Por Walter Palena
En julio de 2020, la primera ola de coronavirus hacía sentir su impacto en todos los niveles. Los casos de contagios subían diariamente, junto con la cantidad de fallecidos, y el sistema sanitario comenzaba a mostrar signos de estrés. En cada aparición pública, el presidente Alberto Fernández hacía la misma recomendación: no movilizarse si no era estrictamente necesario y, sobre todo, evitar los encuentros sociales.
“Los contagios ocurren en los encuentros sociales que uno no puede dominar”. “El gran problema son las reuniones sociales”. Estas palabras las pronunció el presidente el 17 de julio de 2020, flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, en medio de otro anuncio para extender el decreto de la cuarentena. Por esos días, Capital Federal y su zona metropolitana (el Amba) concentraba el 85% de los casos totales del país.
Tres días antes de esta advertencia, su pareja Fabiola Yañez cumplió 39 años, y el presidente aparece en al menos dos fotos de esa celebración, junto a una docena de personas, sin distanciamiento y sin barbijos. En la primera imagen, Alberto Fernández está atrás del grupo y la que circuló hoy aparece junto a Fabiola. La Casa Rosada no ha dado ningún tipo de explicación y hasta algunos de los funcionarios consultados buscan algún indicio de una foto trucada.
El silencio y el malestar que generó en el círculo más íntimo del presidente avalan la veracidad de ese registro fotográfico.
En una situación de emergencia extrema (como es una pandemia) la palabra de quien detenta la máxima autoridad del país debe ser consecuente con los hechos que enuncia. Y en este caso puntual, su palabra quedó devaluada. No importa quién filtró la foto (eso queda para la internita del poder), lo importante es lo que connota esa foto. Y su significado es explícito: el presidente estuvo en una reunión social con más de diez personas sin respetar ningún protocolo. Hizo algo que en la fecha que sucedió estaba prohibido por un decreto que llevaba su firma.
La indignación por este episodio está justificado, más allá de que la oposición (de la cual muchos de sus dirigentes boicotearon desde el primer momento los cuidados sanitarios), saque provecho político. Cuántas personas, en esa etapa del aislamiento estricto, tuvieron que festejar su cumpleaños en soledad. O cuántas no pudieron despedir a un ser querido fallecido por imposición de la ley. Se vivieron muchas situaciones donde la garantía constitucional quedó suspendida por el estado de emergencia. Eso se justificaba por el respeto al bien común. Y el que debía dar el ejemplo, al menos en este caso, no lo dio. El poder no otorga impunidad.
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