Casilda: repudio tras la absolución del joven acusado de abusar de una nena que fue madre

Militantes de colectivos feministas volvieron a movilizarse este martes en Casilda para expresar nuevamente su repudio contra un fallo judicial que absolvió a un joven de 21 años acusado de abusar sexualmente de una nena de 12 que quedó embarazada y dio a luz a un bebé prematuro en septiembre de 2020.

Al igual que el viernes de la semana pasada cuando realizaron la primera manifestación, de la que dio cuenta La Capital, alzaron su voz y exigieron justicia ante “la indignación y espanto” que les causó la polémica resolución.

La cuestionada sentencia, cuyos fundamentos todavía se desconocen, fue dictada el miércoles de la última semana por los jueces de primera instancia Ignacio Vacca, Mariel Minetti y Marisol Usandizaga.

Allí se hace alusión a “un error invencible de prohibición que impidió al (acusado) comprender la criminalidad de acto" delictivo que se le achacó, por lo que fue exculpado, además de recuperar su estado de libertad luego de cumplir prisión domiciliaria.

Referentes de las agrupaciones Ni Une Menos, Casa de las Mujeres y Disidencias Libres, Vivas y Libres, Juntas, Autoconvocades y La Marx visibilizaron nuevamente su malestar con una concentración frente al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda. Y luego se trasladaron al edificio judicial ubicado sobre calle Casado, a pocos metros del municipio, para potenciar el reclamo.

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"Exigimos justicia ante el aberrante fallo que violó los derechos de una niña de 12 años al dejar en libertad a su violador". La frase sintetiza las expresiones volcadas en sendos comunicados que fueron leídos durante la protesta de la que también participaron representantes de la seccional casildense del gremio Amsafe.

“Este no es un problema de las feministas ya que se trata de un fallo que golpea a toda la comunidad en su conjunto”, resaltó Greta Roquero, en representación de La Marx.

Por su parte, una de las integrantes de la agrupación Ni Une Menos, Sandra Michelón, indicó a La Capital que “esta sentencia nos resulta inadmisible y violatoria a los más básicos derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”.

Asimismo, expuso “la preocupación por este tipo de resoluciones de parte de la justicia que implica un retroceso en los derechos conquistados hasta el momento”. Y en esa misma línea sostuvo que debido al "contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran muchas mujeres y niñas ni siquiera llegan a la denuncia por, precisamente, la arbitrariedad de los fallos”.

Michelón, además advirtió: "Si es necesario vamos a marchar a Rosario para manifestar nuestra rechazo a este fallo aberrante” que, tal como consignó oportunamente este diario, será apelado por el fiscal de la causa, Emiliano Ehret, para ser revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal que funciona en aquella ciudad.

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En tanto, Franca Bonifazzi, quien milita en el colectivo Vivas y Libres, también de Casilda, señaló, entre otras consideraciones, que “el Estado, desde el servicio de justicia, vulnera nuevamente (a la víctima) con este fallo dejando libre a su abusador y ejerciendo violencia institucional".

Y bregó por "la necesidad de contar con funcionarios judiciales idóneos y con perspectiva de género y derechos humanos para poder dar un abordaje correcto a los casos de violencia y abusos sexuales que son los delitos predominantes en el departamento Caseros”.

El fiscal Ehret, quien había pedido 15 años de prisión para el incriminado, identificado con las iniciales G.M, y se mostró “sorprendido” por lo resuelto, entiende que “hay elementos suficientes para una sentencia condenatoria”. El funcionario del MPA comenzó a investigar el caso en julio de 2020 a partir de una denuncia con reserva de identidad que fue radicada en la Comisaría de la Mujer, cuando la chica ya cursaba un embarazo de cinco meses. En septiembre se produjo el nacimiento de su hijo en el Hospital Centenario de Rosario tras recibir las primeras atenciones en Casilda.

Al ser consultado por este medio tras conocerse la sentencia, Ehret también había señalado que la menor expuso, al ser entrevistada en Cámara Gesell, que “era amenazada y forzada a tener relaciones sexuales, lo que agrava lo sucedido”.

Además planteó su oposición al encuadre de la sentencia dentro de la figura jurídica de “error de prohibición”, lo que significa que el autor del hecho investigado no comprendió que estaba cometiendo un ilícito.