El crimen, las finanzas, la democracia

En el corredor frente al monoblock dos del Fonavi Latinoamérica se movía la cantidad de gente que puede haber en un complejo de edificios en una tarde soleada. Los que estaban más cerca difícilmente olvidarán lo que vieron. Dos hombres bajaron de un auto, se acercaron a un joven de 24 años que vivía allí y sin añadir más gestos uno de ellos le disparó en la cabeza a un metro de distancia. Cuando estaba inmóvil en el piso le gatillaron otras cuatro o cinco veces.

El chico al que mataron en este Fonavi de Ovidio Lagos al 2800 el viernes se llamaba Sebastián Nahuel Mandon. Jugó hasta hace tres años al rugby en el Club Atlético Provincial, que está a seis cuadras de allí. Según testimonios casi unánimes recogidos en el barrio, vendía drogas. Un informe del Observatorio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundido el jueves pasado señala que en Rosario de cada diez asesinatos más de seis se explican por disputas de organizaciones criminales por economías delictivas. Esto quiere decir que más allá de sus detalles el crimen de Nahuel es, actualmente, el tipo de homicidio más usual en la ciudad.

Hay que ubicarse en la dimensión del enunciado previo: en Rosario hoy el crimen más común es el mafioso. A no todos matan en el piso ante los ojos de sus vecinos. Pero también esto dejó de ser excepcional. Lo que no es una excepción es que hoy la mayor parte de los asesinatos en la ciudad son por pujas de bandas de delincuentes. Y los indicadores destacados subrayan esta transición hacia una violencia desbocada. Por ejemplo, según el informe citado 9 de cada 10 homicidios son con arma de fuego. Uno de cada tres es por encargo. Tres de cada cuatro no son espontáneos sino que tienen planificación.

Todo esto define en la ciudad una transformación radical. Es algo que hace diez años lisa y llanamente no existía. Existían los homicidios. Pero eran la mitad de los actuales. Y no eran mayoritariamente por refriegas mafiosas.

Mientras el gabinete criminológico recogía las evidencias del asesinato del chico de barrio Latinoamérica a veinte cuadras de allí allanaban una financiera. Su dueño es un inversor inmobiliario que además fue director de Terminal Puerto Rosario. Fiscales federales llegaron a esa oficina porque detectaron que una banda que controla puestos de droga en Villa Banana cambia el dinero obtenido con ese comercio por dólares en la financiera de España 889. El intermediario que al menos dos veces retiró la plata de los búnkeres para ir a comprar está registrado al menos dos veces entrando a la financiera.

¿Sabía el financista que le vendía dólares al encargado de un búnker de la zona oeste? La respuesta más probable es que no. Pero yendo más allá de este caso particular eso ya no alcanza para disipar culpas en una ciudad que roza los 200 asesinatos la mayoría de los cuales, según las estadísticas, se concretan por el envión de economías criminales. Estas tienen el distintivo de movilizar dinero negro. Y el que en un distrito con este nivel de sangre bañando las veredas toma plata sucia corre un riesgo cada vez más alto. El razonable riesgo de ir en cana.

Qué mensaje de época la simultaneidad del chico ejecutado en Ovidio Lagos al 2800 con la financiera allanada de España al 800. Fue todo al mismo tiempo porque es todo al mismo tiempo. No se trata de voluntad. El capital tiende a la concentración. Se juntan en el mismo mostrador los dividendos de la evasión, los de la venta de cereal en negro y los de los que abren con ametralladora una brecha en un barrio para vender cocaína. La imposibilidad de encontrar el origen del dinero que busca divisas en una cueva hace que no sepamos de dónde viene. Pero si hay un tipo sin capacidad de demostrar ingresos lícitos, que está filmado saliendo de un bunker y entrando con éxito a una financiera para llevarse plata hay algo que para la sociedad cierra pésimo. Pedir a gritos que se frene la inseguridad y ser perdonavidas con esto no es coherente.

Sobre todo cuando son episodios cada vez más reiterados. Negocios entre el delito y la economía legal hubo siempre. Pero en Rosario nunca como ahora hubo personas que ni se cuidan de que haya testigos cuando le revientan a otras la cabeza con una semiautomática. Este año hubo como nunca detenidos por negocios financieros en Puerto Norte. El año pasado detectaron que en una financiera de Corrientes al 800 a Marcelo “Coto” Medrano, condenado por narcotráfico, le vendieron 17 mil dólares nueve horas antes de que lo asesinaran.

Estos entrelazamientos entre violencia y finanzas son una cara del fenómeno de época que desangra a Rosario. Y son un primordial desafío para el pensamiento político. Más allá de los diagnósticos por sus orígenes tenemos en Rosario un fenómeno endémico por la evidencia de que la criminalidad cambió. Ahora muestra una fiereza, un dinamismo y una capacidad de mutación que no perdonará a ningún espacio partidario. A la política le cuesta entender eso como para soldarse en una política pública de Estado.

