La pandemia de coronavirus cambió drásticamente las prioridades de política económica en el país. Así lo reconocen distintas consultoras, que a la vez que profundizaron sus pronósticos de caída de la actividad, coincidieron en señalar que las medidas adoptadas para sostener los ingresos y la producción aumentarán el déficit fiscal y la emisión monetaria necesaria para financiarlo. Los acreedores, en este contexto, pasan a segundo plano.
El economista Lorenzo Sigaut Gravina, titular de Ecolatina, recordó que la situación ya era crítica antes de la llegada del virus: casi 40 por ciento de la población está bajo la línea de pobreza, la inflación es elevada, y el Estado no tiene acceso al financiamiento.
"La pandemia cambió las condiciones internacionales y las prioridades locales, la principal tarea del ministro de Economía dejó de ser la deuda pública y pasó a ser la administración de una economía de guerra, donde hay que garantizar un mínimo de ingresos a familias y de producción por parte de las empresas", subrayó.
Dio por sentado que el gobierno tendrá que ampliar el déficit primario para apuntalar a los sectores afectados y que "tendrá que apelar a la emisión para financiarlo".
Para minimizar el impacto inflacionario de esa expansión, consideró que habrá que "eliminar otras fuentes de expansión monetaria. La deuda quedó en la mira. La local se reperfilará. La extranjera deberá ser objeto de un "acuerdo light con los bonistas para estirar plazos de títulos por casi u$s 69 mil millones". Es que el gobierno se ve obligado, en este contexto, a cuidar cada dólar de las reservas.
Si bien coincidió en toda la línea con las medidas tomadas por el gobierno para amortiguar la situación, opinó que "el dilema aún no resuelto es cómo puede el Estado sostener los ingresos de la población que no trabaja en el sector formal". En ese sentido, sugirió que, así como en 2002 se creó el Plan Jefas y Jefes, y en 2009 la Asignación Universal por Hijo, ahora se necesita "un plan de ingresos y/o créditos para trabajadores no registrados".
La Fundación Mediterránea recordó que el 42 por ciento de los ocupados en Argentina se desempeña en empleos precarios, inestables y de baja retribución. En otros términos, prácticamente la mitad de la población económicamente activa "estará expuesta a una probable fuerte caída de ingresos en los próximos meses", señaló.
De acuerdo con el estudio elaborado por los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Agustín Cugno, las medidas anunciadas hasta ahora por el gobierno suponen un monto de aproximadamente 2,44 por ciento del PBI. De ese total, 1,08 por ciento corresponderán a estímulos fiscales propiamente dichos (0,49 puntos de aumento del gasto y 0,59 puntos de reducción de la recaudación impositiva respecto al año previo), y 1,23 puntos corresponderán a medidas financieras, básicamente créditos para capital de trabajo. Para la construcción de viviendas, el gasto ascendería a 0,13 por ciento del PBI.
En este combo, el déficit fiscal primario se incrementaría en 0,94 puntos del PBI, pasando de 0,25 por ciento a 1,19 por ciento en 2020.
Monetizar este rojo y el pago de los vencimientos de deuda obligaría a aumentar un 62,5 por ciento la base monetaria en todo el año 2020. Si se logra reperfilar la deuda, esa expansión sería sólo del 13 por ciento interanual respecto al primero de marzo.
Por otra parte, el analista Salvador Di Stéfano opinó que el país necesitaría unos u$s 30.000 millones para poder financiar la crisis desatada por el virus.
Por Luis Emilio Blanco
Por Matías Petisce