Se trata del único sistema de gestión de envases de fitosanitarios que ya lleva recuperados más de 20 millones de kilos y está presente en 22 provincias.
Foto: Celina Mutti Lovera.
Juan Manuel Medina es Gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación en CampoLimpio Argentina.
A Juan Manuel Medina siempre le interesó la innovación y eficiencia aplicada al campo. Trabajó tanto en lo privado como en lo público, de hecho, con sólo 33 años se introdujo en la política ocupando el cargo de secretario de Agricultura en el Ministerio de Producción de Santa Fe durante la gobernación de Miguel Lifschitz.
Así, desde muy joven asumió desafíos en el sector que lo llevaron a involucrarse con productores agropecuarios, a conocer su realidad y a recorrer de norte a sur toda la provincia. Hincha de Newell’s e ingeniero agrónomo, tuvo experiencias de trabajo en distintas producciones agropecuarias en Santiago del Estero.
Más tarde retomó la vida académica en Rosario, desempeñándose como docente y como secretario de Extensión de la UNR. Pero una propuesta le dio el puntapié para meterse full time en el sector privado y articular su recorrido académico y vocación con un desafío ambiental a gran escala. Ese recorrido, que combinó experiencia, gestión universitaria y política pública, derivó en su llegada a CampoLimpio, siendo central en la comunicación de este proyecto y en impulsar sus objetivos a todo el territorio.
Como gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, Medina acompaña la expansión de esta asociación civil que ya está presente en 22 provincias de Argentina y acaba de alcanzar una cifra histórica: la recuperación de más de 20 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el país desde 2019. Y, un dato muy alentador, es que en estos últimos tres años registraron una suba del 30% interanual promoviendo la economía circular en los campos argentinos.
Pero el trabajo de la asociación es mucho más que una acción conjunta en materia sustentable, sino que propone una solución a un problema insistente en el campo: el destino de los envases vacíos de fitosanitarios, que antes eran quemados, enterrados o reutilizados de forma indebida, con graves riesgos ambientales y sanitarios. El sistema de CampoLimpio creó un circuito formal y controlado para que los productores devuelvan los envases, garantizando su tratamiento seguro y su reinserción, evitando así la contaminación de los suelos, de los cursos del agua y de las comunidades rurales. Y hay más: es el único habilitado en el país.
Quienes están detrás de la creación de este desarrollo son las compañías Bayer, Syngenta, Atanor, Corteva y Surcos, las cuales tomaron esta decisión luego de que Argentina diera un paso clave con la sanción de la Ley 27.279 en el 2016, la primera norma de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) que establece que todo producto que se introduce en el mercado debe asegurar la gestión de los residuos que genera. En el agro solo están regulados los envases vacíos de fitosanitarios y todavía quedan pendientes otros residuos, como fertilizantes o silobolsas, que deberán ser incorporados a futuro para cerrar todo el ciclo.
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“CampoLimpio comienza a operar en el 2019 por iniciativa de estas cinco firmas y luego se fueron sumando otras como adherentes. Actualmente, la comisión directiva está integrada por doce compañías, que concentran el mayor volumen de uso y hay más de 110 empresas productoras de fitosanitarios y agroquímicos asociadas, que representan el 90% del mercado nacional. Desde allí se impulsa la misión de la organización que es la de avanzar con un despliegue territorial para el recupero de envases en todo el país”, señaló Medina en diálogo con Negocios.
Si bien Argentina demoró casi dos décadas en sancionar esta ley, en comparación con Brasil que la implementó en 1999, el país alcanzó rápidamente una escala significativa en la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios. Hoy se ubica como el tercer sistema de gestión a nivel mundial, detrás de Brasil y China, consolidando un modelo que se expandió a casi todas las regiones de Argentina, exceptuando Tierra del Fuego que todavía no aprobó su sistema de gestión. Justamente, al tratarse de un proceso que debe ser validado por las provincias, el crecimiento de CampoLimpio no fue de manera uniforme sino de a pasos. La primera en sumarse fue Buenos Aires, mientras que Santa Fe y Santiago del Estero lo hicieron recién en el 2023.
