Facturas truchas y evasores

La resolución de la Cámara Federal de Rosario que confirmó los procesamientos de las personas acusadas de integrar una asociación ilícita fiscal también sugirió al juez y el fiscal de la causa que investiguen a los contribuyentes que utilizaron las facturas apócrifas producidas por los imputados para evadir el pago de impuestos nacionales. Además, los emplazó a reunir en cuatro meses las pruebas que faltan para probar el delito endilgado a los acusados.

Tal como informó este diario en su edición del miércoles 10 de enero (ver "Procesan a otras dos personas en la causa con facturas truchas", en la página 4 de ese día), la resolución de la Cámara Federal confirmó los procesamientos de 10 de los imputados y a la vez revocó la falta de mérito dictada en primera instancia para otros dos, entre ellos un contador público.

Pero la sugerencia de que se investigue a los evasores es una novedad, porque hasta ahora la Justicia sólo había puesto la lupa sobre quienes fabricaban y vendían esas facturas y no avanzó sobre quienes las compraron y luego las utilizaron para evadir el pago de tributos nacionales como el IVA y otros.

Conviene recordar que el mecanismo que permitía la fabricación de facturas truchas consistía en crear empresas de fantasía para emitir tickets físicos o electrónicos. Luego se los vendían a una cartera de clientes. A esos es a quienes ahora hay que investigar.

Según algunos cálculos, hay más de seis mil compañías o personas que compraron esas facturas a esta organización local, de la que presuntamente participaban más de 80 personas. Los imputados, sin embargo, por ahora son sólo 12. La propia Cámara Federal dijo en su resolución que si la investigación avanza irán surgiendo nuevos imputados.

"Usinas de facturación"

El delito por el que están acusadas estas personas es el de asociación ilícita fiscal. Esta figura penal fue incorporada por la ley 25.875 en 2004. Su propósito era terminar con las denominadas "usinas de facturación", empresas cuyo único propósito es la venta de facturas falsas. Estas organizaciones existen en todo el país, y en Rosario ya hubo varias investigadas. Sin embargo, no hay por ahora muchos casos de personas que hayan sido condenadas por este delito, al menos en la ciudad. La pena que corresponde al delito de asociación ilícita fiscal va desde los tres años y seis meses de prisión a los diez años.

Las 12 personas procesadas en este caso están sospechadas de haber creado más de 70 empresas que sólo eran un sello. Para la Cámara Federal está claro que estas personas (entre ellos un abogado, un contador y un par de técnicos informáticos) integraban una organización, tenían roles y algunos de sus miembros manejaban un nivel de conocimiento complejo. Y su propósito era crear y vender facturas truchas.

Tanto el juez del caso como los integrantes de la Cámara Federal que revisaron su resolución coincidieron en que la cifra de la operación ilegal ejecutada por esta organización llega a 247.315.951 pesos. En cambio, no hay cálculos precisos sobre la cantidad de dinero que los evasores dejaron de pagar al fisco mediante la utilización de las facturas apócrifas.

Muchas de estas empresas tienen dirección en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras están domiciliadas en Rosario, en muchos casos en el mismo lugar. Tanto el fiscal Federico Reynares Solari como el juez Carlos Vera Barros parecen tener claro cómo funcionaba esta red delictiva denunciada por la Afip, pero lo que quiere la Cámara es que también apunten contra quienes se beneficiaron con las maniobras de este grupo ("una empresa criminal compleja, con numerosas personas involucradas", dice la resolución de la Sala A). Si se cumple la sugerencia de los camaristas, en cuatro meses debería saberse mucho más sobre la otra punta de este ovillo, todavía oculta.