Por Laura Vilche
Los jueces de la Corte Interamericana ante el caso "María". Abajo, en las pantallas las demandantes y sus abogadas.
"Caso María y otro vs. Argentina”. La adolescente rosarina de 13 años que hace ocho años tuvo a su bebé en la Maternidad Martin y fue inducida cuando aún estaba embarazada a entregarlo irregularmente a un matrimonio por la Justicia de Santa Fe, no se llama "María", pero así se caratuló la denuncia de apropiación de su hijo porque en 2014 era menor.
Ahora es mayor de edad y dice que su nombre es Micaela aunque en el expediente, en los estrados y en esta nota seguirá siendo María.
El expediente está actualmente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y además, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde hace unos días hubo una audiencia pública. Además hay pedidos de parte de la defensora oficial de la Nación, Stella Maris Martínez, para seguir investigando el tema.
En la audiencia de la Corte IDH, de la que participó hace unos días "María", su madre, sus abogadas, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la secretaria de Derechos Humanos de esta provincia, Lucila Puyol, se conocieron detalles de esta historia que sucedió en la Maternidad Martin cuando la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia, estaba a cargo de Analía Colombo.
Durante el alegato, Pietragalla Corti destacó que el Estado argentino está comprometido en ponerle fin a la incertidumbre del derecho de “María” a criar a su hijo, y la del niño, a crecer junto a su mamá y su familia biológica.
A pesar de las múltiples gestiones al día de hoy, “María sigue sufriendo numerosas dificultades para vincularse en forma cotidiana con su hijo y lograr que tenga contacto con el resto de su familia biológica".
Solo puede ver a su hijo dos horas por semana en la casa del matrimonio que lo está criando. Cuando se planteó la posibilidad de ampliar el régimen de contacto o poder llevarlo a la casa, por ejemplo en un cumpleaños, para que conozca a su abuela, a sus tías o a sus primitos, hubo planteos negativos por parte del matrimonio de crianza.
Y por otra parte, la solicitud de restitución del niño sigue sin resolverse porque las autoridades judiciales de Santa Fe siguen insistiendo en que este asunto se tramite como un proceso sobre el estado de adoptabilidad del niño, recurso que desde el 11 de octubre está pendiente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El caso tiene antecedentes en otro conocido como "Caso “Fornerón” que se tramitó también hace años en la Corte IDH.
El día siguiente al nacimiento de una niña en la provincia de Entre Ríos (16 de junio de 2000), su madre biológica la entregó en guarda preadoptiva a un matrimonio residente en Buenos Aires, con la intervención del defensor de Pobres y Menores suplente de la ciudad de Victoria, Julio Guaita.
El padre biológico reclamó que su hija fue dada en adopción sin su autorización y la Justicia comprobó que el caso se basó en la estigmatización de la pobreza y los estereotipos de cómo debe ser una familia, un paradigma similar al caso de María. La sentencia de la Corte IFH fue mandar a los jueces a estudiar Derechos del Niños y tratados internacionales.
"Las niñas y niños tienen derecho a vivir con su familia, y deben permanecer en su núcleo familiar, salvo que existan razones determinantes para optar por separarlos de su familia biológica", dijo Pietragalla esta vez.
María quedó embarazada por una relación intrafamiliar cuando tenía 12 años. Nunca se le informó su derecho de Interrumpir legalmente el Embarazo (ILE) o no, nunca se le preguntó si quería criar a su hijo y apenas se lo dejó ver unos minutos cuando nació. El matrimonio se internó en la Martin mientras ella estaba por parir y de allí se fue con el niño, con apoyo de agentes sanitarios, funcionaria y jueza.
Su madre, quien la acompañó en el parto en aquella oportunidad y ahora en esta audiencia, se llama Laura Aquino. Y las abogadas que la respaldaron jurídicamente en todos estos años: Carmen Maidagan, Araceli Díaz , María Claudia Torrens y Marta Haubenreich.
Tanto María como su mamá fueron escuchadas en la audiencia. Allí relataron lo que vivieron en la maternidad Martin, donde le quitaron la tenencia antes de dar a luz y un guardia se instaló en la puerta de la habitación sin permitirles salir ni que ingrese ningún familiar.
La mamá de María contó por qué firmó la entrega del niño porque le dijeron que si no hacía podía correr "serio riesgo la tenencia de sus otros hijos".
Desde 2013, había un protocolo en la maternidad Martín en el que se indicaba que cuando una madre manifestaba que quería dar su bebé en adopción a una determinada pareja, podía hacerlo y se dejaba constancia en la historia clínica.
En 2014 cuando María tuvo a su hijo, entonces, la abuela del bebé firmó, pero no se dejó constancia como decía el protocolo.
Supuestamente, "en forma libre", María daba su hijo a un determinado matrimonio en una entrega directa o alguien inscripto en el Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga), situación hoy prohibida por la ley en Argentina (tanto la entrega antes de nacer y la entrega directa).
Según aseguran las letradas de María todo esto "se hizo con mucho apuro y fuera de cualquier interpretación jurisprudencial que hubo sobre el tema; ya había una práctica en la maternidad Martín y cuando queda embarazada María, en la propia Maternidad le dijeron a Laura que su hija era muy chiquita, que probablemente no sobreviviera al parto y le preguntaron qué iba a hacer con un bebé, le dijeron que si sobrevivía, cómo iba a criar a otra boca más y qué iba a ser de esa nena, que no iba a poder estudiar". De allí las similitudes con el caso Fornerón.
También en la audiencia, Laura, mamá de María, dijo que "un señor de traje" que no se identificó le hizo firmar el papel en la Martin", frente a trabajadoras sociales de la Martin y sin patrocinio legal al momento de rubricar su firma.
Sucedió que el papel terminó en la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que estaba encabezada por entonces por Analía Colombo, quien solicitó que se pusiera en marcha una guarda preadoptiva a la jueza en turno de familia Gabriela Topino.
Dos funcionarias públicas ordenaron así la entrega de un bebé no nacido y luego se sumó otra jueza en el caso: Sabina Sansarricq, quien le entregó el niño a los cuidadores o apropiadores, según las personas actuantes en la causa.
Allí empezó este camino judicial donde intervinieron muchos más jueces y juezas avalando una situación irregular desde el origen, que terminó en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, con cuatro miembros. No intervinieron cuando el expediente llegó a la Corte ni Daniel Erbetta ni Roberto Falistocco.
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