Presenciamos un capítulo relevante de la lucha: salud y ambiente versus lucro. Antes de los agrotóxicos fue con el tabaco. Desde 1966, en que se presentó el primer proyecto apuntado a reducir las 40.000 muertes anuales producidas en el país por el tabaco (15 por ciento de fumadores pasivos) y los más de 4.300 millones de pesos de gasto en tratamientos de enfermedades asociadas, el lobby tabacalero estuvo activo. A principios de los '80 la Cámara de la Industria del Tabaco creó el "Departamento sobre la Controversia del Tabaco" para menoscabar cualquier legislación antitabaco, organizando seminarios para médicos, científicos, periodistas, etcétera, y promocionando su posición: la relación tabaco-enfermedad no estaba comprobada.
En 1992 el Congreso sancionó la ley Neri, restringiendo aspectos como la publicidad del cigarrillo. Un año antes Philips Morris y la British American Tobacco habían creado el plan "The Latin Project", inicialmente secreto, para combatir opiniones, estudios científicos y normas denunciantes o limitantes de los efectos perjudiciales del tabaco en Argentina y otros países. Contrataron personalidades públicas, especialmente científicos, como Carlos B. Alvarez, decano de la Facultad de Medicina de la UCA, cardiólogo de Eduardo Menem (presidente provisional del Senado) y amigo de Carlos Menem. Lograron su veto a la ley.
El lobby abarcaba también asociaciones internacionales de prensa y "libre comercio" (sin regulaciones). Cuando en 2005 el ministro González García presentó un nuevo proyecto, la senadora Fellner, de Jujuy, del mismo partido encabezó la ofensiva para distorsionarlo "en defensa de los productores tabacaleros" jujeños.
Hoy ya nadie discute los efectos nocivos del cigarrillo. Pero es importante recordar que la discusión al respecto no fue neutral, "científica", entre investigadores, desde la honestidad intelectual, pero con posiciones distintas, como ha ocurrido en la ciencia sobre otros temas hasta que teorías superadoras o experiencias concluyentes terminaban los debates.
Se pueden hacer (y se hicieron, pero no siempre públicamente) dos cálculos de gran interés, pero cada uno de ellos para sectores diferentes de la población:
1) ¿Cuantas muertes (más sufrimientos por enfermedades, discapacidades, etcétera) se habrían evitado y cuanto se habría ahorrado en salud si el lobby tabacalero no hubiera logrado retrasar por décadas leyes significativas para la reducción progresiva del tabaquismo?
2) ¿Cuánto habrían dejado de ganar las empresas si ese lobby hubiera fracasado y el consumo del cigarrillo hubiera ido descendiendo desde el momento en que supimos que era tóxico, actuando en consecuencia?
Tabaco y glifosato: cualquier parecido entre sus historias no es casualidad.
La multinacional Monsanto, creada en 1901, es el principal comercializador del herbicida glifosato, bajo su forma comercial de Roundup. Durante el siglo XX esta empresa ha protagonizado numerosos conflictos por productos químicos que fabricaba y que finalmente resultaron cancerígenos o tóxicos, negado por Monsanto todo lo que pudo: DDT (prohibido en EEUU desde 1972), dioxinas (cancerígenas y causantes de nubes tóxicas en Italia y EEUU), agente naranja (utilizado por EEUU en Vietnam, causante de muerte o mutilación de 400 mil personas y 500 mil nacimientos con malformaciones), PCB (utilizado industrialmente, uno de los 12 productos más nocivos según el PNUMA y demostrado judicialmente: la empresa sabía que era tóxico desde 40 años antes de su prohibición y hasta se negó a advertir a sus clientes). Comprobado también: fraguó estudios "científicos", incluso publicados en revistas prestigiosas, para "demostrar" la inocuidad de algunos productos.
En EEUU ha perdido varios juicios, pero probablemente sus ganancias durante el tiempo en que pudo comercializar sus tóxicos exceden ampliamente a las indemnizaciones que luego debió pagar. Funcionarios canadienses denunciaron que intentó sobornarlos para permitir la venta de hormonas para ganado. Científicos cuyas investigaciones no favorecían los intereses de Monsanto y funcionarios que pedían la revisión de la supuesta inocuidad de sus productos fueron despedidos u objeto de persecuciones o campañas de desprestigio. En una de estas campañas se probó que la misma había partido desde computadoras de la compañía. La cohabitación de Monsanto con el poder político en EEUU es tan grande que inclusive uno de sus abogados llegó a miembro de la Corte Suprema.
El ecologista rosarino Eduardo Rossi ha recopilado un total de 665 artículos científicos con estudios demostrando la toxicidad del glifosato.
Su uso masivo está ligado a un modelo productivo cuyo único daño no es el herbicida: en los últimos 25 años Argentina (y otros países) han sido inundados por soja transgénica (con semillas de Monsanto, legalizadas en Argentina por Menem). Bosques nativos son eliminados para reemplazarlos por dicho cultivo. Producciones anteriores, sustento de las poblaciones locales, son remplazadas por el monocultivo que usa muy poca mano de obra. Dichas poblaciones migran a los cinturones de pobreza de las ciudades. En Paraguay se estima en 100 mil personas por año este fenómeno.
La impermeabilización del suelo provoca inundaciones en las ciudades y hay grandes incógnitas referidas a los efectos de la manipulación genética de las semillas. Además, los productores quedan cautivos de la empresa al no poder resembrar sus propias semillas, como habían hecho durante los 10 mil años anteriores de historia de la agricultura.
La sanción por el Concejo Municipal de Rosario de una ordenanza prohibiendo el glifosato fue un hecho auspicioso, aún si tenía errores técnicos que podrían corregirse, siempre que fuera dentro del mismo espíritu. La inmediata reacción de sectores económicos poderosos ligados al monocultivo, afirmando que "se aprueba algo alejado de la ciencia y basado en cuestiones ideológicas", tiene un significado claro a la luz de lo arriba resumido. Afirmar que "el complejo cerealero oleaginoso contribuyó al crecimiento de esta ciudad y ha mitigado los niveles de pobreza" sería risible, si no fuera falso e indignante.
En un sistema político donde pocos ciudadanos con capacidad de financiar campañas electorales y medios tienen muchísimo más peso que los millones de a pie, no sorprende que los políticos más genuflexos ante el poder económico hayan corrido a dar marcha atrás con la ordenanza con tal precipitación que los expuso al papelón y al fracaso. Derrota determinada por la oportuna movilización de los sectores opuestos al tóxico. Estamos hablando de los oficialismos nacional y municipal. Habrá que esperar (y estar atentos a) que la intendenta no reitere el intento de mochar la ordenanza por algún camino más sutil.
Para tomar medidas serias por la salud y el ambiente contra los agrotóxicos: ¿tendrá que transcurrir también casi medio siglo como con el tabaco, o lograremos en una batalla más corta que la salud de la población prevalezca?
Alberto Cortés
Ex concejal y coautor de la ordenanza vigente (8871) sobre fitosanitarios.
