Los abogados querellantes Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana analizaron el desarrollo del proceso oral por contaminación con agrotóxicos
El juicio oral que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario concentra la atención de las poblaciones de todo el país que sufren la misma problemática.
El juicio oral que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario por la denuncia de Sabrina Ortiz contra productores de Pergamino, conocido como “causa Cortese”, se convirtió en un proceso emblemático. No sólo por la magnitud de las pruebas y la complejidad técnica que involucra, sino porque por primera vez, se sienta en el banquillo a toda una cadena de responsabilidades vinculadas a las fumigaciones y contaminación con agrotóxicos en zonas urbanas.
Los abogados querellantes, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, coinciden en que el debate oral abre un camino inédito en la Justicia Federal argentina. Ambos destacan la importancia de que las víctimas sean escuchadas y de que se establezca un precedente capaz de irradiar hacia otros pueblos fumigados del país.
Cabaleiro, abogado ambientalista con larga trayectoria en causas vinculadas a la contaminación, reconoce que este juicio lo atraviesa de manera personal. “Durante muchos años estuve buscando esto: poder concentrar toda la prueba en un proceso, con la cadena de responsabilidades sentada en el banquillo. Lo que se ve en Pergamino es una foto de cada pueblo fumigado”, afirmó.
Para él, la diferencia con otros ámbitos de discusión es clara: “Por primera vez vamos a poder plasmar en forma íntegra los datos crudos en los cuerpos de la gente y la información científica libre de conflictos de interés. Eso no ocurre cuando se debaten ordenanzas o leyes en el marco del poder político”.
Cabaleiro subrayó que el proceso abre una puerta para otros pueblos afectados. “Estoy convencido de que este juicio va a marcar un camino. Acá hubo delito, contaminación, daño en la salud y en los proyectos de vida de vecinos y vecinas. La Justicia deberá determinar responsabilidades penales, pero desde mi convicción esas responsabilidades existen”.
González Quintana aportó la experiencia de haber sido abogado de las Madres de Ituzaingó en Córdoba, protagonistas de la primera condena penal en el país por fumigaciones con agrotóxicos. Su rol en la causa Cortese es reforzar la estrategia penal de la querella. “Fernando es el mejor abogado ambientalista de la Argentina, pero hacía falta cubrir la parte del litigio penal estratégico. Mi especialidad es la litigación penal, y por eso me sumé al equipo”, explicó.
El abogado destacó la solidez de la investigación preparatoria y señaló que “me encontré con una causa muy bien trabajada, prácticamente sin flancos para la defensa. Ahora nuestro desafío es blindar la prueba en el juicio, consolidar la postura acusatoria y arribar a la certeza que exige una condena”.
Para González Quintana, el dilema central que deben atravesar en el proceso es el nexo causal. “Tenemos que demostrar que la contaminación del ambiente puso en riesgo la salud de la gente. Es una cadena probatoria que no puede cortarse. Ahí será clave el bloque de la ciencia digna, con médicos, biólogos y químicos que aportarán evidencia científica”, remarcó.
Ambos querellantes valoran la predisposición del Ministerio Público Fiscal, representado por Federico Reynares Solari. Cabaleiro observó “una abierta predisposición a la investigación por parte del Ministerio Público y de la justicia federal”. González Quintana consideró que “el fiscal armó un equipo de trabajo, estudió la causa a fondo y consensuó estrategias con la querella. Eso garantiza una participación activa de las víctimas”.
La competencia federal se explica por la contaminación del acuífero Puelches, un bien interjurisdiccional que atraviesa varias provincias. “Eso consolidó la radicación en la Justicia federal, lo que le da al caso una dimensión nacional”, señaló González Quintana a La Capital.
Tanto Cabaleiro como González Quintana insisten en que el foco debe estar en las víctimas. “Hay que hacer foco en los niños y niñas que son los principales afectados”, dijo Cabaleiro. “Los testimonios de Sabrina Ortiz, Alejandra Bianco y Pedro Ruiz fueron descarnados, expresaron lo que realmente les pasó. Es reparador que puedan declarar en un marco de transparencia, algo que nunca tuvieron frente al municipio”, se aliviaron.
