La Justicia intimó a Vialidad Nacional por el estado de la autopista a Córdoba

La Justicia Federal intimó a Vialidad Nacional para que en el plazo de tres días hábiles, que se cumplen el miércoles próximo, brinde información sobre el estado de la autopista Rosario-Córdoba, sobre todo entre los kilómetros 336 y 314, y de las obras encaradas para su reconstrucción.

La acción judicial se da a pocos días de que el mismo organismo nacional anunciara, como lo publicó LaCapital, el inicio de las obras para los primeros días de este mes. Pero para la ONG Usuarios y Consumidores Unidos, promotora de una acción colectiva, "esta es la promesa que venimos escuchando desde hace tiempo, y que nunca se cumple, por eso es importante que la Justicia se expida".

Así lo hizo saber a este diario Juliana Ruchelli, abogada de UCU, quien difundió la decisión de la jueza federal Sylvia Raquel Aramberri, en quien recayó la presentación realizada los primeros días de febrero. "La información nos ha llegado como parte interviniente. Tiene que ver con una acción preventiva que interpusimos después de años de deterioro de la ruta, donde se pide que sean los jueces quienes intervengan ante el peligro inminente que representa el estado calamitosa de la calzada", dijo la abogada.

Ruchelli afirmó que desde la ONG se hizo toda una argumentación jurídica para explicar la necesidad de que se hagan las obras, largamente reclamadas por los usuarios y por las localidades de Roldán, Carcarañá y Cañada de Gómez, acaso las más comprometidas por el deterioro de la calzada. "La jueza se hizo eco de la acción e intimó a Vialidad Nacional, estamos contentos por esta acción porque queremos dejar de estar a expensas de la Nación y que sea la Justicia la que determine cuándo y cómo deben hacerse los trabajos, porque Vialidad los anunció una y otra vez, lo vienen haciendo desde el año pasado, y no podemos quedar a merced de eso".

La representante de la UCU manifestó el interés de que "detrás de las promesas, que lo hagan porque se los ordena la Justicia".

Presentación

Tal como lo publicó este diario el 13 de febrero, la organización Usuarios y Consumidores Unidos presentó ante la Justicia federal una acción colectiva preventiva de daños para que obligue al organismo nacional a reparar en forma urgente el corredor, con el acento puesto entre el kilómetro 336 y el 314.

El pedido de la ONG, que en su momento recayó en el juzgado civil y comercial Nº 1 a cargo de Aurelio Cuello Murúa, se sumó a otras acciones encaradas por distintos organismos, como la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, con el respaldo de diversas instituciones.

Concretamente, la UCU pidió a la Justicia federal que obligue a Vialidad a reparar y señalizar en forma urgente la doble traza, principalmente en el tramo mencionado.

La organización ya había intimado oportunamente a las autoridades y al concesionario, pero al no obtener respuestas iniciaron la acción judicial en representación de los usuarios por imperio de la ley de intereses del consumidor y en nombre de un "colectivo de personas expuestas a un peligro". Esto fue en septiembre del año pasado, cuando se exigió a la empresa Corredor Panamericano II SA a "efectuar los trabajos de reparación y/o mantenimiento y/o señalización necesarios" sobre el tramo que va fundamentalmente de Roldán a Carcarañá.

El argumento principal de esta exhortación es que la autopista se encuentra intransitable en esa zona, con un "serio deterioro en la capa asfáltica, que lleva años desgranada, con baches y una muy mala demarcación, lo que acrecienta el peligro por la noche y ante lluvias. Las pésimas condiciones tornan muy peligrosa la circulación y ocasionan graves daños a las personas que circulan diariamente".

La acción interpuesta en los tribunales federales pasó a la jueza Aramberri (Nº 2), quien intimó finalmente al organismo nacional.

Clausura y aplaco

En el medio de esto, el 20 de febrero la Municipalidad de Carcarañá clausuró las cabinas de peaje ubicadas en su jurisdicción, pero no por el estado de la ruta (que ya había llevado a muchos usuarios a oponerse al pago del peaje), sino porque la empresa no se había inscripto como contribuyente ni abonado una deuda que le reclamaba el municipio por derecho de registro e inspección impagos.

La medida duró un día, ya que Corredor Panamericano II se presentó, hizo los papeles, pidió las disculpas del caso y abonó, con lo cual las barreras volvieron a bajarse y la "rebeldía social" que había generado el descontento se aplacó, por lo menos los días subsiguientes.

Esto no impidió que el diputado nacional Luis Contigiani reclamara que se declare la emergencia vial en la autopista en el tramo entre los ingresos a Roldán y Carcarañá, y que se inicien los trámites para la revocación de la concesión del corredor F, actualmente en manos de la empresa Corredor Panamericano II, por "incumplimiento manifiesto del contrato".

Un día después, el gerente regional de la Dirección Nacional de Vialidad, Luis Figliozzi, confirmó que los trabajos de reparación comenzarían "durante los primeros días de marzo", y desligó a la actual empresa que explota el peaje. "Es una obra que teníamos prevista ejecutar con la concesionaria anterior, por distintos temas administrativos de cierre de la administración anterior e inicio de esta, no se pudo ejecutar en tiempo y en forma, ahora los contratos se están resolviendo en estos días", precisó entonces el funcionario, aunque admitió que "son explicaciones que a los usuarios no le sirven".

Figliozzi reconoció que las obras "llegan tarde" y que correspondían a Cinco Vial, anterior concesionario. Además indicó que no se realizarán como consecuencia de la queja de los usuarios, sino que ya era un trámite que estaba a punto de concretarse. "Es una obra que teníamos prevista ejecutar con la concesionaria anterior, por distintos temas administrativos de cierre de la administración anterior e inicio de esta, no se pudo ejecutar en tiempo y en forma, ahora los contratos se están resolviendo en estos días".

Pero para los responsables de la presentación colectiva, las explicaciones y los anuncios no son suficientes. Por eso quieren que directamente sea la Justicia la que intervenga.