Allanaron la oficina de Finanzas de la policía por la investigación por fraude

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Roberto Apullán por la supuesta defraudación cometida por una banda de la que era parte el ex jefe de la policía provincial, Rafael Grau, la noche del jueves fueron allanadas las oficinas de Administración y Finanzas de la fuerza santafesina ubicada en el edificio del Ministerio de Seguridad de la capital provincial. Agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Dirección de Asuntos Internos secuestraron del lugar numerosa documentación y una computadora cuyo contenido ahora es analizado por el fiscal. Quien estaba a cargo de esa oficina es uno de los ocho presos de la causa.

   El martes pasado el fiscal Apullán ordenó la detención de Grau, quien fue jefe de la policía santafesina entre septiembre de 2015 y marzo de 2016 al entender que era organizador de una asociación ilícita que defraudó a las arcas públicas mediante la facturación de reparaciones a patrulleros que nunca se realizaron. Además fueron apresados el habilitado en funciones de la fuerza, Ariel Hernán Villanueva; y el ex jefe del Departamento Logística (D4) de la Jefatura santafesina, José María Leiva. Junto a ellos fueron detenidos cinco civiles (dos de ellos mujeres) todos los cuales según la imputación perpetraron una estafa cercana a los 97 mil pesos mediante 16 hechos. La propia camioneta que conducía Grau figura entre los vehículos oficiales sometidos a reparación pero a los que los mecánicos no habían tocado aunque sí facturado por el trabajo no realizado.

   Apenas conocido el allanamiento trascendió que el mismo había sido en el Ministerio de Seguridad de la provincia, lo que generó honda preocupación en la Casa Gris, no obstante ayer mismo a la mañana el mismo fiscal le bajó el perfil al trámite presentándolo como "rutinario en el marco de la investigación" y admitió que debido a las altas horas de la madrugada en que concluyó el trámite no había aún tomado contacto con la documentación secuestrada.

Abogados

La audiencia de imputación a los ocho detenidos se realizó la noche del miércoles. A pedido de Apullán, el juez Sergio Carraro acusó a los detenidos de asociación ilícita y defraudación al Estado. En defensa de Grau, quien goza de prisión domiciliaria por problemas de salud, se presentó el mediático abogado porteño Miguel Angel Pierri, quien calificó a su cliente de "honorable e intachable". Junto a Pierri otros dos abogados penalistas (Daniel Rocca y Nestor Oroño) intervienen en la defensa de los acusados.

   Oroño, que patrocina a los civiles, cuestionó lo exiguo del monto de la estafa (96.616 pesos) e hizo una relación por la cual cada uno de los detenidos había obtenido 500 pesos mensuales. Ante ello Apullán reaccionó y respondió afirmando que el monto económico no invalida el delito contra el Estado.

   En ese marco el fiscal ordenó el allanamiento del jueves a la noche en busca de más pruebas que avalen la existencia de la maniobra en perjuicio de las finanzas públicas.