La necesidad de que todas las personas puedan encontrar ropa de su tamaño no es nueva. Aunque no todos lo sepan, vestirse es un derecho. En este marco, el Senado santafesino convirtió en ley un proyecto que actualiza su ley de talles, que data de 2009. Se contempla la adhesión de la provincia a la ley nacional de talles, que fue aprobada hace poco más de dos años, y agrega algunos aspectos particulares de la región. La introducción de estas modificaciones no cayó nada bien entre las activistas nacionales, quienes cuestionan que no era necesario y argumentan que incluso representa un retroceso.
La norma unificó varios proyectos que habían ingresado en la Legislatura en el último tiempo y determinó que en Santa Fe se deberá utilizar el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (Suniti), que no deja lugar a interpretaciones sobre cómo obligar a la industria textil y a los comercios a respetar en su oferta el acceso a la compra de las prendas de vestir.
Además, la provincia le sumó un apartado que contempla incentivos a la producción. La diputada provincial del Partido Socialista Lionella Cattalini explicó a La Capital que, a la hora de confeccionar la ley, se tuvo en cuenta "la necesidad de que el Estado a través del Ministerio de Producción pueda potenciar y subsidiar a los productores locales de indumentaria que trabajen con una amplia curva de talles". Remarcó: "No alcanza con exigir el cumplimiento. Hablamos con todos los productores para que se animen a hacerlo y para eso se necesita acompañamiento".
La ley dispone que sea el Ministerio de la Producción la autoridad de aplicación con el fin de desarrollar actividades tendientes a la información, concientización, capacitación o cualquier otro tipo de acción que considere necesaria para el cumplimiento de disposiciones. La cartera productiva deberá también ejercer el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de la ley nacional 27.521 respecto de las presuntas infracciones cometidas, así como realizar campañas de difusión masiva en todos los medios de comunicación.
También se le encomienda establecer líneas de crédito con tasa bonificada, subsidios u otras formas de asistencia, apoyo e incentivo económico destinados a PyMES y MicroPymes para el cumplimiento de las obligaciones impuestas. Además, le indica la creación de un comité interministerial de talles para la confección y comercialización de indumentaria que contemple la participación de los Ministerios de Salud, Educación e Igualdad, Género y Diversidad.
Los legisladores consideraron que con el avance de las discusiones resultaba insuficiente la ley vigente, sancionada en 2009, y había que adecuarla a los tiempos que corren y tener en cuenta la norma nacional. El Senado aceptó los cambios introducidos en la Cámara baja y aprobó la adhesión provincial, por lo que giró el texto al Poder Ejecutivo para su reglamentación.
Uno de los proyectos presentados sobre esta temática era de Cattalini, quien afirmó que la ley de talles "es una cuestión de justicia que todo el mundo tenga derecho a elegir cómo vestirse". Agregó: "Muchas personas todavía sienten que no saben dónde comprar ropa, que les da miedo cómo vestirse, si bien no soluciona el problema de fondo es un pasó más y tiene que estar legislado y tiene que haber un control específico".
Polémica por los cambios
La noticia de que Santa Fe no adhirió plenamente a la ley nacional de talles y realizó sus propias modificaciones no cayó bien en la ONG que la impulsó, Any Body Argentina. "Esta sanción que se dio en Santa Fe no tiene absolutamente nada que ver con la ley nacional", sentenció Brenda Mato, activista por la diversidad corporal, creadora de contenido digital y modelo de talles grandes.
Aunque reconoce que la realidad santafesina la conocen sólo quienes viven en este territorio, expuso en diálogo con este diario que no cree que "cortarse solos" sea la forma de abordar la problemática. También mencionó que quienes trabajan en la ley nacional han estado y están a disposición para realizar capacitaciones e informar a quien lo necesite. "Pareciera ser otra ley provincial que está completamente desconectada de la nacional. Dice apoyarla pero no la conoce", enfatizó.
Por otra parte, denunció que la nueva ley provincial "es problemática porque no es realmente útil para la sociedad" y desestima todo el trabajo histórico realizado por las activistas que la impulsaron.
