Una mujer de 30 años, identificada como Johana Isabel R., fue condenada a 10 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija -menor de edad-, en localidades del sur de la provincia. Según la investigación, a cargo de la fiscal Susana Pepino, la mujer agredió sexualmente a la víctima en la época en la que iba a la escuela primaria.
La nena además sufrió delitos contra su integridad sexual por parte de un hombre de 41 años, Alberto Daniel Lucero, quien era la pareja de la madre y en abril de este año fue condenado a 10 años de prisión.
Pepino, señaló que “los condenados vulneraron a la niña en reiteradas oportunidades en la época en la que ella transitaba la escuela primaria”. Según precisó, “los ilícitos tuvieron lugar en Cafferata (departamento General López) y Chañar Ladeado (departamento Caseros), así como en la zona rural de la ciudad cordobesa Corral de Bustos”.
“Con gran violencia, en distintas ocasiones la mujer agredió sexualmente a su hija mientras la filmaba con su celular para luego enviarle los videos a su pareja”, dijo la fiscal Pepino y agregó que “durante esos episodios, la mujer amenazaba a la niña para que no hablara con otras personas sobre lo sucedido”.
Asimismo, sostuvo que “al menos una vez, la niña fue abusada por parte de su madre y de Lucero al mismo tiempo”, y agregó que “con frecuencia era obligada a presenciar las prácticas sexuales que mantenía la pareja".
"Por las características de los abusos y el vínculo entre la víctima y los atacantes, los hechos delictivos tuvieron entidad suficiente para generar consecuencias negativas en la salud física y psicológica de la niña”, subrayó Pepino.
La fiscal Susana Pepino, a cargo de la investigación.
En cuanto al origen de la investigación, la fiscal explicitó que “la hija de la condenada logró contarle sus padecimientos a su abuela materna, quien de inmediato realizó la denuncia correspondiente a través del sitio web del MPA (mpa.santafe.gov.ar/denuncias )”.
Pepino detalló que “la mujer relató por escrito lo que su nieta le había dicho y adjuntó imágenes que fueron incorporadas como evidencia al legajo”.
La acusada reconoció su responsabilidad penal como autora de abuso sexual con acceso carnal calificado (por el vínculo), abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores agravada (por ser ascendiente de la víctima).
La sentencia fue resuelta por el juez Aldo Baravalle en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de Melincué. La defensa aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la modalidad elegida para llevar a cabo del juicio. Por su parte, quien actualmente está a cargo de la víctima brindó su conformidad con lo resuelto.
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