El viernes pasado un grupo de cuatro fiscales acusó a diez personas por los atentados a balazos contra edificios del Poder Judicial o de sus funcionarios ocurridos en cuatro meses de este año. Los acusadores indicaron que Ariel Máximo "Guille" Cantero fue el autor ideológico de al menos siete de esos hechos. Y llamaron la atención sobre que en toda la pesquisa no fueron las intervenciones telefónicas, como pasa regularmente, las que suministraron la evidencia de mayor peso. La carga acusatoria más fuerte contra los diez detenidos se extrajo desde los aparatos de los sospechosos: en los audios, en las agendas y en las fotografías de sus celulares quedaron las señas con las que los fiscales reconstruyeron las balaceras.
El argumento central es que estos ataques que generaron una conmoción de alcance nacional constituyeron un plan sistemático para desestabilizar las instituciones del sistema penal, quebrar el orden público y obtener concesiones para beneficiar al instigador de estos hechos, que había sido trasladado a una cárcel fuera de la provincia de Santa Fe luego de recibir una condena a 22 años de prisión en abril pasado. Los fiscales dijeron que el fundamento de la peligrosidad procesal de todos los implicados reposaba en los mismos hechos descriptos: haber sido organizados y ejecutados para neutralizar la acción de la Justicia.
En la investigación asoman conclusiones preliminares que hablan del funcionamiento y la idiosincrasia de redes criminales juveniles en Rosario y de un modelo de trabajo en la persecución penal que se reveló eficaz para desmadejar una trama muy enredada. "No hay antecedentes en Argentina de una secuencia serializada de ataques dirigidos a funcionarios judiciales que tienen en común haber investigado a una misma organización criminal. Si se verifica que detrás de estos hechos están los mismos autores, como parece ser, es un caso de estudio digno de la mayor atención porque son hechos inéditos", dijo hace un mes en el Congreso de Democracia de la Facultad de Ciencia Política de la UNR el criminólogo Marcelo Saín, designado jefe del Organismo de Investigación de Santa Fe.
Los fiscales Miguel Moreno, Matías Edery, Aníbal Vescovo y Nicolás Foppiani sostuvieron que esto efectivamente fue así. Lo hicieron tras una pesquisa que incluyó 176 allanamientos en los dos últimos meses, con los que se reunió evidencia que, para ellos, es tan inapelable que ya permite acusar para ir a juicio.
Si no se acusa rápidamente es por dos motivos: los acusadores aspiran a detener a los implicados prófugos y aún resta analizar el copioso contenido de teléfonos secuestrados.
Conocer y saber
La naturaleza sin parangón de los hechos predispone a los fiscales a descartar la alternativa de un juicio abreviado. La importancia para la política de persecución es que los episodios analizados se ventilen en juicio oral para conocimiento público de cómo este tipo de hechos fueron desentrañados, tanto en su planificación como en su autoría.
Lo que siguen son las principales distinciones que tuvo esta investigación. También las conjeturas que parecían sólidas y que no se corroboraron. Y las curiosidades de un abanico de hechos que crisparon los nervios en los poderes públicos de la provincia.
Escuchas, esta vez no. En los últimos años para la investigación de redes criminales de cierta complejidad en Rosario y en todo el país el elemento de cargo decisivo son las interceptaciones telefónicas. En el caso de esta pesquisa la diferencia estuvo en la memoria de los aparatos de telefonía secuestrados y en los perfiles de redes sociales. Hubo en esta investigación 43 líneas intervenidas pero ninguna aportó evidencia concluyente. Lo que sí generó carga acusatoria fueron los archivos de los celulares de los acusados. Allí por ejemplo aparecen, en audios de whatsapp, direcciones exactas y fotos de casas vinculadas a jueces luego atacadas, instrucciones para las balaceras o pedidos para dejar carteles amenazantes como los que se encontraron con inscripciones en cartón en lugares baleados.
La exposición deliberada. La mayoría de los acusados el viernes son menores de 24 años. En la impronta generacional de los jóvenes implicados, en los rasgos más fuertes de su identidad cultural, los fiscales encontraron un sostén decisivo para la acusación. Pese a que los ponía en evidencia la mayoría de los implicados, aún con perfiles con nombres secretos o de entornos cerrados, no renunció a subir fotografías y enunciados a redes sociales en momentos en que arreciaban los ataques, entre mayo y agosto. Destacaron una foto muy significativa de Tobías Barrios, Matías César y Uriel L. (prófugo) en la que luego de un atentado dicen: "No le tenemos miedo a nadie", "nos tienen miedo", "no vamos a parar". Los acusadores sostenían que, al estilo de la telepantalla omnipresente de la que habla Orwell en su novela "1984", todo pasa o deja de pasar a través de los dispositivos móviles. "No viven sino a través del teléfono y por los contenidos del teléfono cayeron", dice un investigador.
La acusada Lucía Uberti, indican, parece consciente de los peligros. En una carta que le secuestran cuando ya estaba detenida dice, respecto de un celular que ya estaba en poder de los investigadores: "Díganle a la abogada que haga desaparecer el S7 porque vamos todos en cana". Uberti es considerada fundamental en la trama criminal. Fue relevante lo hallado en su celular. Hija de una familia de clase media trabajadora (madre comerciante y padre empleado policial), se la consideró organizadora y distribuidora de roles de los ataques. Fue tenida como enlace directo de Daniel "Teletubi" Delgado, condenado por el triple crimen de Villa Moreno y acusado de instigador de tres hechos. Los fiscales creen que Teletubi provee a Uberti ejecutores materiales de varios de los ataques. En el celular de Uberti se hallaron hasta 300 audios de whatsapp por día y fotos de los carteles de cartón con amenazas luego hallados en edificios baleados.
Lo que parecía y no fue. La investigación no halló evidencia de que en los ataques estuvieran implicados sectores de la policía. Los fiscales partieron de la premisa que unificaba los hechos: todos relacionados con jueces y policías que investigaron a Los Monos, lo cual colocaba a esa banda como sospechosa. Pero también plantearon que si no eran Los Monos había que argumentar por qué.
En ese sentido consideraron como hipótesis la participación de sectores policiales o de bandas que buscaran desfavorecer al clan de La Granada. Nada de eso apareció. Los fiscales destacaron el rol activo de la PDI en inteligencia criminal y de la TOE en lo operativo. También de los aportes de la Policía Federal, Gendarmería y la Unidad Regional II. "Acataron órdenes con compromiso y eficacia aún sin recibir explicaciones de lo que se buscaba", dijo uno fiscal.
El papel central. A Guille Cantero se le atribuye ser ideólogo de siete balaceras. Si se probaran los cargos, para los fiscales tiene una expectativa de pena de 6 años y ocho meses a un máximo en concurso de hechos de 24 años, o de hasta 50 años si se considera concurso real. En los dos primeros atentados, a casas que fueron del juez Ismael Manfrín, la dirección de los domicilios atacados parte de uno de sus teléfonos.
La crispación de los jueces que instaron a esclarecer estos hechos parece haber hallado la respuesta de una investigación que en la audiencia de seis horas del viernes marcó los hechos punto por punto, con responsables y la evidencia que los compromete. El alivio por el resultado no despeja, entre los fiscales, la idea de que las recriminaciones más acaloradas y menos comprensivas las recibieron de los magistrados, precisamente a quienes en el sistema anterior les tocó intervenir en investigaciones de estos mismos actores del delito con magros resultados.
