El crimen de Bruno Bussanich, de 25 años, el playero asesinado en una estación de servicios de Mendoza al 7600 conmueve a Rosario, que atraviesa una de las peores escaladas de violencia de su historia. El asesinato se suma a los de los taxistas Héctor Raúl Figueroa, de 43 años, y Diego Alejando Celentano, de 33- y al ataque dejó al conductor de la línea K -Marcos Daloia, de 39 años- herido de gravedad. Este domingo por la mañana se constituyó la denominada Junta Operativa, integrada por el gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad y el gobierno nacional para trabajar de manera "conjunta y permanente" en una serie de medidas de seguridad.
Entre las medidas que llevarán adelante, las autoridades destacaron que se triplicará la acción operativa de las fuerzas de seguridad en el territorio. Además, se realizarán acciones operativas focalizadas en zonas vinculadas a las investigaciones en curso.
También se concretarán operativos de saturación y se conformará un equipo especial de investigaciones con miembros de distintas unidades de fiscalía.
La batería de disposiciones delineadas por la Junta Operativa también contempla el incremento del personal policial cubriendo horas de servicio extraordinario y el refuerzo de las fuerzas federales y participación de las Fuerzas Armadas en el apoyo logístico.
En tanto, se decidió ampliar los montos de las recompensas para quienes aporten al esclarecimiento de los hechos.
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Por último, se intensificarán los controles de vehículos y personas, para lo cual, pidieron "la predisposición de la ciudadanía".
Por otra parte, el gobierno provincial recalcó la necesidad de "acompañar en el dolor a familiares y seres queridos de las víctimas de estos atentados que venimos atravesando en la ciudad de Rosario".
Al respecto, aseguró que "los ideólogos y ejecutores de estos hechos", a los que calificaron de "terroristas", pretenden "recuperar los privilegios que tenían las organizaciones criminales dentro de las cárceles". "Quieren recuperar el delivery, tener celulares, visitas íntimas ilimitadas, y sobre todo organizar y cometer delitos desde la cárcel", enumeraron las autoridades.
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En ese sentido, sentenciaron: "No actúan contra un gobierno: están en contra de todos los rosarinos y los santafesinos en general que queremos la aplicación de la ley para impedirles que sigan cometiendo delitos tras las rejas".
"Todos los niveles del Estado trabajamos de manera decidida y coordinada para dar con estos terroristas que se enfrentan a toda la sociedad", concluyó el comunicado enviado por la provincia.
