Este jueves se cumplen dos años de la saga de cuatro crímenes de trabajadores asesinados en sus puestos de empleo. Cinco días en los que la ciudad se paralizó bajo un contexto de temor impuesto con ataques vinculados a un mismo trasfondo. La hipótesis es que se trató de una represalia de bandas criminales por las condiciones de detención de sus líderes. Hasta el momento, además de los autores materiales, hay dos imputados como instigadores. Fiscalía presentó la acusación y a fin de mes se hará la audiencia preliminar al juicio.
Los crímenes de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero Marcos Daloia y del playero Bruno Bussanich, se reúnen en una de las sagas violentas con más impacto público de las ocurridas en el último tiempo. Se dieron en un marco de cambios en la políticas penitenciarias, impulsadas a partir del entonces incipiente gobierno de Maximiliano Pullaro, que acentuaron las restricciones a los presos de alto perfil.
La investigación comenzó a tener avances al poco tiempo de ocurrido los hechos, con la detención del autor material de tres de los asesinatos: un adolescente de 15 años que cobró 200 mil pesos. A partir de entonces se develó parcialmente cómo se planificaron los crímenes desde dos cárceles provinciales. Otros tres menores fueron identificados por su participación mientras que diez adultos están imputados y en prisión preventiva.
Dos taxistas y las mismas balas
El crimen que inauguró la saga fue el de Héctor Raúl Figueroa, un taxista de 43 años que cerca de las 22.30 del 5 de marzo de 2024 inició un viaje sin saber que sería el último. Levantó a un adolescente en Uriburu y Oroño con destino en Flammarión al 5100. Al llegar, una vez que el auto frenó, otro joven que llegó a pie acribilló al chofer. Nueve balazos acabaron con la vida de Figueroa, quien quedó dentro de su auto.
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El fiscal Patricio Saldutti, a cargo de la investigación, advirtió que la víctima tenía sus pertenencias por lo cual descartó desde un principio la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo. Todo comenzaría a encaminarse la noche siguiente cuando otro taxista, Diego Alejandro Celentano, de 43 años, fue asesinado a tiros de manera idéntica. Un pasajero lo acribilló al llegar a la esquina de Alvear y Garmendia, zona sur de Rosario.
Los investigadores entendieron que ambos homicidios respondían a un mismo trasfondo cuando determinaron que habían sido ejecutados con la misma arma y con balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe. Mismo elemento con el que horas más tarde, ya el 7 de marzo, fue atacada a tiros la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino.
Más crímenes y mensajes
Horas antes de esa balacera otro hecho había sacudido a la ciudad, que ya estaba conmocionada y atravesando un paro parcial de los taxistas. Marcos Daloia, de 39 años y colectivero, había sido atacado a tiros mientras conducía la línea K por Mendoza y Méjico. Dos días después, a la mañana del sábado 9 de marzo, en un puente de Circunvalación apareció una bandera con un mensaje que sirvió para darle contexto público a esa seguidilla de ataques: "Pullaro y Coccocioni: se metieron con nuestros hijos y familiares. Van a seguir muertes de inocentes, taxistas, colectiveros, basureros y comerciantes".
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La noche del sábado 9 de marzo ocurrió el cuarto crimen, que pudo leerse como el cumplimiento de aquella advertencia. Cerca de las 23.30 Bruno Nicolás Bussanich, de 25 años, fue asesinado a tiros mientras trabajaba como playero en la estación de servicio Puma de Mendoza al 7600. El crimen fue registrado por las cámaras de vigilancia del local que captaron una imagen estremecedora: el autor del ataque fue un adolescente. En el lugar del hecho apareció otro mensaje que confirmaba una represalia de bandas criminales al gobierno provincial.
Luego del crimen del playero se confirmó la muerte del chofer Marcos Daloia. Entonces la ciudad se paralizó y las calles de Rosario estuvieron prácticamente vacías durante el resto del fin de semana. Además de paros de colectiveros, taxistas y estaciones de servicios, la actividad gastronómica tuvo una notoria pausa que terminó de graficar a una ciudad sumida en el miedo.
La investigación
Actualmente en la causa judicial ya son once los mayores detenidos por participar directamente en la saga de los cuatro homicidios. Además hay tres jóvenes involucrados que quedaron a disposición de la Justicia de Menores por la edad que tenían al momento de los hechos y un menor no punible bajo la órbita de la Secretaría de Niñez. Para los investigadores los ataques fueron orquestados por dos células criminales con sus mandos en prisión.
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Una de esas estructuras, según los fiscales, estuvo dirigida por Alejandro "Chucky Monedita" Núñez, a quien le atribuyen enviar órdenes por medio de su pareja Brenda "Cote" Pared, que cumplía prisión domiciliaria en una causa por drogas y lo había visitado en tres oportunidades entre febrero y comienzos de abril. La Justicia señaló a Axel Uriel Rodríguez, Gustavo Márquez, Joana Laura García, Macarena Muñoz, y su hermano de 17 años identificado como M.M como quienes se ocuparon de gestionar las directivas que Núñez hizo llegar desde la cárcel. En ese sentido se valieron de la participación de dos chicos de 15 años y uno de 16 para ejecutar los asesinatos de los dos taxistas y el ataque a la comisaría 15ª.
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Sobre la otra célula se considera a Maximiliano "Menor" González, imputado en abril de 2025, como instigador de los asesinatos del colectivero Daloia, del playero Bussanich y de un ataque fallido contra un chofer de la línea 122. El crimen del playero lo cometió el menor D. G., de 15 años, quien fue trasladado en un auto por el imputado Alejandro Victoriano Cantero, también acusado de ser el autor de los disparos al colectivo del 122. Junto a González también fue imputada Johana Soledad Albornoz por su participación en los asesinatos de los taxistas Diego Celentano y Héctor Figueroa, apuntada de pagarle a los menores —200 mil pesos a cada uno— que mataron a los choferes.
Los autores materiales del crimen de Daloia, según la acusación fiscal, fueron Axel Herrera, de 19 años, que se entregó en julio de 2024 luego de que sus familiares lo reconocieran en un video difundido por la Fiscalía en el que solicitaban información sobre su paradero. La Justicia lo imputó como ejecutor del ataque, mientras que José Maturano, detenido en noviembre en Buenos Aires, fue imputado como conductor de la moto en la que se movieron para cometer el crimen.
