Pese a que la Justicia falló a favor de que la Federación Santafesina de Básquetbol sea aceptada nuevamente como afiliada de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), la negativa del ente rector nacional del deporte de aceptar esta resolución derivó en que la Legislatura provincial se pronuncie al respecto. Y en ese sentido pidió que la CAB acepte lo dispuesto por la Inspección General de Justicia (IGJ).
La postura inflexible del organismo que rige los destinos del básquet nacional, pese a que la Justicia le ordenó lo contrario, desencadenó en que la Cámara de Diputados de la Provincia aprobara una iniciativa en pos de que la CAB acepte nuevamente a la Federación Santafesina de Básquetbol como afiliada.
La pronunciación de la Cámara de Diputados fue a partir de un proyecto del legislador Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista (PDP).
A partir de la misma “se solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de la Secretaría de Deportes o del organismo correspondiente, arbitre los medios para que acepte la Resolución Nº 000325 del 24/4/2023 de la Inspección General de Justicia, firmada por el Dr. Ricardo Nissen, en la que se resolvió que la Federación Santafesina debe ser reincorporada de inmediato como afiliada de la CAB”.
“El proyecto nace por un reclamo puntual que nos hacen llegar distintos actores vinculados a la práctica de este deporte, y estamos convencidos en apoyar la inquietud desde la ética que se debe tener para acatar las resoluciones de las instituciones”, expresó el diputado del PDP.
La historia sobre la expulsión de la Federación Santafesina se remonta a 2021. La CAB tomó denuncias de la Asociación Rosarina de Básquet sobre irregularidades en el llamado a asamblea para las nuevas elecciones federativas. Fue así que la CAB decidió el nombramiento de un interventor electoral, con determinadas facultades, potestad que no existía en el estatuto vigente de esa confederación.
La Federación Santafesina rechazó al interventor por improcedente, pero de buena voluntad aceptó un veedor. La IGJ avaló la conducta de la federación, rechazando las impugnaciones y confirmó las elecciones.
Ante ese revés, dos días antes de las elecciones, la CAB expulsó a la federación “por las irregularidades de los últimos cuatro años y por no aceptar un interventor electoral”, como consignó parte del comunicado oficial de la entidad madre. De todas formas, los comicios se llevaron a cabo con el aval de la IGJ y tuvieron como ganador a Roberto Monti por 19 votos a 0.