La investigación que llevan adelante los fiscales de la Agencia de Investigación Criminal y Delitos Complejos en torno a una red de juego clandestino que desarrollaba sus actividades en al menos seis ciudades de la provincia bajo la protección de funcionarios judiciales y un supuesto paraguas político, dio el viernes un nuevo paso. Fue durante una audiencia en la que reimputaron al rosarino Leonardo Andrés Peiti como uno de los tres organizadores de la asociación ilícita que regenteaba el juego ilegal santafesino. Los otros dos acusados de cumplir ese rol, según los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, fueron el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, quien se encuentra imputado y detenido; y el senador por el departamento San Lorenzo Armando Traferri, cuyo desafuero fue solicitado por los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) para ser imputado pero fue rechazado por la Cámara alta en el marco de un verdadero revuelo político que sacude los cimientos del Estado en las últimas semanas.
Peiti había declarado como testigo arrepentido el pasado 31 de julio durante más de tres horas y desde entonces sigue el proceso en libertad. En esa oportunidad los fiscales le achacaron ser parte de una banda que, además de comandar el juego on line y en salas presenciales, extorsionaba a comerciantes en nombre de la banda de Los Monos. Y también le imputaron la figura de cohecho ya que en su testimonio tiró con munición gruesa contra el Poder Judicial rosarino.
Es que el empresario no solo se defendió de las imputaciones realizadas sino que también mencionó a Serjal, al ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad (imputado y detenido en el marco de la causa), y al empleado del MPA Nelson Ugolini porque, dijo, “me exigían un pago mensual de 4 mil dólares para mantenerme informado de causas que se abrieran en mi contra y brindarme protección en caso de que así ocurriese”, según refirieron por aquellos días sus abogados, Luis y Angelo Rossini.
Ahora aquella figura delictiva cambió por la de “ser parte de una asociación ilícita en grado consumado y en carácter de organizador”. De acuerdo a la nueva imputación, Peiti junto al ex fiscal regional Patricio Serjal y el senador Traferri eran los responsables de la organización de esta red de juego clandestino. En tanto Nelson Ugolini, Lorena Córdoba, el policía Esteban Lugo, Maximiliano “Cachete” Diaz, Walter Bruno y Jorge Ricardo Martín cumplían distintos roles como integrantes de la banda. Otros dos hombres vinculados a la asociación investigada son David Itatí Perona, considerado “El rey” del juego ilegal en la ciudad de Rafaela y fallecido el mes pasado víctima de coronavirus; y el policía retirado Alejandro Torrisi, quien ya fue condenado en un proceso abreviado.
De acuerdo a la acusación, el objeto de la asociación ilícita fue “usufructuar el dinero ilegal proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicas sin contar con la autorización competente”.
En ese sentido, dijeron los fiscales, los distintos integrantes “con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron sus funciones; dejaron de perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas para hacer fracasar investigaciones”.
Respecto a la duración en el tiempo de la banda, los fiscales sostienen que se extendió al menos entre el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual dicen haber constatado el primer contacto telefónico entre el senador Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (cuando se reunieron en una cochera de Jujuy al 2300 de Rosario el defensor de Peiti y Ponce Asahad). Y que la red se esparció por las ciudades de Santa Fe, Gálvez, Reconquista, Villa Gobernador Gálvez y Rafaela aunque el centro de sus decisiones y negocios era la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores.
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A la hora de enumerar los elementos que nutren la causa, los fiscales dijeron que “Serjal fue el organizador de la cobertura judicial y abusando de su cargo dio directivas a Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad de Peiti en causas vinculadas al juego ilegal”. Y en torno al senadro Traferri, manifestaron que éste “le aseguraba a Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos mientras él tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar la empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino”.
Para la acusación, Peiti “era el encargado de seleccionar el personal a su cargo, ordenar la organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego, recolectar el dinero producido, invertirlo y ocultarlo de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal”.
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En ese sentido los fiscales remarcaron que para todo ello Peiti “se valió de la participación del senador Traferri, quien aprovechando las influencias que tiene por su cargo se ocupó de vincularlo con Serjal y Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial”. Y mencionaron que el vínculo entre ambos fue a través de quien era Secretario Parlamentario de la Legislatura de la provincia, un hombre con el cual Peiti “mantenía una relación y trato cordial y de confianza que le permitía transmitir sus solicitudes al senador Traferri y a cambio de los favores entregaba dinero”.
“Gracias a la entrega de dádivas a funcionarios públicos, Peiti tuvo acceso a información reservada sobre posibles allanamientos que se llevarían a cabo en su contra en diciembre de 2018” en el marco de una causa que investigaba el fiscal de Melincué Matías Merlo, recientemente nombrado como fiscal regional interino en esa jurisdicción, y por la cual hay un pedido de 8 años de cárcel para Peiti.
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Siguiendo el hilo de la investigación los fiscales rememoraron las reuniones de las cuales participó Traferri y que, a su criterio, sostienen la acusación: la primera fue con Serjal en la sede de la Fiscalía de Rosario el 24 de abril de 2017; la segunda un encuentro con Peiti el 29 de abril de 2017 en el domicilio del político justicialista; una tercera se produjo el 8 de septiembre del mismo año en un bar de Dorrego y Córdoba donde el empresario de juego le habría entregado una importante cifra de dólares al senador tras retirarlos de una financiera céntrica; en julio de 2019 hubo otro cónclave del que también participó el ex diputado provincial Darío Scattaglini en la oficina que el senador tiene en San Lorenzo; y finalmente el 4 de julio de este año refieren de una reunión entre Peiti y Traferri en la localidad de Ricardone en la cual el empresario le habría manifestado que Serjal le había exigido 100 mil dólares para continuar con los favores de proteger la organización.
Tras la audiencia en la que Peiti estuvo acompañado por el abogado Angelo Rossini, éste comentó que “más allá de la culpabilidad o inocencia de nuestro pupilo, la que deberá ser probada en el juicio, entendemos que la causa ha tomado un cariz diferente desde lo jurídico y lo social”.
En ese sentido dijo que “una cosa es que asocien irracionalmente a Peiti con una banda de extorsionadores como ocurrió en la imputación de julio y algo muy distinto que lo acusen por el juego ilegal que en la provincia hasta 2017 ni siquiera era delito. Y además, ahora aparecen personajes políticos y públicos tras la declaración que hizo el ex fiscal Ponce Asahad en su reimputación, y como somos respetuosos de las instituciones republicanas preferimos no opinar sobre eso. Pero seguimos sosteniendo la inocencia de Peiti, quien entró y salió de esta audiencia en libertad”.
