Investigan la muerte dudosa de un chico derivado a una granja no habilitada de Buenos Aires

Esta historia, como casi todas, puede contarse por el principio o por el final. El principio dice que Santiago Tobías Hellman Suárez nació el 12 de agosto de 2005 en Asunción, Paraguay. Único hijo de Lourdes Hellman Suárez y con un papá con consumos problemáticos de alcohol y drogas. Un niño "inquieto, muy hablador, con carácter y fanático de Boca", según un amigo de la familia.

Vivió con su mamá en Paraguay y luego en Mar del Plata donde fue alumno de Jardín y primaria en la Escuela Municipal Nº 1 de La Feliz. Aprendió a nadar, a practicar surf en pequeñas tablas, a andar en patines y en rollers. La historia dice también que Santiago volvió a su país de origen con su mamá, comenzó a consumir drogas, se escapó varias veces de su hogar y en septiembre del año pasado deambulaba por la capital de Santa Fe cuando le dijo a un policía que le habían robado la mochila y los documentos.

Quedó a resguardo de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, se le tramitó un DNI y fue trasladado el 4 de enero de este año al Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, una entidad que no tiene página web con instalaciones o staff profesional alguno y no está habilitada por el Ministerio de Salud de Buenos Aires ( según confirmó a este diario la subsecretaría de Salud Mental de provincia de Buenos Aires).

El final de esta historia se escribe el 25 de enero de este año cuando Santiago, de 17 años, apareció ahogado en una pileta de 2 metros de profundidad en Soltar.

La autopsia del 27 de enero detalla el joven tenía un estado nutricional "regular", tez trigueña, cabellos cortos teñidos; nariz, boca y orejas medianas, una estatura de 1.80 metro y un peso aproximado de 80 kilos, dentadura completa, múltiples tatuajes en antebrazos y cuello y perforaciones en ambos lóbulos de ambas orejas. El médico de la policía Tomás Fogel infiere que su muerte se produjo 24 horas antes por paro cardíaco traumático y asfixia por sumersión.

El caso de Santiago abrió una investigación por "averiguación de causal de muerte", por parte de la Fiscalía 1, de Ituzaingó a cargo de Gabriela Milla, departamento judicial de Morón.

También abrió múltiples interrogantes sobre una problemática que parece repetirse después de seis años: la del traslado de jóvenes a comunidades terapéuticas de dudosos tratamientos, en provincia de Buenos Aires.

Es que en 2017, durante la gestión del socialismo, ya se había denunciado el traslado de 17 jóvenes a la Fundación San Camilo, de Pilar; un lugar varias veces denunciado por tener a pacientes en cautiverio y vulnerar sus derechos, y que fue clausurado.

De hecho un joven de 22 años murió por un suicidio en una "sala de contención" con psicofármacos, encierro y castigo. Y el año pasado un exempleado de seguridad del centro fue condenado a tres años de prisión de efectivo cumplimiento por homicidio culposo.

Los nuevos traslados como el de Santiago, reanudan la dinámica, ahora bajo la gestión peronista, de buscar tratamientos y contención para adolescentes y jóvenes con problemáticas de consumo y padecimientos subjetivos por fuera de la bota santafesina. ¿Por qué?

Los interrogantes

Algunos de esos interrogantes los expresó esta semana en las redes el periodista porteño Pablo Galfré, quien desde hace años investiga casos de jóvenes víctimas de terapias en granjas y centros donde denuncia que se los "priva de su libertad y los más elementales derechos humanos".

Galfré compiló la problemática en el libro "La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación", donde citó los casos de San Camilo.

Este diario publicó en 2017 una nota sobre el tema, tal como ilustra la foto, y los legisladores Carlos Del Frade, en Diputados, y Celeste Lepratti, en el Concejo, habían pedido informes. En los fundamentos señalaban que San Camilo, entre otras irregularidades graves, usaba conceptos como "adicto" y "subcultura criminal" en clara contraposición a los nuevos paradigmas de salud mental plasmados en la ley nacional 26.657 y la ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes.

