La hipótesis del Ministerio de Seguridad de la Nación que vinculó la balacera al Concejo con el combate a los remises truchos y el vínculo con el narcotráfico es ahora una línea clave en la investigación judicial. La Fiscalía sospecha que, ante la caída del narcomenudeo a través de los búnkers, la venta de droga se ha focalizado a través de remises ilegales. Y conjetura que parte de la flota no habilitada es manejada por la banda de los Monos para poder ejecutar el delivery narco. Por lo bajo, los investigadores estiman que al menos unos 50 remises truchos operan en la zona sur bajo el control del clan Cantero, en especial en el sector del casino.
Para los funcionarios, ediles e investigadores que consultó La Capital, el fortísimo incremento de las sanciones que votó el Concejo a los remises ilegales en la última sesión del año implicó un golpe a esa economía delictiva. Y pudo haber desatado la intimidación.
Las multas económicas a los dueños de los coches que se usan para remisería ilegal pasaron de mil hasta 20 mil pesos. Pero además se sanciona al chofer con retención de la licencia hasta seis meses.
"El remís trucho es utilizado por estas bandas narcocriminales no tanto para generar ingresos directos sino para trasladar la droga que comercializan ahora que no hay más búnker. La intensificación de los controles y las sanciones los impacta de lleno", confiaron desde el Ministerio Público de la Acusación.
"No hay que pensar al remís trucho —continuaron— como un ingreso fuerte para estas bandas que en realidad a veces necesitan negocios legales para blanquear sus ingresos de la economía narco sino como un eslabón clave de poder territorial".
Las fuentes del MPA consultadas por este diario consideraron que era "verosímil" el planteo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que vinculó los ataques al Concejo con el aumento de las sanciones a los remises truchos.
En el Ministerio de Seguridad de Santa Fe también apuntaron que esa línea de análisis criminal es actualmente la de mayor peso en la Policía de Investigaciones (PDI).
En los pasillos del Palacio Vasallo, asesores de varios concejales indicaron que hay una fuerte sospecha de que en la zona del casino la banda de los Cantero controla una flota de "unos 50 remises truchos" para distribuir droga en el sur de la ciudad.
Ilegales
Dirigentes de las distintas cámaras de taxis habilitadas en la ciudad coincidieron en ese diagnóstico. Y apuntaron que sólo basta con quedarse unos minutos sobre avenida Battle y Ordóñez cerca del bulevar Oroño para corroborar que hay traslado de personas en autos no habilitados como remises para tener una dimensión de esa movida.
"El problema es que para poder sancionarlos como remises ilegales los tienen que encontrar in fraganti los inspectores. Ahí bajan al «pasajero» y le empiezan a hacer preguntas pero si está en el asiento delantero y además actúa con fuerte complicidad, no se pone nervioso y dice que son familiares es difícil probarlo y aplicarles estas multas tan elevadas", advirtió un taxista.
Los inspectores se focalizan entonces en el análisis de toda la documental del auto, el estado del vehículo y hasta pueden ordenar un test de alcoholemia. Pero se les dificulta avanzar más allá.
Igualmente, las cámaras de taxis creen que se puede hacer controles fijos mucho más estrictos en la zona sur para golpear con dureza a los remises ilegales. De hecho han pedido a las áreas de control municipal que instalen cartelería informativa a pasajeros y eventuales transgresores sobre la normativa vigente.
Por lo bajo, los taxistas creen que el control municipal no es tan exhaustivo. "Hay cerca de cuatro mil remises ilegales, casi la misma cantidad que los taxis legales, nadie se puede hacer el desentendido. Da para sospechar que hay algo de connivencia", remataron.
Imputada
Una mujer fue imputada por colaborar con los autores del atentado contra el Centro de Justicia Penal (CJP) el pasado 10 de diciembre y quedará detenida con prisión preventiva por 45 días. Se trata de Marta G. (40), quien fue detenida e imputada ayer. La Fiscalía le atribuyó haber realizado en la madrugada del 10 de diciembre una puesta en escena para distraer a las fuerzas de seguridad asignadas al cuadrante donde se encuentra el CJP.
