La Concejalía Popular de Rosario denunció que durante la pandemia de Covid19 en los tribunales provinciales se iniciaron más de 400 juicios de desalojo aunque un decreto nacional lo prohibía. Uno de esos casos es el de Martín, un muchacho de 33 años que alquila un departamento en el centro junto a su pareja y que en medio de la pandemia se quedó sin trabajo. Ante la imposibilidad de afrontar el pago de alquiler se vio en medio de un conflicto con la inmobiliaria y afronta una causa por desalojo.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 320/2020 se firmó el 29 de marzo de 2020, cuando el comienzo de la pandemia de Covid19 evidenció un contexto de emergencia pública ante la paralización de la actividad económica. Por esa misma razón el decreto, que inicialmente era hasta el 30 de septiembre de 2020, se extendió en dos ocasiones con sus respectivas prórrogas. La última finalizó el 31 de marzo y dejó a los inquilinos en mano de las inmobiliarias.
"Nuestra intención siempre fue pagar, pero no pudo ser. Llegamos al momento de tener que elegir si comer o pagar el alquiler", explicó Martín a este diario. El costo del alquiler del departamento de una habitación que alquiló junto a su pareja, según contó, no es muy alto pero aún así no pudieron seguir pagándolo cuando el inicio de la pandemia frenó sus ingresos económicos.
La pareja tenía un emprendimiento vinculado a la promoción y publicidad en medios de comunicación, pero con los meses todo quedó en la nada. "Era una empresa chica pero vivíamos muy bien. La carpeta publicitaria cayó el 100 por ciento, porque la gente encontró otra forma de publicitar", explicó el muchacho.
"A partir de ahí empezaron los conflictos por no poder pagar el alquiler, nos resultó impagable", insistió. Desde entonces comenzaron distintos intentos de mediación pero no se pudo llegar a un acuerdo. Con el paso de los días el problema creció hasta que les llegó la primer intimación de pago.
"Nos acercamos a la Defensoría del Pueblo y dijimos la verdad: no tenemos plata para pagar", contó Martín. Sin embargo con el correr de los meses la pareja no tuvo buenas novedades y la causa por desalojo tomó su curso. "Estamos desamparados ante la justicia, no estamos en igualdad de condiciones en la lucha legal", opinó Martín.
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En los últimos días se acercaron a la Concejalía Popular de Rosario, que intervino con la denuncia pública sobre el inicio de más de 400 causas por desalojo en los tribunales provinciales durante la pandemia. "Yo entiendo que los que estamos en falta somos nosotros porque no pagamos, no es que yo desconozco la situación. Pero no tenemos plata y si no nos fuimos es porque no tenemos un lugar donde irnos a vivir", agregó el muchacho.
Reclamos y pedidos
"Queremos saber mediante un pedido de informe en la Cámara de Diputados quiénes son los patrocinantes y otros actores que están atrás de esto. Si son repetidos, si desconocían que el decreto prohibía que se haga eso", indicó Nire Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario, acerca de las causas iniciadas por pedidos de desalojo en la ciudad. "Nos parece una locura que de la noche a la mañana en este contexto se permitan los desalojos. Dónde va a vivir esa gente", agregó. En ese sentido sugirió: "Hay que tener racionalidad y sensibilidad para resolver este problema".
En esa línea el diputado provincial Carlos del Frade, quien pedirá informes sobre la situación, sugirió al gobernador Omar Perotti hacer "un llamado de atención al poder judicial". "El gobernador tiene que manifestarle públicamente al poder judicial que no avance con el desalojo en medio de la pandemia contra gente que no tiene recursos y no tiene otro lugar para vivir", sostuvo el diputado en diálogo con este diario. "La verdad que es un hecho de enorme insensibilidad social. Sería interesante que el gobernador como principal figura política pida que se paralicen esos juicios de desalojo en tanto y en cuanto no termine la pandemia", agregó.
