Un joven de 29 años fue condenado a 20 años de prisión como culpable de un triple crimen ocurrido en 2016 en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. Las víctimas fueron Juan Carlos Romero, de 54 años; su hijo, Ramón , de 36, y su sobrino Carlos Diego Romero, de 30, asesinados luego de discutir en la puerta de un kiosco con familiares del condenado, quien llegó al lugar, sacó un arma y repartió balazos. Pese a que allegados de las víctimas plantearon quejas, la pena fue acordada mediante un juicio abreviado en el que el sospechoso asumió su autoría.
Alberto Javier Serrat fue condenado como autor de homicidio calificado por uso de arma de fuego. La condena fue homologada por un tribunal integrado por los jueces Héctor Gabriel Candioti, Susana Luna y Jorge Pegassano.
El ataque fue el 2 de julio de 2016 y según el acuerdo —que implica que el acusado acepte la responsabilidad en el hecho que le achacan y una pena inferior a la que se arribaría en un juicio oral— las víctimas estaban de visita en la casa de un vecino, en Mendoza al 4700.
"Minutos después de las 21 los tres Romero salieron de la casa para comprar bebidas cuando fueron interceptados por miembros de la familia Serrat con quienes comenzó una disputa verbal", detallaron los fiscales Jorge Nessier y Cristina Ferraro.
Según detallaron y consta en el acuerdo, "en un momento apareció en el lugar Alberto Serrat y extrajo de entre sus ropas una pistola calibre 9 milímetros y disparó varias veces contra los Romero". La consecuencia de la balacera fue fatal: Ramón Juan y Carlos Diego fallecieron en el lugar, mientras que Juan Carlos llegó a ser trasladado al hospital Luis María Cullen, donde murió al día siguiente.
"Serrat cometió el delito en la vía pública, con la más absoluta indiferencia por la vida de las víctimas. Al disparar en reiteradas oportunidades tampoco tuvo en cuenta los riesgos que generó a terceros circunstanciales que hubieran podido pasar por el lugar", argumentaron Nessier y Ferraro.
En relación a la pena impuesta, los fiscales sostuvieron que "al momento de mensurarla se contempló la extensión del daño —tres víctimas fatales—, el peligro causado a terceros ajenos al conflicto y el ejercicio voluntario y decidido de violencia privada como modo de poner fin a un conflicto interpersonal".
