La Calamita definitivamente debe ser "un espacio por la Memoria"

“La Calamita debe ser efectivamente un sitio para la Memoria, la Verdad y la Justicia”. A esta frase intentan terminar de darle forma desde la Municipalidad de Granadero Baigorria, que junto al gobierno de la provincia y distintos espacios de derechos humanos locales, empezaron a trabajar en conjunto en la búsqueda efectiva para transformar este predio utilizado por el terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

El jueves se desarrolló en el municipio baigorriense un encuentro encabezado por el intendente Adrián Maglia, quien recibió a Lucila Puyol (secretaria de Derechos Humanos y Diversidad de la provincia de Santa Fe), Valeria Silva (directora provincial de Memoria Verdad y Justicia) y Eva Calabria (subsecretaria de Derechos Humanos y Diversidad de zona sur), en un encuentro que giró en torno a la elaboración de estrategias y trabajo conjunto para lograr que el edificio de La Calamita sea efectivamente un sitio para la Memoria, la Verdad y la Justicia.

“Lo que buscamos es que ese edificio pase a formar parte de la historia de todos los ciudadanos de Granadero Baigorria. Queremos mantener vigente su historia para tener en claro que no podemos permitir volver a atravesar esos días tan oscuros”, señaló el intendente.

En ese sentido, Maglia dijo que “están a disposición todas las herramientas del Estado municipal para lograr el objetivo”.

De la reunión también participaron el secretario de Gobierno local Adrián Playa, la subsecretaria Estefanía Hereñú, la subsecretaria de Cultura y Deportes Eliana Trivisonno y representantes de Documenta Baigorria, organización de Derechos Humanos que trabaja la temática desde hace varios años.

Esta agrupación presentó el pasado 29 de agosto (en conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido) el sitio de la Memoria Virtual de La Calamita, en el que se puede acceder a una enorme cantidad de información, testimonios y un archivo fotográfico único en: https://lacalamita.net.ar.

En esta casona funcionó durante la dictadura uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. En ese lugar hubo más de cien víctimas de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas.

En enero de 2015 se dio a conocer la promulgación de la ley Nº 13455 por la que el gobierno santafesino declaró de interés general y dispuso la expropiación del predio, proyecto que había sido presentado en 2013 por la diputada provincial Alicia Gutiérrez, del partido SI (Frente Progresista). El primer proyecto lo había presentado el legislador socialista Eduardo Di Pollina en 2003 y fue aprobado en 2005, pero en ese momento el gobierno de Jorge Obeid no concretó la expropiación.