En agosto de este año, el juez de San Lorenzo Marcelo Scola intimó tanto al Ministerio de Desarrollo Social como a la Secretaría de Protección y Promoción de los Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia a resolver la situación de una paciente de 11 años que pese a tener el alta médica continúa viviendo desde hace más de seis meses en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela. En esa resolución, el magistrado señalaba que "no puede el Estado, con su accionar, lesionar nuevamente el estado físico, mental o psíquico de un niño, niña o adolescente". Este lunes, el magistrado expuso ante la Comisión de Salud del Concejo Municipal donde se refirió al caso de esta niña, pero también habló de otros seis menores con internaciones prolongadas en centros de salud y más situaciones que a diario le toca abordar. Y adelantó que pondrá multas. "Tengo más de 45 oficios que no me contestan", señaló sobre la falta de respuestas.
El magistrado fue categórico sobre los diferentes aspectos del sistema de protección integral que están lejos de cumplir con sus objetivos. Sobre los centros residenciales, afirmó que "si habría que aplicar la ley, no queda ninguno". Apuntó a las autoridades del ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Danilo Capitani, a quien pidió reuniones a las que nunca obtuvo respuesta. "Cité al ministro en la resolución, le pedí que me reciba, le dije voy a Santa Fe, pero no", comentó el magistrado, que además señaló que pidió el inicio de sumarios administrativos, envió informes de los equipos locales respecto de las actuaciones de segundo nivel y adelantó que pondrá multas, aunque no sabe cuándo las podrá cobrar.
"Es el ministro el que toma las decisiones. Yo puedo poner multas, 20 o 30 jus, cada jus son 28 mil pesos", dijo y adelantó que ahora requerirá que "se lo retengan de los salarios" a los funcionarios responsables. Aunque así y todo, consideró que se mueven "con impunidad".
"No puede ser que Niñez no tenga dónde poner a los niños en cualquier circunstancia, no sólo a los chicos que tienen alguna discapacidad", señaló Scola, quien además habló del "desfinanciamiento" que sufrieron muchos de los programas de Niñez en los últimos años.
Resolutivo. El juez de San Lorenzo, Marcelo Scola, a cargo del caso.
El magistrado recalcó que en la provincia de Santa Fe "la niñez está absolutamente abandonada" y recalcó "la naturalización" de esa situación que existe a diario en las reparticiones donde debe encontrarse una respuesta. "Vine porque, para que esto sea distinto, voy a ir a todos los lugares que tenga que ir. Porque es una vergüenza y un dolor", dijo.
Vulnerados
La situación de las infancias y adolescentes es crítica, Sin embargo, semanas atrás el tema volvió a ponerse en agenda cuando se conoció la situación de siete niños, niñas y adolescentes que llevan varios meses viviendo en hospitales públicos pese a contar con el alta médica. Incluso estando la mayoría de las situaciones ya judicializadas y ante la prolongación de las internaciones, los equipos de salud cuestionaron en varias oportunidades la inacción de Niñez para encontrar alojamiento adecuado, un escenario que está muy lejos de garantizar la restitución de esos derechos que en los enunciados busca garantizar.
Cuatro de los chicos están alojados en el Hospital de Niños Zona Norte. Sólo en una de esas situaciones el paciente no cuenta con el alta de salud mental para poder volver a un centro residencial, según explicó Chialvo semanas atrás. Los otros tres están en condiciones de salir del centro de salud en que están alojados. Son casos de chicos no escolarizados desde hace varios meses.
Otros tres pacientes -el caso de una de las nenas se tramita en el juzgado de San Lorenzo- están alojados en el Hospital Vilela, donde su directora, Viviana Esquivel, señaló que estas situaciones "se agravaron en el último tiempo y lo que termina pasando es que el Estado es el que les sigue vulnerando los derechos a los chicos".
La titular de Niñez explicó que en Santa Fe hay 800 niñas, niños y adolescentes con medidas excepcionales que fueron alojados en centros asistenciales, y otros 300 se encuentran en casas de familias solidarias, por lo que argumentó estas situaciones de niños que exceden el tiempo que deberían estar en centros médicos "son excepcionales" y las caracterizó como "casos complejos donde la reinserción de los chicos en los centros residenciales lleva tiempo".
A eso, Scola respondió: "¿Cómo va a venir a decir que son casos complejos y requieren tiempo? Es discriminatorio. ¿Por qué mandan a unos a un hogar y a otros no? Lo que sucede es que como están en el hospital naturalizan la situación y los dejan ahí. Y eso sin dejar de decir que el hospital hace un trabajo magnífico, pero es una barbaridad".
Irregularidades
"Estoy equiparado a Rosario en la cantidad de causas, pese a que es una ciudad de un millón y medio de habitantes, pero tenemos en el cordón productivo gran cantidad de las situaciones de violencia", dijo Scola durante la reunión con los concejales para dar cuenta del volumen de situaciones que recaen sobre su escritorio. "Tengo más de 3.300 causas por año, pero también actuamos de oficio", detalló.
El magistrado señaló que en el marco de su trabajo "muchas veces se resuelven cosas y otras veces se descubren otras". De esa manera dio cuenta de las irregularidades que se detectan. Sobre los centros residenciales no sólo ratificó que "si hubiera que aplicar la ley, no queda ninguno", sino que además relató una situación sucedida hace dos años en un hogar: "La secretaria del juzgado descubrió allí alojado aun niño desde hacía seis años y Niñez no sabía. Nos respondieron que se les había pasado el expediente".
El juez valoró el trabajo de los servicios locales -equipos de cada municipio y comuna_, los cuales tampoco tienen respuestas ante los pedidos de medidas excepcionales. "Ellos nos dicen que no se toman las medidas. Hace poco, un niño de meses abusado por la mamá, pregunté cuánto hacía de esa situación, me respondieron que hacía siete días y cuando pregunté donde esta el niño, aún estaba con la mamá", relató frente a los concejales.
A eso sumó el mal funcionamiento del Programa de Familias Solidarias. "Les dejan los chicos años, no se cumplen los plazos, una locura", continuó, lo mismo que sobre el programa específico para la adopción de niñas con discapacidad que afirmó "está completamente desfinanciado".
Sobre el incumplimiento de plazos y procedimientos, Scola señaló que es tanto el desorden que "si se tuviera que hacer el control de legalidad (una garantía para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que implica un examen formal y material de la constitucionalidad de las acciones llevadas a cabo en el marco de una medida excepcional) tengo que declarar los casos nulos", pero se preguntó: "¿Qué pasaría con esos chicos?".
