Un solo oferente para la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe

La Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas Super Cemento y Edeca SA fue la única en presentar una oferta en la apertura de sobres para la concesión de la autopista Rosario-Santa Fe.

En una ceremonia en la que no estuvo presente el gobernador, Miguel Lifschitz, ni el ministro de Infraestructura, José León Garibay, las autoridades procedieron a la apertura del sobre con la oferta de la empresa y al término de la misma, la secretaria de Coordinación de esa cartera, Teresa Beren, que fue quien encabezó el acto, manifestó que "veremos si esta UTE cumple con todos los requisitos técnicos. Luego nos abocaremos a analizar la oferta económica"

La funcionaria agregó que "hasta que tengamos un nuevo adjudicatario, tenemos un acuerdo precario con Arssa, quien tiene todas las obligaciones que firmó en el contrato, menos repavimentar. La repavimentación estará a cargo del gobierno".

Mientras el personal del Sindicato Unico de Trabajadores de las Concesiones Viales reclamó, como lo viene haciendo, que el próximo nuevo concesionario mantenga las fuentes laborales, desde la oposición en Diputados se levantaron voces con fuertes cuestionamientos.

Atribuciones

El diputado Héctor Cavallero, señaló: "Como bloque del Frente Justicialista Para la Victoria hemos tomado la decisión, en principio, de plantear que el Estado provincial, haciendo uso de sus atribuciones, declare desierta la licitación y hacerse cargo de la autopista por medio de Vialidad Provincial, porque total la que la va repavimentar es Vialidad Provincial. Inmediatamente después de hacerse cargo debe repavimentar y hablar con el Sutracovi para absorber a todo el personal".

Asimismo, Cavallero remarcó que "no hay que olvidar que el Estado municipal, nacional o provincial tiene la discrecionalidad de declarar desierta una licitación si así lo considera", indicó.

También el ex intendente rosarino hizo referencia a la decisión por la que el Poder Ejecutivo provincial resolvió "tomarse un plazo de 180 días para recabar más argumentos que sostengan la decisión de rescindir «de común acuerdo» el contrato de concesión de la autopista Rosario-Santa Fe con la empresa Arssa y con suspicacia consideró que "llamativamente se cumplen después de las elecciones".

Efectivamente, así lo fijó el Ejecutivo por un decreto firmado la semana pasada, en el cual acepta el pedido de más información que le hiciera el Tribunal de Cuentas respecto de los términos de rescisión.

Cavallero descree de la necesidad más información, "basta con transitar por la autopista y mirar. Mandaron a hacer un estudio a la Facultad de Ingeniería —donde la decana es la hermana de Garibay—, y en el dictamen «los mataron»", dijo el diputado, quien reiteró que lo mismo ocurrió con las pericias y dictámenes de la Facultad de Ciencias Económicas y del fiscal de Estado".

Duro en sus apreciaciones, el diputado planteó que "acá lo que tiene que hacer Arssa, y que es lo que planteamos desde nuestro bloque, es devolver los 1.500 millones de pesos de perjuicio al erario por la rescisión del contrato, que es lo que plantean nuestros equipos técnicos que son del más alto nivel académico"

Validez

No obstante desde el gobierno aclararon que "en lo fáctico nada cambia", ya que se mantiene la validez del decreto de rescisión y también la marcha del proceso licitatorio en curso.

Con el decreto 1.017, firmado el 25 de abril pasado, el Ejecutivo dispuso que se "someta a revisión el convenio de extinción por mutuo acuerdo" del contrato de concesión de la autopista con la empresa Arssa. Allí, también encomienda al Ministerio de Infraestructura "en el lapso de 180 días, la implementación de un proceso de análisis y determinación de la responsabilidad que le puede caber a las partes en la frustración del contrato". mientras la oposición reclama el inmediato retiro de Arssa.