El jefe comunal de Los Cardos elevó sus quejas a la provincia

A una semana de los allanamientos ordenados por la justicia al domicilio particular del presidente comunal y a la sede de gobierno de Los Cardos, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado Pablo Farías recibió ayer en su despacho de la Casa Gris al presidente comunal de esa localidad del departamento San Martín, Carlos Alberto Coppari, de extracción justicialista.
   La audiencia fue solicitada por la senadora departamental Cristina Berra (PJ) y participaron además de Coppari _que concurrió acompañado por su hijo Carlos Federico_ los presidentes de las comunas de Santa Rosa de Calchines, Carlos Kauffmann, y de Centeno, Juan Gufi, ambos del justicialismo. Como consignó este diario, los operativos llevados a cabo por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe y de la Unidad Regional XVIII consistieron en sendos allanamientos en procura de elementos para sustentar una causa que la justicia provincial inició de oficio y en la que se investigan posibles delitos que habría cometido el mandatario contra la administración pública.
   Los procedimientos ordenados por la fiscal santafesina María Laura Martí, derivaron en la detención por espacio de unas horas del jefe comunal de 57 años y de su hijo Carlos Federico, de 31, quienes habrían intentado entorpecer el accionar de los policías cuando incautaban pertenencias que podrían ser probatorias de los delitos que se le imputan.
   

Excesos

"El presidente comunal Coppari me ha planteado que en el allanamiento en la comuna y en su domicilio hubo excesos del personal policía, que recibió golpes y tratos humillantes y despectivos. Además planteó objeciones a la actuación de la fiscal en el sentido de que actuó con inusitada celeridad y el operativo se desarrolló justamente en la fecha de la fiesta del pueblo", le dijo ayer a este diario el ministro Farías.
   "Me encerraron y me recagaron a palos dentro de mi propia casa", había denunciado Coppari ante los periodistas el día del operativo. "Me pegaron, me rompieron la ropa y a mi mujer le quebraron el dedo meñique", volvió a describir ayer en tono menos vulgar el funcionario comunal ante el ministro de Gobierno. Coppari y sus acompañantes también le plantearon al funcionario de la Casa Gris que un abogado, de apellido Spila, que patrocina a una denunciante es empleado de la planta permanente de Fiscalía de Estado, razón por la cual le atribuyeron influencia por su posición en el gobierno de la provincia.
   A su vez Farías dijo desconocer detalles de la causa por "no haber tenido acceso al expediente. Los recibí por el planteo institucional que vinieron a formular y escuché atentamente cada uno de los planteos que hicieron Coppari y su hijo, como así también los pedidos de la senadora y los presidentes comunales que lo acompañaron. Lo que sí les planteé —prosiguió el ministro— es que formalicen en la justicia las denuncias que me transmitieron hoy (por ayer) a mí y que ya expusieron ante la prensa. A su vez les dí todas las garantías de que no hay ninguna intencionalidad ni participación política del gobierno de la provincia en estos hechos que se circunscriben a un procedimiento judicial, a la vez que me comprometí a trasladar todas las inquietudes planteadas al Ministerio Público de la Acusación y al ministerio de Seguridad, respecto de la actuación policial que según nuestros registros se circunscribieron al cumplimiento de la orden judicial", concluyó el funcionario de la Casa Gris.
   

Conflicto con empleada

El procedimiento judicial se ordenó a raíz de una causa derivada de otra investigación que se originó por un conflicto entre el presidente comunal con una empleada, Tamara Fenoglio (a la cual representa el abogado de Fiscalía cuya actuación en el expediente cuestiona Coppari). De acuerdo a lo que cuentan los actores, con diferencias según el caso, el comportamiento o las discrepancias políticas de Coppari con la trabajadora originaron un sumario administrativo que luego derivó en una acusación penal contra la empleada por haber utilizado una computadora que le habría facilitado el acceso a información confidencial del manejo comunal.
    Según la acusación de Coppari, Fenoglio había ingresado al sistema informático de la comuna hackeando el ingreso desde una computadora en su casa. Esta causa se investigó por el fiscal Carlos Zoppegni, pero se comprobó que no hubo delito. Zoppegni habría sido amenazado por Coppari, lo que le generó otra causa.
    Los datos que surgieron de esa investigación originaron una causa conexa que es impulsada la semana que pasó por la fiscal de Santa Fe María Laura Martí. De la pesquisa y expresiones vertidas en las redes sociales se desprende la posibilidad de la comisión de delitos relacionadas con el uso de bienes públicos utilizados en favor de la familia Coppari y administración fraudulenta.
   Desde la Fiscalía se informó que los Coppari serán imputados por los delitos de tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización, resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves dolosas. Además el jefe comunal sigue vinculado al proceso por las amenazas contra el fiscal y por las sospechas sobre la administración comunal.