González Quintana estableció un paralelismo con los juicios de lesa humanidad: “Cuando las víctimas declaran después de años de dolor y sufrimiento, se produce una mezcla de catarsis y dignidad. Es inevitable comparar el relato de Sabrina con los testimonios de quienes sufrieron el terrorismo de Estado. Estamos hablando de derechos humanos: derecho a un ambiente sano y a la salud”.
Cabaleiro apuntó contra el municipio de Pergamino y señaló que “las autoridades municipales quisieron presentarse como parte querellante, lo cual es temerario, porque fue el propio municipio el que cuestionó la jurisdicción del Juzgado Federal y la medida cautelar. Son los principales responsables. Legislaron una ordenanza que favoreció al negocio y ni siquiera hicieron respetar las distancias mínimas”.
“El Estado legitima estas prácticas como modelo productivo. Si se demuestra que generan daños, la reparación fundamental debe venir desde ahí. No esperamos actitudes reparadoras de los acusados, pero sí una condena justa que sea reparadora para las víctimas”, añadió González Quintana .
Ante la consulta por la cuantía de las condenas esperadas, los querellantes evitaron adelantar cifras de penas, pero reconocieron que algunos imputados consolidan cada vez más su posición incriminatoria. Cabaleiro admitió que “hay casos concretos donde el pronóstico punitivo puede elevarse”, aunque se mostró cauto e insistió en que es prematuro hablar de montos. González Quintana señala que “la reparación vendrá de una sentencia con condenas, porque las víctimas llegan al juicio no a pedir venganza, sino justicia”.
Ambos coinciden en que el fallo tendrá un impacto preventivo: “Una condena en Pergamino será un precedente muy importante para otras localidades y para cualquier otra causa contaminante. Este juicio abre un camino y una esperanza para todos los pueblos fumigados”, resumió Cabaleiro.
La causa Cortese no sólo tiene repercusión judicial, sino también política y social. “Está impactando en el núcleo duro del agronegocio bonaerense. Era inevitable que tuviera consecuencias políticas, económicas y empresariales”, explicó González Quintana. “Pero lo más sano es que estas problemáticas se discutan en un ámbito judicial, con todas las voces presentes”.
Cabaleiro advirtió sobre las complicidades institucionales y remarcó que “las autoridades municipales y provinciales miraron para otro lado o fueron cómplices. Este juicio expone esa opacidad y obliga a mirar de frente un problema que afecta a miles de familias”.
El juicio oral por la causa Cortese se convirtió en un hito en la justicia federal argentina. Con audiencias que exponen testimonios descarnados y con querellantes que aportan experiencia y convicción, el proceso avanza hacia una sentencia que podría marcar un antes y un después en materia de delitos ambientales.
Cabaleiro lo sintetizó en una frase que resume la expectativa de todo un movimiento: “Este juicio abre un camino para todos los pueblos fumigados”.
La causa conocida como Cortese se originó en Pergamino en 2018, cuando Sabrina Ortiz, vecina y abogada, denunció fumigaciones con agrotóxicos realizadas a escasos metros de barrios residenciales. Los estudios médicos detectaron glifosato en la orina de sus hijos y otros vecinos, lo que derivó en una investigación penal iniciada en el Juzgado Federal de San Nicolás.
Las pruebas científicas confirmaron la contaminación del acuífero Puelches, un bien interjurisdiccional que atraviesa varias provincias, lo que consolidó la competencia federal. En octubre de 2024, el juez de San Nicolás elevó la causa a juicio oral, marcando un hito en materia de delitos ambientales.
El proceso, que comenzó en febrero de 2026 en los Tribunales Federales de Rosario, tiene en el banquillo a seis productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos funcionarios municipales, acusados de violar ordenanzas locales y cautelares que prohibían fumigar cerca de zonas urbanas.
El caso Pergamino se convirtió en un símbolo para los pueblos fumigados de Argentina. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ya había intervenido en etapas previas, al rechazar planteos del municipio que intentaba frenar las medidas cautelares. El juicio oral que se sustancia en Rosario, busca establecer responsabilidades penales y sentar un precedente federal que podría replicarse en otras localidades afectadas por el modelo agroindustrial.
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