El recorrido, en palabras de Medina, es claro: los productores tienen la obligación de entregar los envases por ley y las empresas registrantes (las que inscriben los productos fitosanitarios a su nombre) son responsables de disponer y financiar el sistema de gestión y de garantizar que los envases que usan tengan un destino seguro. Por su parte, las autoridades provinciales y nacionales (como los ministerios de Medio Ambiente, Producción y el SENASA) tienen la función de fiscalizar que el sistema se cumpla, aplicar sanciones en caso de incumplimiento y avanzar en la normativización.
CampoLimpio ofrece dos alternativas para el tratamiento. Una son los Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), a donde los productores llevan los envases limpios y los dejan para su posterior gestión. En el arranque fueron 7, hoy hay 92 y la organización planea terminar el año con más de 100. Y la otra opción son las jornadas itinerantes que organizan en distintas localidades, allí los envases son recibidos por CampoLimpio y luego tercerizados a operadores habilitados por la provincia para su tratamiento. Estos pueden triturarlos, procesarlos y transformarlos en pellets u otros productos que estén permitidos por la ley.
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“Como asociación, nuestro objetivo es que ese plástico no termine en una bolsa de verdulería o en una cucharita de helado, es decir en la industria alimenticia, sino que se reutilice en caños tritubos para fibra óptica o en nuevos envases tricapa de fitosanitarios donde la capa del medio está reciclada”, explicó el ingeniero.
Medina contó que alrededor de sesenta personas integran la organización, distribuidas en ocho regiones y 22 zonales. Algo a remarcar es que no operan con un modelo de ganancia porque la asociación no busca generar utilidades. El sistema está financiado por las más de 110 empresas que la integran, quedando en manos 100% privadas. Todas deben aportar y garantizar que el sistema se despliegue y funcione a lo largo de Argentina. Cada una de ellas paga una serie de cuotas durante el año, dependiendo de la cantidad que vuelcan al mercado: más volumen, más se paga. Si se supera los 12.000 kilos, se aportan más o menos u$s 100 mil.
Recién este año la organización empezó a tener un mínimo ingreso que genera a partir de la decisión de monetizar el plástico. “Una vez que el envase que trae el productor pasa a ser de CampoLimpio, tercerizamos esa operación, le damos el plástico a un operador habilitado por la provincia y recién ahora se lo empezamos a cobrar, pero los ingresos por la venta representan menos del 0,5% del presupuesto de CampoLimpio; es un monto muy menor”, precisó el referente de la asociación.
En la actualidad hay unas 300 empresas más pequeñas que no participan del sistema de CampoLimpio, principalmente por el costo que implica sumarse. Estas compañías concentran el 10% restante del mercado y, al no formar parte del único sistema de gestión aprobado, están incumpliendo la normativa vigente. Medina enfatizó que estos actores deben entender que adherirse no es un gasto extra, sino un costo transaccional dentro de la operación que todas las empresas deben considerar: “los agroquímicos son un mercado de commodities, no hay grandes márgenes; el margen te lo da el volumen, pero igual se tienen que tratar los envases”.
También agregó que hay provincias que están controlando esto y generan sanciones a los productores, pero falta aún más recorrido. Por ejemplo, está como deuda pendiente a nivel nacional el Sistema Único de Trazabilidad que fija que si un productor compra envases y en un año no los devolvió esta información pueda figurar en Arca para que no le dejen adquirir productos la siguiente temporada. Aún no se estableció, pero según Medina es el seguimiento principal que debe garantizarse porque los envases se pueden usar en distintas zonas, es decir que un productor de Santa Fe lo registra en esa región, pero quizás lo termina usando en Córdoba y un control provincial no sería útil en casos como este.
“Por el momento estamos trabajando con Senasa para que, cada vez que se renueve anualmente el registro que permite comercializar un producto, se les exija como requisito la adhesión a un sistema de gestión ambiental”, precisó el ingeniero. Quedan conquistas por dar, pero en esta entrevista con Negocios se mostró positivo a la hora de pensar que, tarde o temprano, van a poder abarcar a la gran mayoría de los actores que están por fuera.
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