Los indicios de su participación en el plan urdido para sacarle dinero a un empresario de juego ilegal, la creación de una causa trucha y otras maniobras para interferir investigaciones y las pruebas de un viaje particular solventado con fondos públicos determinaron la prisión preventiva por 90 días para el ex fiscal regional Patricio Serjal. En una audiencia más corta que la del martes anterior cuando imputaron al fiscal Gustavo Ponce Asahad y al empleado judicial Nelson Ugolini como parte de la trama, Serjal fue imputado ayer de cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario, transmisión de datos reservados y, además, omisión de persecución, falsedad de documento y peculado.
Al declararse inocente Serjal dijo ser blanco de una suerte de complot para ser desplazado de su cargo. Afirmó ignorar lo haya hecho Ponce Asahad, dio no conocer al empresario de juego Leonardo Peiti y afirmó que si hubiese cobrado coimas se habría fugado y sin embargo se puso a disposición de la Justicia (ver aparte).
Parte de los delitos que se le achacaron ayer a Serjal fueron ventilados a partir de la declaración de Peiti, imputado como miembro de una red que combina extorsiones y juego clandestino. Antes de entregarse Peiti contó que en diciembre de 2018 lo contactó Ponce para ofrecerle cubrirlo de investigaciones en su contra a cambio de “una cuota” de cuatro o cinco mil dólares por mes. En ese marco Ugolini fue acusado de mensajear a Peiti para advertirle sobre allanamientos a sus garitos.
Peiti dijo haberse reunido dos veces con Serjal, la segunda en un hotel de Buenos Aires en un viaje por motivos particulares por el cual el entonces fiscal regional, que no había pedido licencia, pasó reintegro de gastos de nafta y peaje. En el encuentro de apenas minutos le pidió al empresario aumentar la cuota. Pero más allá de que el relato de Peiti sigue siendo la base de las acusaciones, en la audiencia de ayer se precisaron datos y se incorporaron otros sobre las maniobras que Serjal realizara como fiscal regional; en algunos casos, todo lo contrario de lo que implicaba su cargo. Se trata de situaciones que en su momento resultaron llamativas a otros fiscales.
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La primera es anterior a la aparición en escena de Peiti. En febrero de 2018 la fiscal Marianela Luna tenía avanzada una investigación sobre juego clandestino en Casilda y antes de allanar se lo comunicó a la fiscal que coordina los distritos de la Fiscalía Regional 2, Natalia Benvenuto, que le avisó a Serjal. Ya estaban a punto de allanar cuando se enteraron por escuchas que los garitos habían cerrado.
La fiscal decidió esperar unos días y, esta vez sin comunicarlo hasta último momento, el 26 de marzo de 2018 hizo 14 allanamientos que fueron positivos. Dos días después, cuando se aprestaba a imputar a un sospechoso de regentear un garito, apareció una resolución de Serjal que pasaba las investigaciones de juego clandestino a la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario.
La causa “poncho”
Otra maniobra que se le atribuyó a Serjal fue crear una causa “poncho” para interferir en otras investigaciones. El 5 de diciembre de 2018 Ponce dio origen, a través de Ugolini, de un expediente para justificar una charla que Serjal tendría por esos días con su par de la regional Nº 3 de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli. El legajo se originó en un informe de un policía de PDI —también investigado por presunto contacto con Peiti— sobre tareas de 2017 que indicaban que “en distintos lugares” habría juego clandestino.
Según explicó el fiscal Matías Edery, basado en esa “causa ficticia que no existió materialmente” Serjal justificó llamar a Sinópoli para coordinar tareas y “no pisarse” en investigaciones similares que había en Rosario. Esa llamada fue el 8 de diciembre, pero horas antes Sinópoli recibió un sorpresivo llamado de un abogado rosarino que quería saber si había una investigación sobre juego clandestino contra Peiti. La “coincidencia” motivó a Sinópoli y al fiscal de Melincué que investigaba a Peiti, Matías Merlo, a pensar que se estaba filtrando información. Por ello el 26 de diciembre de 2018 Sinópoli pidió al fiscal general Jorge Baclini una investigación.
