupara en otros tiempos el juez Ismael Manfrín en Italia al 2100 y Montevideo al 1000. La secuencia contaba hasta ayer once episodios con blancos confusos: propiedades en las que alguna vez vivieron jueces y policías —o siguen viviendo familiares de ellos— que investigaron al clan de Las Flores, cuyos principales miembros fueron condenados en abril pasado en un juicio oral. Un objetivo más general fue baleado el sábado pasado: nada menos que el frente del Centro Justicia Penal (CJP), donde el martes comienzan las audiencias de apelación de revisión del fallo contra la banda.

Ayer fue el turno de un edificio de diez pisos de Buenos Aires 1743. Según los testimonios, las explosiones se sintieron a las 1.25 de la madrugada de ayer. "Fueron entre cinco y siete tiros. Vivo con mi hermana en el tercer piso. Ella dormía en la habitación, arriba de donde quedó el agujero de una de las balas. Parece que fue al voleo, pero es una locura, un disparate, esto va para cualquiera", narró asombrado Gerardo.

La vinculación con las intimidaciones, hasta ayer, surgía del siguiente dato: en un edificio lindero, en Buenos Aires 1739, reside Horacio Usandizaga, ex intendente, ex presidente de Rosario Central y padre de Marisol, jueza que junto con Manfrín y María Isabel Más Varela integró el tribunal que juzgó a Los Monos.

Daños materiales

Sobre el pavimento, cerca del cordón de la vereda, se advertían cuatro círculos de tiza que trazó el personal del gabinete criminalístico de Policía de Investigaciones (PDI) para contar los casquillos de vainas servidas calibre 9 milímetros que colectó en el lugar. En la vereda había otras tres marcas similares, a la altura de una veterinaria que funciona en un salón contiguo de planta baja.

No hubo testigos que pudieran aportar la cantidad de personas armadas y en qué se movilizaban, sólo coincidencias respecto a "cinco o siete" estampidos secos de los disparos. Los daños materiales se podían observar sobre la fachada del edificio, donde un proyectil reventó el revoque de una pared exterior a la altura de los escalones de la puerta de entrada y otro perforó un cobertor de chapa sobre la ventana del segundo piso donde vive "una familia con niños pequeños", expresó a este diario una mujer apenas asomada al balcón del primer piso.

Y también, como en el ataque contra un edificio de Libertad al 300 registrado el sábado último, otro mensaje intimidatorio con destinatario confuso, escrito sobre un cartón con descompensada caligrafía imprenta y arrojado por debajo de la puerta de ingreso. "Dejá de meter pibes presos porque va a ser peor".

Demoras

El incidente no fue denunciando apenas ocurrió. Según los vecinos, el temor los replegó hasta la mañana cuando uno de ellos alertó al 911 sobre las vainas servidas que quedaron esparcidas en la vereda. Recién sobre las 11 la Fiscalía tomó conocimiento y se derivó el caso a la unidad de Flagrancia. Los peritos, se indicó oficialmente, detectaron seis impactos de bala en la fachada.

Paradójicamente y en el marco de la preocupación generalizada por la balaceras, en esos momentos la ministra Bullrich recorría el edificio del CJP baleado el sábado junto al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, el fiscal general Jorge Baclini, entre otras autoridades (ver página 37).

Desde que comenzaron los atentados, la única certeza sobre motivaciones y sospechosos fue expuesta el martes, cuando oficialmente Pullaro y Baclini informaron la detención de Brian F., imputado el jueves como autor material de los disparos al edificio de Montevideo al 1000, y la identificación de Guille Cantero como autor intelectual.

La de ayer fue la tercera intimidación relacionada con Usandizaga en el último mes y medio. El 26 de julio hubo dispararon desde una moto contra una casa de Zeballos al 2500 que había pertenecido a su padre y luego balearon el edificio "Marisol" de Dorrego al 1600 donde había funcionado su estudio jurídico.

"Mensaje mafioso"

Si bien el hecho trascendió cuando la visita de Bullrich llegaba a su fin, la ministra alcanzó a referirse al episodio en la conferencia de prensa. Apuntó directamente contra Los Monos e insistió en las medidas que ya había anunciado previamente sobre el control que, a su entender, debe ejercer el Estado en las cárceles donde se detectan bandas que "siguen manejando sus cosas como si estuvieran afuera".

"Son momentos críticos en los que el Estado nacional, el provincial, las respectivas fuerzas de seguridad y la Justicia nacional y provincial, todos tenemos que estar unidos, entendiendo que este mensaje mafioso es el que tenemos que combatir. Estamos tirando del hilo que nos llevó a detectar claramente de dónde salen las órdenes. Por eso las cárceles tienen que estar bajo mando estatal y no de una mafia narcocriminal. Esta lucha es entre un estado de derecho y quienes quieren imponerle a la sociedad un estado paralelo y mafioso, es la lucha que tenemos que dar, sabemos que tiene flujos y reflujos. No hay que asustarse sino ser profesionales y que la gente sepa que estamos juntos para dar esa respuesta”, resumió Bullrich.

   En ese sentido, adelantó una de las líneas de trabajo acordadas con el gobierno provincial para ponerle fin a los atentados. “Hoy estuvimos hablando sobre una tarea de inteligencia criminal profunda para encontrar todos los brazos y conexiones sueltas. También hablamos con los jueces federales para que se analice si personas que son parte de estos clanes y hoy tienen prisión domiciliaria están siendo parte de esto, como mensajeros o en alguna parte de la cadena que permite que estos hechos se activen. La Justicia federal va a revisar esto, es muy importante que miembros de estas bandas no estén en prisión domiciliaria”.

   También volvió a insistir en la sanción de una ley de extinción de dominio y felicitó “a la provincia de Santa Fe por sacar la primera ley de esas en el país. Hay que quitarle los bienes a estas bandas, hay que llegar hasta el último sicario o miembro que siga trabajando, ya sea por convicción, por ser parte de la familia o por miedo. Hay que trabajar para detectar quienes son las personas que salen en moto a disparar”.