Una mujer de 36 años fue imputada por la fiscal María Laura Urquiza como autora del delito de intimidación pública. Esta persona, cuyas iniciales son P. I. A., llamó por teléfono a la escuela de Enseñanza Media Nº 220 Ricardo Foster, de la localidad de San Jerónimo Norte (departamento Las Colonias) y dijo que había una bomba que explotaría a las dos horas.
La atribución delictiva efectuada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación se realizó en una audiencia imputativa celebrada el jueves al mediodía en los tribunales de la capital provincial ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg.
El hecho que investiga la fiscal Urquiza ocurrió el jueves de la semana pasada, minutos antes de las 14. "La secretaria de la institución educativa atendió un llamado telefónico en el que escuchó una voz disfrazada que le dijo «hay una bomba en el establecimiento, va a explotar en dos horas». Luego, cortó súbitamente", relató la fiscal.
El episodio infunció temor en los alumnos, docentes y personal de la escuela, y generó la activación de los protocolos de evacuación. "Se cortó el tránsito y se llamó a los Bomberos Zapadores de la Unidad Regional XI, quienes concurrieron al lugar junto con las autoridades de prevención y ambulancias médicas", explicó la funcionaria del MPA.
Ahora, la mujer mayor de edad quedó imputada por el delito de intimación pública
En ciudad de Santa Fe
Por otra parte, en la ciudad de Santa Fe ya se esclarecieron 14 hechos de intimidación pública similares al ocurrido la semana pasada en la escuela de San Jerónimo Norte.
El Ministerio Público de la Acusación, junto a la Policía de Investigación (PDI), trabajaron en los casos ocurridos en las oficinas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y en las oficinas comerciales de la empresa Cablevisión, en los que fueron imputadas personas mayores de edad.
Además, se investigaron los casos de las escuelas Sara Faisal; Almirante Brown; Nuestra Señora del Calvario; Juana del Pino y La Salle Jobson, en los que fueron identificados como autores menores de edad. El caso del colegio Almirante Brown de Santa Fe fue especialmente llamativo, ya que sólo en dos meses hubo 14 episodios de amenazas de bomba.
En la mayoría de los casos, se realizaba un llamado (desde un teléfono celular, fijo o público) al servicio 911, adonde se avisaba de la presencia de artefactos explosivos en los establecimientos educativos.
El problema es que cada vez que hay una llamada de esta naturaleza se debe activar el protocolo. No hay chance de que no suceda de esa manera, afirman desde las centrales de Emergencia, que a veces debe desatender otras denuncias.
En circunstancias en las que se identificó como autores de los llamados a menores de entre 13 y 15 años, se dio intervención a la subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia. Por su parte, en los casos en los que los autores de los llamados fueron menores de entre 16 y 17 años, se dio intervención a la Justicia de Menores.
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