“Sí lo conoce”
Otro hecho por el que Serjal fue acusado de obstruir investigaciones fue el atentado contra Peiti el 11 de julio de 2019, cuando balearon un edificio suyo y le dejaron la pintada “Leo pagá”. La fiscal Ana Julia Milicic estaba de turno cuando le anoticiaron del ataque en Servando Bayo al 1000 y horas después la llamó Ponce Asahad, que le dijo que por ese tema se reunirían con Serjal. Si bien la causa tendría que pasar a la Fiscalía de NN, le dijeron que siguiera ella. Y cuando la fiscal dijo que iba a llamar a la víctima, Ponce le respondió que no lo hiciera, que él había hablado con el abogado y que no estaba en la ciudad.
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Reunión clave. Ponce Asahad, Ugolini y Serjal en un cónclave el 24 de julio pasado en Montevideo al 2100.
Además de quedarse con la impresión de que Serjal y Ponce querían cajonear el caso, a Milicic le llamó la atención el interés de Serjal, que jamás la había llamado por ninguna causa. Pero más bronca le dio, según los fiscales, la reciente aparición de Serjal en televisión en la que dijo que no conocía a Peiti: “Qué hijo de puta, sí lo conoce”, dijeron que afirmó la fiscal ante un televisor.
A otros fiscales y funcionarios también les llamó la atención que Serjal, que incluso ayer se jactara de que no interferir en las tareas de sus fiscales, se mostrara interesado en el juego clandestino. Y recordaron la doble visita que en junio pasado realizara al Organismo de Investigaciones en la que al ver a Peiti sospechado en una red de extorsiones dijo, inesperadamente: “Ese hombre es una víctima, no un miembro voluntario de la organización”.
Joda y trabajo
Tras la declaración de Serjal (ver aparte), sus abogados del estudio Lima de San Nicolás orientaron previsiblemente su defensa en la ausencia de pruebas sobre cohecho.
Tal vez fue un tanto exagerada la intención de mostrar a Serjal como un desocupado que no tiene un cobre. Incluso uno llegó a decir que no tiene casa ni tampoco autos caros, comentario poco feliz ya que su cliente está investigado por la compra de dos Toyota a un empresario denunciado al que le había cerrado una causa.
“¿Por qué no puede irse de joda y además trabajar?”, esgrimió uno de los defensores en un momento desopilante sobre el viaje a Buenos Aires, además de sugerir que un hombre que percibía tal sueldo no necesita coimear. “Mediatizaron la causa, el pueblo pide que caiga un fiscal, pero el pueblo no entiende nada”, dijo uno de los Lima, quien al caracterizar a Serjal como “un hombre que luchó contra todos los delitos graves que hubo en Rosario” y al cuestionar “que en siete meses de investigación” no hay pruebas contra su cliente dio la sensación de no estar muy al tanto de la realidad judicial de este lado del arroyo del Medio.
Correcciones
“No es una causa mediática, sino que le interesa a la sociedad. Y no hablen de complot”, dijo Edery al replicar que nadie investigaba a los fiscales sino que éstos aparecieron de rebote en la causa sobre una rama extorsiva de Los Monos, de la que ya ha dado cuenta esta diario. “Hay muchos indicios que coinciden con el relato de Peiti”, agregó.
En esa línea, la jueza Elenora Verón primero corrigió a la defensa: “Esta investigación no tiene ocho meses sino poco más de 15 días”, dijo antes de dar crédito a los indicios contra Serjal, como la creación de la causa ficticia para inmiscuirse en la investigación de Melincué, justo antes de que comenzara la relación que terminó denunciando Peiti. También consideró muy probable las imputaciones sobre obstrucción de justicia. Y sobre el peculado alegado en el viaje a Buenos Aires, “la defensa no presentó nada que demuestre lo contrario”.
Verón explicó que el hecho de que no apareciera la plata supuestamente entregada por Peiti era aún materia de investigación. Y agregó que la morigeración del arresto propuesto por la defensa, en casa de los suegros de Serjal en San Vicente, muy lejos de Rosario, no mitigaba el peligro de fuga. Por ello, le dictó prisión preventiva hasta el 11 de noviembre. Hasta entonces, sugirió, los fiscales Edery, María Iribarren, Gisela Paolicelli y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada creada por Serjal, deberán aportar más pruebas para mantener la medida cautelar.