En 14 de febrero en su Facebook, sobre la foto de Santiago, Galfré escribió: "El chico que ven en la foto se llamaba Santiago. Su madre, Lourdes, oriunda del Paraguay, me pidió que les informe que él, su hijo, Santiago Tobías Hellman Suárez, falleció en el Centro de Adicciones Soltar, de Ituzaingó, el 25 de enero pasado. Santi tenía tan sólo 17 años. Según la autopsia y los testigos, murió ahogado a las 15.15 en una pileta de 2 metros de profundidad. Otro menor, de tan sólo 15 años, lo encontró flotando. Pibitos encerrados en un centro clandestino de detención. Soltar, como indica una extraña regla, no estaba habilitado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué Santi, de nacionalidad paraguaya y que estaba viajando a dedo a Mar del Plata, donde vivió hasta hace poco, estaba privado de su libertad en un manicomio de Buenos Aires? Por qué la Secretaría de Niñez de Santa Fe, la segunda provincia más rica de Argentina, lo encontró vagueando por las calles de la ciudad de Santa Fe y, como no cuentan con centros de salud o quién sabe por qué, lo deportó para estos lares, donde las “granjas” brotan. Una vez más, los Estados son responsables… Una vez más, una nueva investigación comienza...".

Tras el posteo La Capital se comunicó con la repartición que encabeza Patricia Chialvo en la provincia de Santa Fe, para preguntar por qué Santiago fue trasladado a un centro de Ituzaingó.

Quien contestó fue la subsecretaria de Prevención en Salud y Trayectorias Educativas de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe, la médica pediatra Adriana Lusso.

"Porque estaba en situación de calle, Niñez de la Municipalidad de Santa Fe primero y de la provincia después toman la situación, se conectan con los referentes afectivos que no se hacen responsables, se sigue trabajando y se lo traslada, por su consumo problemático, estaba en un riesgo territorial grave", contestó la funcionaria.

-¿Qué significa riesgo territorial?

-Son casos de consumo problemático, de delincuencia. Son casos con avances y retrocesos; esta es una medida de protección, una estrategia de no más de cuatro o seis meses, luego seguimos trabajando la vuelta al territorio. Se trabajó con el Ministerio de Niñez de Paraguay y un Programa de Repatriación.

-¿No se puede hacer eso en Santa Fe?

-No hay suficientes centros que acepten a jóvenes con problemas de consumo. Y hay un convenio con Soltar, donde no estaba encerrado ni internado.

-No está ese centro en la página del Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud (Rupes) de Buenos Aires ni hay web que muestre sus dependencias ni staff profesional.

-Es una comunidad terapéutica con la que se manejó la provincia desde que comenzó esta gestión. Yo la conozco.

-¿Cómo es?

-Una casa como cualquiera de estas casas con habitaciones, cocina, parque y equipos de trabajo. Es agradable.

-¿Hay más chicos alojados allí?

-Unos 6 o 7.

Enterada del caso de Santiago, la ex subsecretaria de Niñez (desde 2019 a agosto de 2021), Alejandra Fedele, dijo que este convenio era un "absoluto y peligroso retroceso", de la repartición.

"Estuvimos un año con una psicóloga y una abogada trabajando para terminar con los convenios de centros de rehabilitación en Buenos Aires porque había 28 pibes aislados en cuatro granjas, que yo misma visité durante una semana: eran horribles, estaban lejos, una de ellas en Olavarría, otra Los Naranjos, en San Pedro, nos hicieron juicio porque les sacamos a los pacientes de allí donde los hacían trabajar y los maltrataban y sus familias no tenían ni noticias de ellos", dijo la exfuncionaria.

Aseguró que a esos jóvenes se los revinculó con sus familias y se hizo un convenio con un centro santafesino, Nazareth, con varias sedes en la provincia.

Fedele fue aún más allá al decir que "no hay políticas de Estado para estas problemáticas y encima se paga mucho por cada plaza en un centro de rehabilitación". Algo más, calculó, de cien mil pesos por mes.

"La provincia se los saca de encima", dijo Fedele, del mismo modo que lo había denunciado Galfré en su libro al hablar de San Camilo, y que asoció con un "millonario negocio que pueden representar las granjas de rehabilitación en estrecha relación con la salud privada, obras sociales y Poder Judicial".