La apertura de una Fiscalía federal es un viejo reclamo de la ciudad de San Lorenzo.
El intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, se reunió el viernes con funcionarios del Poder Judicial de la Nación que realizaron un relevamiento de dependencias públicas municipales para la apertura de una Fiscalía federal penal en San Lorenzo. El Estado local cederá un espacio para que se instale en la ciudad el órgano encargado de la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos.
La Fiscalía Penal se establecerá a nivel local luego de intensas gestiones por parte del intendente Leonardo Raimundo con el objeto de que la justicia federal tenga asiento en la ciudad.
Cabe recordar que días atrás, el procurador general de la Nación interino Eduardo Casal habilitó los 27 cargos de fiscal federal penal que fueron creados por el artículo 3° de la Ley N° 27.715 de Fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe. Los citados cargos se distribuirán a partir del 1° de agosto, de manera provisoria, para coadyuvar con las y los fiscales existentes en la jurisdicción, hasta tanto se pongan en funcionamiento las Unidades y Sedes Fiscales Descentralizadas en ese territorio, de acuerdo con el diseño previsto en la Resolución PGN N° 35/19 para la implementación del sistema acusatorio y se designen sus titulares mediante el trámite de los Concursos N° 130 y N°131.
Por Decreto N° 255/23 el Poder Ejecutivo Nacional promulgó la Ley 27.715 que, entre otras decisiones, dispuso la creación de veintisiete cargos de fiscal: quince para la ciudad de Rosario, siete para la de Santa Fe, uno para cada una de las ciudades de Rafaela, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto, todas de la provincia de Santa Fe; y otro para San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. También se crearon nueve cargos de defensor oficial y catorce de juez con competencia penal en la Jurisdicción Federal de Rosario.
La implementación de la norma había quedado supeditada al otorgamiento del crédito presupuestario correspondiente. Así, el 1° de junio pasado, la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso, mediante Resolución Administrativa N°435/23, la ampliación del presupuesto que incluyó los referidos cargos.
La decisión del Procurador general de la Nación interino se inscribe dentro del conjunto de acciones que se vienen ejecutando para el fortalecimiento de la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de hechos relacionados con la criminalidad organizada en materia de narcotráfico y delitos conexos. Ello, a fin de lograr condiciones propicias para la implementación del sistema acusatorio en esa jurisdicción, conforme lo estableció la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Federal de la Nación por Resoluciones Nº2/19 y N°1/20.
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