Cultivar el derecho a la salud

En el 2017 me tocó participar -como diputada nacional- del debate que derivó en la sanción de la ley 27.350 "de uso medicinal de la planta cannabis y sus derivados". En el proceso conocí la acción de muchas organizaciones, fundamentalmente de madres de niños con diferentes patologías, que habían encontrado en el uso del cannabis medicinal un aporte sustancial para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Buscaban, en el Congreso de la Nación, legalidad para esa práctica a través de la cual sembraron y cultivaron un nivel de dignidad que la medicina tradicional no había logrado ofrecerles.

La lucha de esas madres anidaba una interpretación integral del derecho universal a la salud, es decir estado de completo bienestar físico, mental y social, y a su vez un compromiso persistente con una ética del cuidado en la construcción de vínculos y en los procesos de transformación social, porque la meta de esa ley no se ataba solo a sus realidades familiares, sino a la posibilidad de ofrecer para el conjunto de la sociedad el acceso a una herramienta que el velo de la hipocresía le niega a quienes realmente lo necesitan.

Finalmente el texto de la ley 27.350, sumado a una mala reglamentación y a los obstáculos burocráticos vigentes, la convirtieron en un instrumento insuficiente, y si bien la misma significó un paso adelante no resuelve la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que siguen produciendo el cannabis para uso medicinal que sus terapias indican. El Congreso tiene todavía el desafío de actualizar leyes obsoletas en la materia, compatibilizarlas con la jurisprudencia de la Corte Suprema y elaborar una normativa que anule la posibilidad de que ciertas interpretaciones jurídicas permitan perseguir penalmente a familias que han logrado encontrar un instrumento paliativo frente al dolor de sus hijos.

Hace algunos días me tocó nuevamente participar del debate por una normativa que busca la legalización de esta práctica. Esta vez en la Legislatura de nuestra provincia. Una vez más quienes se oponen intentan confundir y desinformar, por eso es importante hablar claro: se busca reglamentar a través de la presencia y control del Estado el autocultivo y producción de cannabis para uso medicinal, y al mismo tiempo aportar a la legislación precedente fortaleciendo la persistente iniciativa del Estado provincial de ser productor del mismo a través del laboratorio público.

El proyecto que logró la media sanción avanza en este sentido para que las personas que utilizan el cannabis y derivados con fines terapéuticos tengan autorización para su autoabastecimiento y el de los pacientes que se ven impedidos de poder cultivar, creando un registro provincial con el aval del personal médico y con control estatal. El fin es claro: mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

Una vez más los argumentos que sostenemos en virtud de la ampliación de derechos siguen vigentes: desarrollar una política pública que garantice el acceso al derecho a la salud y terminar con la hipocresía de clandestinizar una práctica que existe y que representa la posibilidad de una vida digna al alcance de las manos para muchos santafesinos.