No es apenas una disputa contra la voluntad criminal. En una economía en recesión acentuada por la pandemia, ante niveles de desempleo estacionados en un porcentaje alto y con un proceso de pauperización social sostenido durante 40 años, hoy los mercados criminales son fuertes dadores de trabajo. Un fenómeno sociológico más que criminal. La arrasadora potencia del narcomenudeo que explota con las cocinas de cocaína urbanas hacia mitad del 2000 alteró la fisonomía de Rosario. Sus estragos estarán presentes como problema común gobierne quien gobierne. Pero la política demora en producir transformaciones estructurales. En particular de sus propias negaciones y de sus microclimas.

Según un informe del Observatorio de Deuda Social de la UCA de 2020, solo un 41% de la población económicamente activa de entre 18 y 34 años logró acceder a un empleo pleno de derechos. Esto quiere decir que casi un 60 por ciento no lo tuvieron. Los mayores de esa población nacieron a partir de 1986. Acá se instala una pregunta de aterradora formulación. ¿Qué le dio la democracia a esa enorme comunidad que no conoció el espanto de la dictadura ni los costos de recuperarla? ¿Qué le da? Hoy la mayoría de los votantes argentinos son personas que vivieron en un régimen político de derechos civiles plenos. Pero casi un 50 por ciento de la población tiene enormes problemas para el acceso al empleo, a la vivienda y a la canasta básica de alimentos. Para no ser pobre una familia tipo requiere hoy 66.400 pesos.

Frente a cuestiones de derechos básicos la política, al no ponerse de acuerdo, tensa una cuerda peligrosa. En Santa Fe con la seguridad pública esto trepa a un escalón inquietante. No hay una plataforma común de acuerdos para un problema que dejará sentado de culo al partido que sea. La semana pasada se aludió al chico que mataron de 32 tiros en Nuevo Alberdi. Ahora al que ejecutaron ante sus vecinos anteayer en Lagos al 2800. Julián Zenier y Sebastián Mandon. Los dos de 24 años. Los dos en un contexto de drogas. Todas las semanas hay un caso de esta potencia. Lo que está en emergencia es la cotidianidad.

Ante esto algo que parecerá un detalle no lo es. El jueves pasado se sancionó de manera ficta el pliego con el que se renovó el cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas de Oscar Biagioni, revalidado en su puesto al fracasar dos veces seguidas por falta de quórum la convocatoria a la Asamblea Legislativa. Eso ocurrió pese a que Biagioni fue acusado por dos empleadas de mal trato laboral algo que fue rechazado por una mayoría de empleados que elogió su gestión. Lo más asombroso fue que dos fiscales de Santa Fe que pidieron el juicio contra el ex jefe de Policía provincial Roberto Grau por estafar económicamente a la provincia, sostuvieron en una audiencia que Biagioni se puso a disposición de ese jefe policial, quien estaba siendo investigado como jefe de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado, “para lo que necesite, destacando que lo ofrecía en su carácter de Presidente del Tribunal de Cuentas y ofreciéndole que podía contar «con la información» y con «todos los datos» que le podía brindar en tal carácter”.

Esto no implica un cargo definitivo para Biagioni. Pero la Legislatura renunció a ejercer su control para cerciorarse que alguien que ocupa un rol fundamental en el Estado, el órgano que aprueba los gastos de la provincia, esté capacitado éticamente para ejercer el cargo. Veinticinco diputados sí se presentaron con esa pretensión. Pero solo hubo dos senadores interesados en dar quorum. Pese a la gravedad mayúscula de la acusación de dos fiscales, salvo un par de excepciones, no se alzó la voz para pedir explicaciones. Ni el gobernador que mandó su pliego en primer lugar. Por estas cosas nadie paga después los platos rotos. Como pasó con el ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, el funcionario apoyado por todos pero al que nadie parecía conocer el día de hace 14 meses en que lo echaron por corrupto.

Hace un mes el politólogo Juan Negri, director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, manifestó su preocupación frente a una dinámica de antipolítica. Pero su alarma estaba puesta en cuánto contribuyen a ella desde los ámbitos de representación con conductas que producen distancia con la sociedad civil. Hace un mes observó en el diario La Nación que el hecho de que a la clase política le falte conexión y empatía puede ir erosionando la confianza de la ciudadanía en el régimen democrático en el mediano plazo. “Hace diez años que el país no crece, no crea empleos y sube la pobreza. ¿Cuánto más le vamos a pedir a la gente que legitime el sistema político?”, dijo.

Para que no pase lo que queremos evitar sirven las advertencias de buena uva. También los cambios que fraguan a tiempo. Sobre todo en un país que ya tuvo su 2001. Ahora que se cumplen veinte años de aquel colapso en el que la entera gobernabilidad estuvo al borde del nocaut es buen tiempo para repensar aquello. Por la vitalidad de una democracia digna de su nombre.