Chantaje a las provincias

En simultáneo con el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario se conoció la ampliación del crédito del Banco Mundial por 300 millones de dólares para la instrumentación de la CUS (Cobertura Universal de Salud). Desde los 90 los organismos internacionales de crédito buscan establecer un seguro de pobres en Argentina, transfiriendo a estos seguros los fondos de los presupuestos históricos de hospitales y centros de salud

No es casual esta coincidencia temporal. El recorte de salarios y el congelamiento de personal en el sector público de salud empeorarán la ya difícil situación actual. Las cesantías en el Posadas y el Garrahan muestran la decisión de la administración Macri de disminuir drásticamente la oferta de servicios gratuitos de salud pública.

Para ello ha enviado (como parte de la reforma laboral) el proyecto de ley de creación de la AGNET, organismo que, entre otras funciones, deberá establecer la "canasta básica de prestaciones a la que cual estará obligada el sector público de salud. El ministro de Salud, que ahora cuenta con los fondos frescos del Banco Mundial, ha lanzado una campaña de presiones sobre las provincias que no firmaron la CUS.

En la última reunión del Consejo Federal de Salud anunció que las provincias que no firmen dejarán de recibir los programas nacionales de medicamentos, vacunación y otros ya vigentes, todos rebautizados CUS. Este chantaje se centró en particular en la provincia de Santa Fe cuyo gobierno no ha adherido a la Cobertura Universal de Salud. Si la amenaza se lleva cabo, Santa Fe dejará de recibir hasta el 8 por ciento de su presupuesto sanitario, lo cual configura un atentado contra la salud de los santafesinos. Frente a esta situación, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus) sostiene: 1) La CUS, instrumentada por un DNU, no ha pasado por el tamiz del debate social y parlamentario. En tal sentido las provincias que decidan no adherir hacen uso de sus derechos amparados por la Constitución Nacional.

2) Es obligación del Estado federal transferir a las provincias los recursos de los programas nacionales vigentes de vacunación, medicación antituberculosa, HIV, salud sexual y reproductiva y otros. La sola amenaza de su discontinuidad es ya un atentado a la salud de los argentinos y una grave violación del federalismo.

3) Exhortamos al gobierno nacional a detener la aplicación inconsulta de las políticas CUS, abriendo un debate parlamentario con participación de todos los actores del campo sanitario para instrumentar un plan nacional de salud universal, gratuita y de calidad y que en el interin se abstenga de recortar el envío de fondos de los programas sanitarios vigentes También, que la provincia de Santa Fe sostenga su no adhesión a la CUS.