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Al respecto, Cattalini puso paños fríos. La diputada valoró la instancia de debate que hubo en la Legislatura santafesina, en la que confluyeron los proyectos de diferentes espacios políticos. "Esta ley viene a aportar y a sumar. Se respeta lo que pasa a nivel nacional pero se pretende avanzar y que Santa Fe tenga su propia mirada", replicó.
Qué pasa con la ley nacional
El 9 de junio se cumplieron dos años de la reglamentación de la ley 27.521, conocida como la ley nacional de talles, que fue sancionada en 2019 y exige realizar un Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI) mediante un estudio antropométrico a cargo del INTI para luego entregar los resultados a un Consejo Técnico Consultivo, quienes sin obtener retribución alguna realizarán una tabla de talles.
La norma contempla que quienes fabriquen, comercialicen o importen indumentaria van a tener que adaptarse a esa tabla de talles y a su vez "deberán exhibir e informar en forma cierta, clara y detallada la tabla de medidas corporales normalizadas establecida por el SUNITI, tanto en sus establecimientos comerciales físicos, como en operaciones fuera de los establecimientos comerciales, a distancia y por medios electrónicos".
Desde el momento en que se publicó esta resolución, el INTI tenía un plazo de 240 días para finalizar la última etapa del estudio y entregarlo a las autoridades competentes. El 27 de julio de 2021 en la ciudad de La Plata se inició el último tramo del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr). Este recorrió algunos puntos del AMBA, CABA y parte de la Patagonia. El mismo finalizó en Comodoro Rivadavia en el mes de abril. A partir de ese momento comenzó el análisis de los datos obtenidos y para el mes de agosto de 2022 se notificó que el mismo estaba listo para ser entregado y empezar a trabajar con la tabla de talles, pero esa última etapa nunca llegó.
Brenda Mato señaló que siguen sin tener respuestas oficiales sobre por qué el Estado no avanza en la implementación de la ley de talles. El Consejo Técnico Consultivo del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), que debería estar integrado por representantes de la Secretaría de Comercio, asociaciones de consumidores y de las cámaras del sector, aún no fue confirmado. Todavía desconocen la información recabada por el INTI, por lo cual es imposible continuar ya que estos datos constituyen la columna vertebral de la norma.
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"No tenemos idea cuándo nos van a dar los datos del INTI y no tenemos idea por qué no tenemos ningún tipo de respuesta a pesar de que las exigimos, a pesar de que presentamos un pedido de informes. No sabemos en qué estado está y realmente es bastante desesperante, porque no requiere ningún tipo de ejecución de presupuesto", indicó en diálogo con este diario. En esa línea, aseguró que es "desolador" que cada persona con la que se contactan le responda que "ya va a salir". Subrayó que en agosto se cumplirá un año sin progresos y que necesitan el apoyo de todas las personas para que el pedido llega a las autoridades y se pueda seguir trabajando.
Por último, Mato recordó que es una ley que mejorará la calidad de vida de los argentinos porque "no conseguir indumentaria no es una cuestión tonta". "Somos una sociedad vestida, la vida social de las personas es una vida social vestida. La ropa también es un derecho y ese derecho está siendo vulnerado para muchos, entonces necesitamos que urgente se destrabe esto para poder tratarlo", argumentó.
Cifras preocupantes
Según la última encuesta realizada por la ONG AnyBody Argentina, 6 de cada 10 personas expresan tener dificultades (siempre o frecuentemente) para encontrar ropa de su talle independientemente de su tamaño, género y edad. Los números son contundentes.
Además, el 55% de las personas encuestadas responde que no encontrar prendas en su talle les lleva a cuestionar su cuerpo. Incluso, algunas personas, manifestaron abstenerse de comer, tener atracones, vomitar, hacer ejercicio excesivo o ponerse a dieta para bajar de peso luego de atravesar una situación donde no encontraron ropa en su talle.
Cabe recordar que Argentina es el segundo país con mayor cantidad de casos de Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), como anorexia y bulemia. Por lo tanto, la falta de implementación de la ley de talles nacional perjudica la salud y la calidad de vida de los argentinos.
Valorar a aquellos que intentan generar inclusión y producir o tener stock de talles es por ahora la única herramienta con la que cuentan los compradores. Más adelante, se podrá denunciar a quien no cumpla con la ley de talles y exigirle que lo haga. Vestirse es un derecho y el Estado deberá garantizarlo.
