El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe aplazó para el 2 de febrero del año próximo el juicio oral y público que debía iniciarse hoy, en el que se juzgará a cinco represores —cuatro ex policías y el ex juez federal Víctor Brusa— por crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino "La Casita".
La decisión fue adoptada por los jueces Beatriz Caballero de Barabani, Omar Digerónimo y Ricardo Vázquez, que integran el tribunal para este juicio en carácter de subrogantes, ya que son titulares en Tribunales Federales de Rosario.
Fundaron el cambio de fecha en "los juicios pendientes con audiencia de debate ya fijadas en las que intervenimos cada uno de los aquí firmantes para preservar el funcionamiento de ambos Tribunales Orales en los que somos titulares", afirmaron los magistrados. Vázquez recordó en un oficio a sus colegas que "por la acumulación de causas" en el Tribunal del que es titular no contaba "con fechas disponibles en lo que queda del año para intervenir en la audiencia de debate".
Así, comunicaron la situación a la Cámara Federal de Casación Penal y decidieron postergar el inicio del juicio hasta el 2 de febrero.
Los acusados son los ex policías Juan Calixto Perizzotti, Ricardo Ferreyra, Eduardo Ramos y María Eva Aebi, y el ex juez Víctor Brusa.
Entre las víctimas se encuentra el responsable para Santa Fe y Paraná de Montoneros, Emilio Osvaldo Feresín, quien fue secuestrado el 10 de febrero de 1977 y muerto, aproximadamente un mes después, por las torturas padecidas en "La Casita". También, figuran entre las víctimas 11 mujeres y un hombre, secuestradas y luego torturadas en la Comisaría 4ª, la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en "La Casita".
Perizzotti, Ramos y Aebi deberán responder por la privación ilegítima de la libertad agravada contra siete víctimas, y por seis hechos de tormentos. Ramos, además, será juzgado como coautor del homicidio de Feresín. Ferreyra está acusado por la privación ilegítima de la libertad y los tormentos agravados de cuatro víctimas y por asociación ilícita. Brusa está imputado por la aplicación de apremios ilegales a dos víctimas.