¿Hasta dónde llega el legítimo control jurisdiccional sobre las decisiones de un gobierno y desde dónde empieza otra cosa, más delicada, que es la utilización de los tribunales para hacer política? Conviene aclararlo desde el principio: el control judicial es indispensable. Ningún gobierno puede ni debe estar por encima de la ley. Si una administración actúa fuera de sus competencias o viola derechos, la Justicia tiene que intervenir. Eso no sólo es sano: es parte esencial del estado de Derecho.
El problema empieza cuando algunos actores políticos dejan de usar la Justicia para controlar la legalidad de una decisión pública y empiezan a utilizarla como una herramienta para bloquear decisiones con las que no están de acuerdo porque piensan que no son electoralmente rentables o ideológicamente aceptables para ellos. Dicen “esto es ilegal”, pero lo que realmente piensan es: “Esto no me gusta o no me conviene, o me perjudica políticamente”.
En el ámbito municipal eso se nota con una claridad brutal. Porque una ciudad no se gobierna con abstracciones, se gobierna tomando decisiones concretas. El problema comienza cuando se decide intervenir para recuperar una zona degradada y aparece alguien que por interés personal prefiere que quede como está. Por ejemplo, porque pierde votos. La democracia incluye conflicto. Lo preocupante es otra cosa: que la oposición política, o determinados grupos de interés, conviertan la judicialización en una estrategia permanente para frenar lo que no pudieron frenar en el debate político. Ahí aparece una forma nueva o no tan nueva de hacer oposición: no ganar una discusión pública sino bloquear una decisión administrativa, no construir una mayoría sino pedir una cautelar, no proponer una alternativa, sino impedir que el otro gobierne.
La discusión reciente sobre Costa Norte y el llamado Parque Acuático es un buen ejemplo. Se puede estar a favor o en contra del proyecto, pero es insólito que una decisión del Ejecutivo municipal, tomada dentro de sus competencias, con expedientes, licitación, informes técnicos y control administrativo, termine rodeada por una batería de causas judiciales. Juan Monteverde, por intereses personales, eligió llevar a tribunales una discusión que era, en esencia, política. Intentaron frenar obras importantes y necesarias para una zona de la ciudad que significan recuperación de espacio público y mejores servicios para los vecinos. La Justicia en primera instancia rechazó la cautelar que buscaba paralizar el proyecto y marcó un límite importante: una diferencia política no justifica detener una política pública mediante una medida excepcional como un recurso de amparo, que existe para proteger derechos y no para convertir el desacuerdo opositor en un poder de veto.
En este caso querer frenar la obra es pedir que la zona siga igual. Es decidir que una inversión se demore. Es decidir que una mejora urbana quede en suspenso. Es decidir que los vecinos esperen por ver como sus barrios mejoran. Cuando el Ejecutivo toma una decisión, tiene responsabilidad política. La firma un intendente, la ejecuta un gabinete y la juzgan los vecinos. Si sale mal, se paga políticamente. Así funciona la democracia. Pero cuando una política pública se frena por vía judicial sólo por interés político y estrategia electoral, el costo lo paga la ciudad. Por eso hay que distinguir con mucho cuidado entre control judicial y gobierno judicializado. El control judicial protege derechos, pero su uso político hace lo contrario, quita derechos a los vecinos. El control judicial fortalece las instituciones, la judicialización política de la gestión debilita la responsabilidad democrática.
En una ciudad como Rosario, esto es especialmente sensible. Venimos de años difíciles, de una ciudad golpeada por la violencia, por la falta de recursos nacionales y por demandas sociales enormes. Una ciudad así necesita controles, por supuesto, pero también necesita que el Estado pueda ejecutar, transformar, recuperar espacios, intervenir donde se necesita. El caso de Costa Norte no es solamente una discusión sobre una obra, la mejora de la rambla y la playa pública o un parque acuático. Es una discusión más profunda sobre el rumbo de una ciudad, entre un plan de gobierno para devolver la grandeza a la ciudad y quienes prefieren que nada se mueva y que, cuanto peor esté todo, es mejor para sus egoístas intereses políticos. Porque impedir obras necesarias no es hacerle daño a un gobierno, es hacer daño a los vecinos. Es decirles que esperen, que las mejoras puede demorar, que la inversión puede frenarse, que la ciudad puede perder otra oportunidad.
El debate no es contra los jueces, contra el control judicial. Al contrario: respetar la división de poderes también implica cuidar a la Justicia de su utilización política. El debate es contra la idea de que un interés político, corporativo o electoral pueda convertirse en una causa judicial. Porque una ciudad no se transforma con cautelares, se transforma con decisiones. Y también con algo que parece simple, pero en la Argentina es casi revolucionario: que cada poder ocupe su lugar, que cada actor asuma su responsabilidad y que la política responda ante quienes debe responder: los ciudadanos.
