Diez años de prisión al hombre que quiso matar a hachazos a su mujer

Un hombre que hace casi un año atacó en Chabás salvajemente a su pareja con un hacha y casi le quita la vida por las severas lesiones que le provocó fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado por el vínculo en circunstancias de violencia de género.

El fallo fue dispuesto por el juez Carlos Pareto en el marco de un juicio abreviado que se desarrolló en la sede casildense del Ministerio Público de la Acusación tras un acuerdo entre la defensa del imputado que aceptó su culpabilidad así como la responsabilidad penal que le cabe y la fiscal que llevó adelante la investigación del caso, Marianela Luna.

El violento episodio ocurrió el 30 de septiembre de 2015 poco después de las 21 luego de una fuerte discusión en la vivienda chabasense de General López al 1200 que la pareja compartía con tres de sus hijos.

La desavenencia fue tal que la mujer salió corriendo hacia la calle hasta ser alcanzada por el agresor que le pegó dos hachazos en la zona craneana dejándola tendida en el piso frente la cancha del Club Atlético Chabás donde fue hallada.

La creyó muerta. Silvio L., creyó haber matado a Alejandra O. y tras el terrible hecho no dudó en avisar a la policía, que afortunadamente cuando llegó al lugar encontró a la víctima con vida, aunque mal herida, por lo que fue trasladada al Samco local, derivada luego al Hospital San Carlos de Casilda y finalmente al Heca de Rosario a raíz de su crítico estado de salud, del que al cabo de un tiempo logró salir aunque le quedaron secuelas que intenta superar con trabajos de rehabilitación.

Antes de atacar y descargar su ira contra la mujer, el agresor, que fue detenido en inmediaciones del domicilio, también arremetió y provocó daños y destrozos en la vivienda y a dos vehículos de su propiedad que estaban estacionados en el lugar.

El episodio marcó el final de una relación signada por una historia de violencia intrafamiliar que hasta el vecindario parece haber conocido, según los testimonios que recogió en su momento La Capital a pocas horas de registrado el caso.

Incluso la policía había estado en la casa de la pareja al recibir un llamado teléfonico de una vecina alertando sobre una discusión anterior a la que desató la furia y que no había pasado a mayores de acuerdo a lo manifestado por la misma mujer que luego sería atacada brutalmente. En la audiencia imputativa realizada a principio de octubre del último año y donde se dictó su prisión preventiva, el inculpado se había abstenido a declarar aunque se mostró compungido por lo sucedido.

Pero el silencio por el que optó al inicio del proceso investigativo contrastó con la actitud que tuvo en el juicio abreviado condenatorio, donde manifestó su arrepentimiento y hasta pidió disculpas a la víctima y sus hijos así como a la comunidad por el acto cometido. Y fue aún más lejos al ofrecer tareas gratuitas en edificios públicos para remediar lo sucedido.

Claro que su pretensión, lejos de prosperar, fue rechazada por el Tribunal, que le recordó que su delito admitido y por el que fue sentenciado prevé una pena de ejecución efectiva de 10 a 15 años de privación de la libertad, por lo que su sorprendente planteo resultó improcedente.

Pena mínima. Así, se fijó la pena mínima estipulada para esta calificación legal que la Fiscalía logró mantener al no contar con antecedentes condenatorios por ningún delito, aunque si fueron constatadas denuncias cruzadas por violencia familiar entre ambos integrantes de la pareja, según indicaron fuentes judiciales.

El magistrado interviniente ratificó lo acordado entre las partes al controlar la legalidad de lo actuado y considerar que se cumplían los requisitos establecidos para la aplicación del procedimiento de juicio abreviado al tiempo que se valió de la evidencia recolectada para acreditar el delito achacado desde el primer momento por la fiscal de la causa.

Fuentes allegadas a la investigación rescataron que Fiscalía haya logrado "mantener la imputación legal planteada inicialmente y llegar a un juicio abreviado que satisfizo las expectativas e incluso fue avalado por el fiscal regional, Jorge Baclini, al superarse la condena el límite de ocho años que estable el código para este tipo de procedimiento".