Dura lex, sed lex

La sentencia de la Corte Suprema por el tema tarifario es impecable. Las 112 fojas del pronunciamiento son la aplicación lisa y llana de la ley y la jurisprudencia del tribunal. Un estudiante un poco avezado de la Facultad de Derecho podría haberle advertido al presidente que el fallo le iba a hacer adverso. ¿Qué pasó para que nadie del equipo de Mauricio Macri advirtiera es posibilidad?

Marcos Peña estuvo a solas con el primer mandatario y percibió la furia de él cuando le explicó la resolución. La evaluación de la salida del gobierno de Juan José Aranguren quedó allí descartada por dos motivos: el presidente lo aprecia mucho desde la época en la que el hoy ministro resistía solo en los Tribunales las más de 400 denuncias penales que le hacía el kirchnerismo, sin más apoyo que sus convicciones. Entonces, los empresarios que hoy se llenan la boca hablando de institucionalidad, negaban conocer al colega vasco. Macri valora mucho eso. Y, como si fuera poco, el jefe de Gabinete le hizo conocer encuestas que dicen que Aranguren tiene el apoyo de más del 50 por ciento de los sondeados. La biblia a la que rinde tributo diario el PRO sigue siendo los estudios de mercados sociales.

En la Casa Rosada se volvió a hablar del microclima del círculo rojo aduciendo que el descontento que se percibe en los diarios y en la televisión es reducido a pocos. De hecho, por estas horas el líder amarillo retomó el timbreo casa por casa que, aseguran, tanto resultados le dio en el contacto con la gente.

La Corte Suprema fue directo a la legalidad del procedimiento empleado por Cambiemos para aumentar los precios del gas. Demostró, punto por punto, que en todo el proceso que va desde la extracción del gas hasta el pago de la factura de cada ciudadano, la Constitución y la ley de servicios públicos exigen una audiencia pública. Desdeñó con dureza todos y cada uno de los argumentos del Ministerio de Energía para evitarlas como si le estuviera hablando al ex CEO de Shell. Como si fuera poco, y ahí hay que ver fundada letra del presidente Ricardo Lorenzetti, el Superior Tribunal le recordó al gobierno que el agua, la luz y el gas no son mercancías que se pueden regir por la ley de libre mercado. "Responsabilidad social, acceso a la dignidad y protección universal de derechos esenciales", son giros que vienen a contradecir el "es lo que hay" que alguna vez Aranguren esgrimió.

No deja de ser llamativo la utilización de la expresión "razonabilidad y equidad" que usan los jueces para pensar en los precios de los servicios. Al Poder Ejecutivo les reconoce el más absoluto derecho de gobernar y de fijarlos pero, como cualquier acto republicano, recuerda la chance de ser analizado bajo la lupa de la Constitución.

Juan Manuel Carassale es el abogado jefe del Ministerio de Energía que le aseguró a su jefe, y éste al presidente, que las resoluciones no quedarían detenidas por el filtro legal. Allí radica el más estruendoso fracaso oficial. Sin embargo, no se puede achacar todo el error cometido por el gobierno a los abogados. Fueron torpes, sin dudas. Pero la política influyó mucho para que una obviedad como llamar a audiencias públicas fuese omitida. Cambiemos quería apurar el trámite tarifario para, por un lado, poner en mayor igualdad al país del interior que ya venía siendo castigado por el unitarismo K (basta pensar cuánto se pagaba y se paga en Rosario o en Mendoza) y, por el otro, para hacer pasar el trago amargo del ajuste lo más lejos posible del 2017 electoral. "Si nosotros hubiéramos confesado en audiencia pública el ajuste, los gobernadores hubieran mandado a votar a sus senadores y diputados en contra de todo lo que propusiera el gobierno. Y allí, a principio de año, necesitábamos sacar el pago a los holdouts y el tema deuda", se sinceró en off un integrante del gabinete.

La actual gestión no puede quejarse del resultado judicial si insiste con su estrategia de "si pasa, pasa". Lo hizo con los miembros de la Corte Suprema propuestos en comisión por decreto (no pasó), lo hizo con la derogación de leyes por decreto (sí pasó) y lo intentó con el aumento desprolijo, irregular e inentendible de las tarifas (que chocó de frente a alta velocidad). Cambiemos debería hacerse cargo de que buena parte del electorado lo votó para terminar con la arbitrariedad del gobierno anterior. Y la arbitrariedad significa volver a respetar la ley. La ley es dura, pero es la ley, rezaba el código napoleónico.

Por eso mismo es que resultan patéticos los análisis que se hacen del kirchnerismo del fallo de los supremos. Los mismos que proponían sacar de una patada en el trasero (no hay metáfora) a los ministros de la Corte hoy se sienten parientes de Ulpiano y Savigny para saludar el pronunciamiento. Aquellos que distorsionaron el sistema energético dejándolo al borde del colapso levantan el dedo para reclamar eficiencia. Está claro que la ex presidente Kirchner ha comenzado su campaña para el 2017 apremiada más por la necesidad de fueros parlamentarios que de estrategia política.

La demostración de la falta de escrúpulos se consumó con la ausencia de Julio De Vido en la interpelación al ministro de Energía, quien evitó asumir con su cara el resultado de su gestión. Fue innecesariamente humillante que un hombre de trayectoria como Héctor Recalde terminase siendo el cartero de la misiva de De Vido leyendo en el Congreso lo que el ex ministro se atrevió a decir en persona.

El 12 de septiembre será la única audiencia pública que habrá convocado el gobierno para sanear los sucesivos errores. Algún purista podría decir que se exigen tantos encuentros como empresas de gas en las regiones argentinas existen. Da la impresión que esto no será eventualmente tomado como objeción legal. Sin embargo, allí deberá asegurarse que esas mismas empresas expliquen el destino de la cantidad de dinero recibida en estos años en forma de subsidios y, sobre todo, el plan de obras planeadas para los próximos.

El gobierno no puede equivocarse otra vez. El hoy embajador en Ecuador Luis Juez, fundador de Cambiemos, graficó la situación conversando con este cronista. "No podemos hacerle pagar la fiesta de estos últimos 12 años a los que ni siquiera la disfrutaron. No es cuestión de no querer pagar. Muchos no pueden. No hay que darle argumentos a los que se fueron robando y enriqueciéndose para que parezcan haber tenido razón. No la tienen. Liquidaron al país, lo fundieron, lo saquearon. Pero debemos usar sensibilidad social en nuestro gobierno, evitar errores y no gestionar solamente con una planilla de Excel. Si no, va a parecer que los que se fueron, aun robando, eran preferibles". Así de claro.