Sólo al Hospital de Niños Víctor J. Vilela ingresa día por medio un niño con signos de haber sufrido algún tipo de maltrato. En el último mes se conocieron el caso de un bebé de seis meses que llegó con fuertes golpes en el rostro propinados por su madre, una mujer de 29 años con serios problemas de adicción; y el de Ian Ezequiel Almada, de tres años, que falleció tras haber sido golpeado sistemáticamente. En el primer caso, la madre de Elías tenía antecedentes de maltrato hacia otra hija y existía un pedido de ayuda a organismos estatales por parte de la familia para tratar su adicción. En el segundo, la autopsia de Ian mostró incontables lesiones actuales, pero también de vieja data que no fueron detectadas. La directora de Niñez de la provincia, Fabiola Piemonte, explicó que “la mayoría de los casos donde se adoptan medidas de protección excepcional vienen de la comisión de un delito, ya sea abuso sexual infantil intrafamiliar o maltrato físico”; señaló que existe “un aumento de casos” y admitió que si bien el Estado tiene “sistemas de protección en territorio, hay situaciones en que se llega tarde”.
Actualmente hay en la provincia 620 niños con medidas excepcionales de protección, es decir que tuvieron que ser separados de sus familias. “En el 80% de los casos donde se adoptan medidas de protección excepcional, hay situaciones graves de maltrato físico y abuso, mientras que en el 20 restante hubo una omisión por parte del adulto a cargo”, explicó.
Además, detalló que en el 70% “se puede intentar una revinculación con la familia ampliada, mientras que en el 30 restante se recomienda la declaración de adoptabilidad de los chicos, porque se trata de casos de abuso sexual infantil, donde no hay revinculación posible con el abusador o donde los padres están muy atravesados por el consumo y no se puede garantizar que los derechos de esos niños no vuelvan a ser vulnerados”.
—Sólo en el Hospital Vilela se atienden 15 casos mensuales. ¿Se incrementa esa cifra y la complejidad que presentan los casos?
—Absolutamente. La mayoría de los casos en los que tomamos medidas de protección excepcional vienen de la comisión de un delito, ya sea abuso sexual intrafamiliar o maltrato físico. La mayoría de las situaciones vienen derivadas de las áreas de salud y son esos los dispositivos que detectan cuando entra un niño gravemente golpeado, y haciendo un análisis perciben casos de violencia física reiterada y a veces con antecedentes. La mayoría de las situaciones son de maltratos reiterados, niños con lesiones físicas importantes. No siempre inferidos por la mamá, pero sí en el contexto familiar. Hay situaciones donde la mamá trabaja y el niño queda al cuidado de una pareja que es la que lo golpea, y la madre no se entera.
—¿Cómo sucede que un nene de tres años muera tras ser golpeado sistemáticamente sin que nadie lo advierta?
—La ley de protección integral es clara y establece que todos los actores de primer nivel, cuando toman conocimiento de una amenaza o situación de vulneración de derechos, automáticamente deben comunicarla. Pero a veces eso queda subsumido en el núcleo familiar. Además, no siempre en los centros de salud se puede despejar la situación en el momento, o hay casos derivados de la negli. Entonces se mezclan cuestiones y el caso se detecta cuando la gravedad es evidente. Nosotros trabajamos con el Grupo de Atención al Maltrato Infantil del Vilela, donde hacen las primeras averiguaciones, se avisa a la Justicia y a partir de allí articulamos todos los organismos del Estado.
—En el caso de Elías, el bebé de seis meses, la familia de la madre había pedido ayuda a los organismos del Estado. ¿Qué falla?
—No sé si algo falla o no se detecta. Desde la provincia y la Dirección General de Infancia del municipio se intenta acompañar estas situaciones. En el territorio hay operadores que a partir de alguna situación registrada en los centros de salud intentan agotar las medidas de protección integral del niño. A veces, si la vulneración de derechos del niño no es muy notoria, puede diluirse y pasar desapercibida. Por lo general, se detecta cuando hay otro actor, que puede ser un vecino, familiar o incluso uno de lo padres, que denuncia.
—¿A veces se llega tarde?
—Puede ser que se llegue tarde. Eso no lo vamos a negar. Si bien tenemos sistemas de protección en territorio, hay situaciones en que se llega tarde. Puede pasar que no hubo tiempo, o que todo lo que se hizo para acompañar no terminó de servir para evitar un resultado tan gravoso.
—El cambio de paradigma hacia la ley de protección integral requiere un seguimiento mayor de los casos en el territorio. ¿Hay recursos suficientes?
—Acá tenemos 12 equipos interdisciplinarios integrados por cinco personas cada uno, además de los que están en los Centros de Acción Familiar. Articulamos entre los diferentes actores del Estado porque no se puede pretender que cinco personas, que manejan 30 medidas de protección excepcional con grupos de cinco hermanos cada una, puedan controlar fácticamente todos esos casos.
