En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados de la provincia aprobó el nuevo Código Procesal Penal Juvenil. Luego de la media sanción otorgada por el Senado la semana anterior, la iniciativa se aprobó en la Cámara baja en el marco de una votación dividida, con críticas de los bloques del PJ, PS y el Frente Social y Popular. Este proyecto se orienta a regular el proceso penal para los jóvenes que, al momento de la comisión del hecho calificado como delito, tengan menos de 18 años de edad. Con esta iniciativa aprobada, los juzgados de menores desaparecerán y las investigaciones serán llevadas a cabo por los fiscales.
Este cambio en el Código Penal Juvenil fue una iniciativa que surgió del acuerdo entre diferentes diputados y senadores de diversos bloques. Uno de sus impulsores es el diputado del Frente Renovador-PJ Oscar Martínez. “Es una deuda que tiene 27 años y que fue producto de un reclamo generalizado respecto de un cambio de sistema”, sostuvo Martínez. Además, recordó que su apoyo a este proyecto viene de larga data, desde febrero del año 2020.
Asimismo, el legislador resaltó la importancia de la construcción de consensos en la Cámara de Diputados, y remarco lo esencial que resulta el diálogo entre los distintos sectores de la política para aprobar este nuevo Código Penal juvenil: “A lo largo de toda mi vida he trabajado incansablemente en la construcción de consensos” y agregó: “La construcción de esos avances se realiza a partir de resignar algunas convicciones para lograr dar respuesta a una ciudadanía que la exige con legítimo derecho”.
Volviendo al cambio que significa el nuevo Código Penal Juvenil, Martínez expresó: “Creo que esta Cámara ha avanzado enormemente en lo que es el sistema de enjuiciamiento penal, que es un reclamo legítimo de la ciudadanía en función de una realidad social que nos supera”.
Por otro lado, el referente del Frente Renovador se explayó con respecto a antecedentes de acuerdos que hubo en Diputados para lograr la sanción de diversas reformas de material penal: “Con la búsqueda de consensos logramos la Ley de Derechos y Garantías de Víctimas de Delitos”, y continuó ejemplificando: “Así también logramos la prisión preventiva para el que usa o porta armas de fuego, y avanzamos con la prisión preventiva para quien viole una perimetral”. El Diputado sostuvo que la sanción de estas leyes tuvieron como meta “mejorar el sistema de enjuiciamiento penal”, para hacerlo más “eficiente” y “acorde a las necesidades de una sociedad santafesina que está hastiada de convivir con la violencia”.
A modo de reflexión, el Legislador felicitó a la Cámara de Diputados por su accionar coordinado, sin importar los colores políticos: “Nos tiene que enorgullecer como cuerpo legislativo, porque lo peor que podemos hacer quienes tenemos la responsabilidad de ser dirigentes es dejar que las cosas sigan transcurriendo sin intentar generar los cambios que nos ayuden a vivir en una sociedad más pacificada”.
También, recordando una experiencia personal, el diputado volvió a validar la importancia de esta incitativa: “A mí me ha tocado en estos años llevar adelante la tarea de coordinar el Observatorio de Víctimas de delitos y sus familiares y una de las personas con la que trabajamos fue Graciela Brondino, quien, por la ausencia de un Código de Procesamiento Penal Juvenil, no tuvo la posibilidad de convertirse en querellante en la causa del asesinato de su hija donde el imputado era menor de edad, y que por la falta de legislación en ese sentido tuvo que luchar muchísimo hasta que un juez escuchó su reclamo”.
Luego, se expresó al respecto de los sectores en contra del proyecto dentro de la Cámara baja: “Entiendo que no haya unanimidad en este proyecto, cada una de las legisladoras y legisladores tiene el derecho y la potestad de pensar diferente y eso es una de las enormes ventajas de vivir en democracia y de tener representantes que piensen y opinen según su ideología pero sinceramente creo que muchos aquí se expresan más por ideología que por convicción”.
Además, Martínez recordó las características de este nuevo código, e hizo énfasis en que solo aplica a aquellos casos donde las penas sean mayores a dos. “No estamos hablando de delitos menores, lesiones leves, hurtos, amenazas, daño, etc. Ellos no están contemplados como delitos que pueden imputarse a un menor por lo tanto yo creo que es muy importante establecer que no estamos hablando de la totalidad del universo de las y los jóvenes”, expresó el Diputado.
El legislador continuó explicando características esenciales de este nuevo Código: “Acá hay una atribución de responsabilidad al menor que viola la ley penal y este proyecto está constituido sobre la base de tres elementos. Primero, la franja etaria a la que pertenece el presunto autor, segundo, el tipo de delito cometido, y tercero el monto de la pena, por tanto la criminalización de las infancias y adolescencias de la que hablaron los diputados no es un concepto que se pueda sostener”.
Por último, Oscar Martínez manifestó: “La no punibilidad no existe como un elemento que evite garantizar el derecho a la verdad. Por eso el desarrollo de un proceso penal que establezca la responsabilidad y esta ley fija que se dé respuesta a un derecho humano del cual todos sabemos que es necesario preservar, que es el derecho a la verdad” y agregó: “Yo personalmente estoy de acuerdo con la posibilidad de que en el caso de que un menor no punible cometa un delito grave en el que ha habido daños irreparables en las personas, las víctimas tengan la posibilidad de tener acceso a ese derecho a la verdad, lo cual no significa que el menor sea punible y que tenga que cumplir efectivamente condena pero sí que la víctima o la familia de la víctima pueda conocer efectivamente lo que ha sucedido”.
El diputado concluyó su declaración afirmando: “En lo que respecta concretamente al rol más importante que me ha tocado en esta Cámara que es el de representar la voz de las víctimas de delitos y sus familias quiero señalar que esta ley que hoy aprobamos le ha dado una enorme participación a ellas, y por tanto este Código Procesal Penal Juvenil le garantiza a las víctimas y sus familiares que aunque el imputado sea menor de edad se le garanticen todos los derechos que están expresados en la Ley 14181 de Víctimas de delitos y sus familiares”.
