Balearon la casa de un policía que estuvo implicado en el caso Perassi

La vivienda de un policía imputado en la causa donde se investigó la desaparición y muerte de Paula Perassi -la mujer sanlorencina que desapareció sin dejar rastros el 18 de septiembre de 2011- fue atacada de al menos una decena de disparos en las primeras horas de este sábado.

Según indicó el portal SL24, el ataque a la vivienda del policía Gabriel Godoy se produjo en una vivienda del Fonavi 1, ubicado en la calle 1 al 1600 de la vecina ciudad de Capitán Bermúdez.

Según recogió el portal a través de un testigo del ataque, dos hombres que se movilizaban en una moto -que al llegar a la altura de la casa redujeron la velocidad- dispararon al menos nueve veces contra el frente de la vivienda en la que se encontraba durmiendo el policía junto a su familia. En el lugar se encontraron al menos 9 vainas servidas calibre 9 mm.

Godoy, Jorge Krenz, María José Galtelli y Aldo Gómez fueron los policías de San Lorenzo acusados de haber hecho desaparecer material probatorio para entorpecer la investigación y encubrir el crimen de Paula Perassi.

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Por unanimidad, a principios de mayo de 2019, los jueces resolvieron absolver a los nueve imputados por la desaparición y muerte de Paula. En la Sala 7 del Centro de Justica Penal la jueza Griselda Strólogo leyó la sentencia que resolvió la absolución de los nueves acusados. El tribunal, conformado también por los jueces Mariel Minetti y Alvaro Campos, cuestionó la investigación.

Los cuatro civiles Gabriel Strumia, su esposa Roxana Michl, su empleado Antonio Díaz y la partera Mirta Rusñisky; los tres efectivos policiales Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María Galtelli; y los dos altos jefes de esa fuerza Jorge Krenz y el ex jefe de la Agrupación Cuerpos, Adolfo Daniel Puyol, recuperaron ese mismo día su libertad.

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Sin embargo, el 28 de noviembre del año pasado un tribunal pluripersonal resolvió revocar la resolución que absolvió a Gabriel Strumia y Rosana Michl, el hombre sospechado de ser el padre biológico del bebé que la víctima llevaba en su vientre y la esposa de éste. Al primero lo condenó a 17 años de prisión por considerarlo responsable del delito de privación ilegal de la libertad coactiva, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada, y a la mujer por el mismo delito como partícipe secundaria.