Las elecciones en Santa Fe ya terminaron. La transición que genera el cambio de gobierno entre fuerzas de distintos signos políticos, abre un espacio —y una expectativa— para que el diálogo y el consenso posibilite lo que no se pudo hacer hasta el momento: reformar la Constitución provincial.
El radicalismo desde siempre fue un partido reformista. Existe una enorme coincidencia en que nuestra Constitución provincial esta "desactualizada" y tiene "vacíos normativos" que no se comparecen con la Constitución nacional. La realidad política, social e institucional ha cambiado enormemente y existen nuevas modalidades y prácticas democráticas que requieren de formatos institucionales innovadores que promuevan la participación pluralista, la construcción de consensos y el equilibrio de poderes.
Al mismo tiempo, la Reforma del ‘94 incorporó a la Constitución nacional nuevos derechos individuales de los ciudadanos y nuevos derechos colectivos de los pueblos. Creó modernas instituciones y estableció nuevas formas de participación ciudadana. Incorporó la autonomía municipal y dio jerarquía constitucional a los acuerdos y pactos internacionales sobre derechos humanos. Todos aspectos que no figuran en nuestra Constitución provincial actual.
Reformar la Constitución es básicamente discutir cómo nos vamos a organizar políticamente como sociedad, cómo avanzamos en darle una mayor calidad a las instituciones de nuestra provincia, cómo se distribuye el poder para alcanzar una mejor democracia y cómo se consolida una mejor convivencia ciudadana basada en el respeto, el pluralismo y la diversidad.
En la actualidad, todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de reformar la Constitución provincial. Sin embargo, ¿cómo es posible que en 25 años de gobiernos justicialistas y en 12 del Frente Progresista no hayan podido modificarla?
Una hipótesis con alto grado de realismo político podría ser que: cuando los principales decisores —los legisladores, los partidos— intuyen que la propuesta de reforma es sólo una excusa para ocultar el verdadero objetivo de la reelección del gobernante de turno, abandonan las intenciones modificatorias clausurando el proceso reformador.
Una reforma motivada solamente por introducir la reelección del gobernador, sólo nos lleva a pensar que se busca consolidar un proyecto personal que intenta la hegemonía y la continuidad de las mismas personas en el poder. Por ello, es clave las percepciones de la ciudadanía sobre el verdadero sentido que inspira a las motivaciones reformadoras, ya que se pueden convertir en el principal detonante para que se clausure el proceso de reforma.
Queda claro entonces que la reelección puesta como prioridad de toda reforma, se ha constituido en el factor más irritativo para el conjunto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía en general, así como también en la barrera más infranqueable para el debate sobre los aspectos mas importantes que deben alentar la actualización constitucional.
La transición es el mejor momento para declarar la necesidad de reforma de la Constitución provincial. Los legisladores actuales deberían aprobar sólo la necesidad de la reforma saldando una deuda con la ciudadanía santafesina. Y serán posteriormente los constituyentes quienes decidan los textos a modificar, así como también los mecanismos de participación ciudadana a implementar.
Modificar la Constitución provincial requiere de grandeza y compromiso. No necesitamos una reforma que lleve el sello de este ni del próximo gobierno. Es la reforma de todos.
Por Facundo Borrego
Por Facundo Borrego