Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

El concejal socialista Federico Lifschitz salió a poner blanco sobre negro en la discusión crónica sobre las aplicaciones no registradas que usan miles de usuarios en la ciudad. "Pedimos suspender por dos años todas las penalidades previstas por el Código de Convivencia municipal para que el Estado no sancione a ningún conductor de Uber o Didi. De esta forma, los usuarios podrán viajar con total tranquilidad en el asiento de atrás que la Municipalidad no va a controlar ni sancionar al conductor", argumentó el edil, para considerar que "hoy los choferes de taxis piden esto porque es la manera de sumar más viajes".

La propuesta ingresó al Palacio Vasallo, en el marco de un debate entre la propia familia taxista en relación a la conveniencia o no de subir la tarifa de los taxis un 30%. Ese "ruido" repercutió en las últimas semanas en la comisión de Servicios Públicos del Concejo y tiene las tribunas tacheras divididas: unos argumentan la necesidad de actualizar los valores empujados por los costos del servicio regulado por el Estado, y otros quienes creen que un nuevo "tarifazo" espantará a muchos pasajeros.

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En el medio, las aplicaciones no registradas siguen ganando terreno y usuarios que tienen bajada la app para moverse por la ciudad. En este contexto, Lifschitz pone en contraste y en contradicción la realidad de la movilidad de un sector de la población y la normativa vigente.

"Queremos suspender por dos años todas aquellas penalidades previstas en el Código de Convivencia para que no se pueda sancionar a ningún conductor, salvo que no tenga la verificación técnica, seguro al día y la licencia de conducir. De esta forma, quienes hoy son Uber o Didi podrán circular sin problemas y también será un beneficio para los usuarios de este transporte alternativo, que podrán solicitarlo con total tranquilidad porque la Municipalidad no los controlará ni los sancionará", remarcó Lifschitz.

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La propuesta no sólo se presenta como un paraguas protector a los conductores de estas app ilegales sino que va más allá. "Muchos choferes de taxis están pidiendo que Uber y Didi puedan operar con total tranquilidad, sin ser sancionados. Algo que a ellos también los beneficia porque es una manera de sumar más viajes. Ya no se trata de taxis versus Uber, este debate atrasa y el mundo lo ha resuelto", agregó el edil filo-oficialista.

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Uber: "privado y eficiente"

Tras repasar que estas aplicaciones ya operan en varias ciudades de la Argentina, Lifschitz llamó a reconocerlas como "un medio de transporte privado, que ha resultado ser muy eficiente y se presenta como alternativa al déficit y mal servicio que hoy presentan los servicios públicos rosarinos. Además porque en el medio hay cerca de un millón de usuarios y 12 mil choferes de Uber y Didi.

En sus considerandos, el autor de la iniciativa también agrega: "Resulta necesario priorizar la comodidad y respetar la libre elección de los usuarios", al entender que "la regulación excesiva de estas actividades entre particulares no contribuye a mejorar la calidad del servicio ni a garantizar la movilidad urbana, sino que restringe la innovación y la posibilidad de generar soluciones adaptadas a las necesidades actuales de la sociedad".

En su argumentación, Lifschitz va por una modificación al Código. "Corresponde avanzar hacia un marco normativo que respete la autonomía de la voluntad de las partes, reconociendo la legitimidad de estas nuevas formas de contratación privada y evitando sanciones que desalientan el uso de herramientas digitales que ya forman parte de la vida cotidiana de los ciudadanos y que en muchos casos ya se encuentran naturalizadas y aceptadas".

Uber en Rosario 27.1

Sin multas a choferes

En sus dos artículos en los que se pide suspender multas y sanciones, se afirma que Uber y Didi son una actividad de transporte de personas contratada a través de plataformas electrónicas y constituyen un servicio de transporte privado de interés particular, cuya naturaleza jurídica es distinta a la del taxis y remís.

Aumento sí, aumento no

Mientras tanto, las diversas agrupaciones de taxistas acudieron en oleaje a lo largo de las últimas semanas al Palacio Vasallo. Este lunes, fue el turno de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti). Su titular, Mario Cesca pidió postergar el pedido de suba tarifaria del 30% solicitado por diferentes agrupaciones taxistas la semana pasada.

"Si aumentamos la tarifa no van a subir los viajes, van a bajar. Vamos a tener mayor fuga de pasajeros”, fundamentó Cesca. "Bajan los viajes, se tributa más y el aumento queda neutralizado y encima perjudicamos al cliente", ahondó.

Además, el dirigente pidió restringir el beneficio de hasta un 30% menos contemplado en la tarifa promocional a sectores como jubilados a quienes cobran la mínima y que su aplicación sea sólo de lunes a viernes hasta las 22. Un pedido que se contrapuso con el del Sindicato Peones de Taxis (SPT), que pidió al Concejo la tarifa promocional válida sólo para después de las 22 con el fin de fomentar el servicio nocturno. Su vocero en la comisión legislativa, Sergio Granata, pidió actualizar la tarifa.

La semana pasada fueron al Palacio Vasallo la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), la Asociación de Titulares de Taxis y Remises (Attyr), y la Cámara de Mujeres Taxistas (Camtar).

Los representantes de estos sectores remarcaron el atraso estructural de la tarifa. Según indicaron ya alcanza entre un 40% y un 50% por debajo de los costos reales, y se solicitó la actualización de la tarifa del 30% a partir del 1 de marzo que fijaría una bajada de bandera en 2.752 pesos y la ficha en 116 pesos.

“Siempre tuvimos una tarifa política y nunca técnica. La tarifa siempre está atrasada un 40 o 50%”, indicó José Iantosca, de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar).

Ayuda provincial

A la hora de enumerar los aumentos de insumos y costos operativos, detallaron un incremento del seguro de hasta un 160 por ciento interanual, del GNC, y el valor de los vehículos, además de las dificultades para renovar unidades correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015.

Esta flota envejecida de taxis se explica, según marcaron, porque desde septiembre 2022 los autos subieron 822%, mientras que la tarifa lo hizo en un 595%. Por ello, solicitan la gestión de asistencia provincial para el recambio de unidades, y paralelamente un nuevo estudio de costos.

También pidieron reforzar el control de aplicaciones ilegales en zonas de alta concentración, como shoppings y la terminal de ómnibus. Para culminar un panorama "preocupante", los voceros de titulares de licencias que van por el aumento manifestaron que en la actualidad hay alrededor de 1.700 unidades que se encuentran caucionadas.