Procesan a otras dos personas en la causa con facturas truchas

La resolución, a cargo de la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, también ratificó la prisión preventiva al menos por otros cuatro meses para seis de los procesados.

El caso se hizo público el 5 de julio pasado, cuando Vera Barros detuvo a los cabecillas de la organización (definida penalmente como una "asociación ilícita" y que se supone involucró a unas 80 personas), prohibió salir del país a otras veinte e inhibió todos sus bienes.

De la escandalosa maniobra participaron profesionales, entre ellos escribanos, contadores e informáticos, así como administrativos y vendedores, acusados de haber cometido diferentes delitos y por ende incurrido en distintas figuras penales: aparte de la de asociación ilícita, evasión agravada, falsificación y uso de documento falso.

Creando empresas

El fallo de la Cámara (de diciembre pasado) ratificó la mayor parte de las decisiones tomadas por el juez de primera instancia, quien en su resolución había sostenido que la banda creaba "empresas" que en realidad no existían como tales y las inscribía en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).

Eso le permitía generar facturas falsas que luego vendían a otras empresas para que pudieran evadir el pago de tributos al fisco.

Esos comprobantes apócrifos eran requeridos por contribuyentes que buscaban evadir impuestos a través de créditos fiscales o gastos ficticios y de esa manera reducían el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el impuesto a las ganancias.

Las firmas ficticias o "pantalla", concluyó la investigación que llevó a los procesamientos, se constituían con personas insolventes (a las que se denominó "verdaderas usinas") y facturaban con 72 claves únicas de identificación tributaria (Cuit) distintas y diferentes modalidades de facturas apócrifas.

A lo largo de la investigación, se pudo determinar que esas facturas truchas incluyeron comprobantes en papel, electrónicos, tickets, emisiones por controladores e impresoras fiscales.

La denunciante fue, justamente, la propia Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que se vio alertada por un aspecto puntual de la maniobra: el uso por parte de la banda de los servicios web que ofrece el organismo para realizar cambios de domicilios, modificar la integración de sociedades, presentar declaraciones juradas, hacer pagos y sobre todo emitir comprobantes electrónicos on line, facturas, notas de débito y notas de crédito, que en este caso resultaban falsos.

Identificación

A partir de esas operaciones vía web se pudieron identificar los equipos informáticos fijos o móviles desde los que se habían concretado y a través de los números IP (que asigna el prestador del servicio de internet a cada emisor) llegar hasta el lugar donde se habían emitido esos documentos apócrifos con los que lucraba la organización delictiva.

Por esas maniobras quedaron detenidas con prisión preventiva Lelio Serafini, Marcelo Liporaci, Jorge Centeno, Adrián Zeballos, María Cristina Ottaviano y Ricardo Astudillo, imputados de "coautores del delito de asociación ilícita tributaria" y "en calidad de organizadores".

En libertad, previo pago de fianza, quedaron Guillermina Sgariglia, Marcos Rete, Nair Juana García, Hernán Racca, Iván Doboletta y Atilio Miotti. Todos con embargos de hasta un millón de pesos.

En la sentencia, el juez federal Vera Barros había dictado falta de mérito para "procesar o sobreseer" al escribano Tosini y a Sappa.

Cada una de las medidas fue apelada por las defensas y la fiscalía, pero la Sala A de la Cámara Federal de Rosario —integrada por los jueces Aníbal Pineda, Fernando Barbará y Jorge Gallino— ratificó todos los procesamientos, las prisiones preventivas, las excarcelaciones y los embargos.

Aun así, introdujo una novedad en el expediente: dos nuevos procesamientos.

Los jueces encontraron razones para acusar a Tosini y Sappa, revocando así la resolución de Vera Barros en primera instancia. A Tosini le atribuyeron varias constataciones notariales a favor de la banda y conversaciones en las que apareció supuestamente mencionado. A Sappa, haber cumplido tareas administrativas e impreso documentos falsos.