A tres años de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionara por
deficiente y parcial el fallo que los condenó a prisión perpetua, el ex juez Carlos Fraticelli y su
ex esposa Graciela Dieser siguen esperando que en Santa Fe se defina si son inocentes o culpables.
Con la prolongación del trámite se extiende la incertidumbre sobre el formidable misterio a
despejar: si ellos provocaron la muerte de su hija Natalia o si el deceso se produjo por la ingesta
voluntaria de una sobredosis de tranquilizantes por parte de la adolescente.
El tribunal integrado por cinco conjueces de Venado Tuerto finalmente se
pronunciará sobre el dilema antes de fin de año. Las incógnitas por lo que ocurrió entonces
probablemente no queden aclaradas cuando llegue el momento de difundir el veredicto. Pero al menos
el trámite de un episodio escabroso, complejo y oscuro, ocurrido hace más de nueve años, tendrá su
necesario broche formal.
Los responsables. El caso contiene todos los ingredientes distintivos del policial
de alto impacto: se lo investiga como el asesinato de la hija de un juez, en el que el magistrado y
su esposa fueron acusados de la ejecución material, en el marco de una comunidad pequeña donde se
ventilaron pormenores de los lazos institucionales, sociales y amorosos de sus protagonistas. Todo
consignado en un expediente interminable, plagado de discrepancias técnicas entre renombrados
especialistas sobre lo que ocurrió. Y que forzó a cambiar, bajo la explícita acusación de ser un
sistema injusto, todo el andamiaje de enjuiciamiento de delitos en la provincia.
Los que tienen que resolver este caso son cinco abogados particulares de Venado
Tuerto. Pertenecen a la Tercera Circunscripción Judicial donde no pudo conformarse un tribunal de
jueces. Esto debido a que los que ya participaron en algún tramo del expediente no pueden hacerlo
de nuevo y los que no presentaron excusaciones para no intervenir.
Los cinco miembros de la cámara de conjueces son Eduardo Pascual, Domingo
Althabé, Roberto Landaburu, Ariel Dearma y Juan Carlos Baravalle. Tres de estos profesionales ya
emitieron su voto. Desde hace veinte días el expediente es examinado por Landaburu quien se apresta
a emitir el cuarto voto.
Ninguno de los abogados que deben resolver tan intrincado asunto es penalista.
Eduardo Pascual, que preside la Cámara de conjueces, está abocado hace 13 años a la asesoría en la
Sindicatura de la quiebra del ex Banco Integrado Departamental (BID), en una tarea casi de tiempo
completo. Baravalle también fue consultor en el mismo caso. Landaburu participa como asesor en
entidades intermedias, fue director de institutos educativos y es especialista en historia aborigen
del sur santafesino. Todos, junto a Dearma y Althabé, se dedican al fuero civil y comercial.
El presente. El sábado hizo tres años que la Corte Suprema Nacional —con el
voto de todos sus miembros a excepción de Ricardo Lorenzetti que se excusó— ordenó que se
revisara la sentencia a perpetua contra Fraticelli y su ex esposa. Consideraron que, por la forma
en que en la provincia se definen los trámites penales, pudo haber existido prejuzgamiento en el
caso. Denunciaba una deficiencia estructural del sistema que imponía a los magistrados “un
doble conocimiento” de la cuestión que evaluaban: éstos eran a la vez instructores del
proceso y luego los mismos que, al revisarlo, definían si lo actuado había estado bien o mal.
Quien había hecho esa objeción, que recibió la razón del máximo tribunal, es hoy
el ministro de Justicia de Santa Fe. Héctor Superti, entonces abogado de Graciela Dieser, heredó de
su propio planteo el desafío práctico de transformar el sistema de juzgar delitos que modificó en
las leyes el gobierno de Jorge Obeid. Superti había basado su defensa en un doble planteo: que su
cliente era inocente del asesinato que le atribuían y que en base al sistema imperante la habían
juzgado desastrosamente. El abogado de Fraticelli, Carlos Edwards, adhiere al mismo postulado en
relación a su defendido.
El Poder Judicial de Santa Fe no había encontrado cuestionable el trámite que el
fallo de la Corte Nacional terminó desmoronando. En junio de 2004 la Corte Suprema provincial dio
por válido el entero proceso penal contra Fraticelli y Dieser rechazando la noción de
prejuzgamiento. Así lo entendieron los ministros Roberto Falistocco, Mario Netri, Rafael Gutiérrez,
Eduardo Spuler y Rodolfo Vigo. La única que aceptó la queja de las defensas fue María Angélica
Gastaldi.
Lo que viene. Pasaron tres años desde que se ordenó revisar la condena. Es mucho
tiempo aunque el caso, largo y técnicamente complejo, supone un enorme reto: las posiciones que
sustentan la acusación y la defensa son de un antagonismo sin matices.
Carlos Edwards contó que Fraticelli trabaja como docente en Rufino dando
clases de Derecho Público en un colegio terciario, integrado a una comunidad donde encuentra
aprecio. Vive con su pareja, la fisioterapeuta Norma Tejedor, desde que salió de prisión en
2006. La casa de la calle San Juan, donde vivía la familia cuando murió Natalia, hoy está
alquilada.
El abogado Carlos Manera, que ahora representa a Dieser, dijo a La Capital
que su cliente vive en Rafaela, en la casa de su familia materna. Hace dos semanas estuvo en
Rosario por cuestiones legales. Comparece semanalmente ante las autoridades policiales a cumplir el
requisito de notificar dónde se encuentra. Su estado de ánimo es variable.
Ninguno de los conjueces accede a hablar con la prensa sobre el expediente en
consideración. Por alguna razón que escapa a ellos en Venado Tuerto corre el rumor de que podrían
resultar absueltos. Algo verificable apenas como rumor que corre en los claustros tribunalicios de
esa ciudad.
Alejados. “Fui condenado por un delito que no cometí. Estoy padeciendo una
tremenda injusticia”, dijo Fraticelli al salir de prisión. Graciela Dieser sostuvo algo
parecido dos días después. “Soy inocente y no tengo por qué volver a la cárcel”.
Ambos están notoriamente alejados y en sus últimas declaraciones evitaron
referirse al otro en demasía. “Yo de Carlos Fraticelli no voy a hablar”, dijo Dieser
aquel día. En la conferencia de prensa que dio en sus primeros minutos en libertad, el ex juez de
Rufino tuvo palabras distantes para referirse a su ex esposa. “Fue una muy buena madre y
Natalia la amaba y no tengo ningún elemento para atribuirle ninguna responsabilidad”.
La situación formal es que están condenados por el homicidio calificado de su
hija y que esta sentencia espera ser confirmada o revocada. Antes de fin de año se sabrá cómo
termina esta prolongada y dramática historia.
