El defensor de los administradores del consorcio del edificio de Salta 2141, Víctor Corvalán, insistió con pedirle a la Cámara Penal que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) pague las costas de sus defendidos, “por la irresponsabilidad que la Fiscalía ha tenido en este caso”.
Sin medias tintas, Corvalán atacó a la fiscal Graciela Argüelles, de quien dijo que tuvo “un destrato inconcebible de un funcionario público para los jueces que condenaron al gasista y absolvieron a una decena de imputados, entre los que se cuentan empleados de Litoral Gas”.
El cruce se dio esta mañana en la audiencia de apelaciones al fallo que se lleva adelante en los tribunales provinciales.
Corvalán dijo que Argüelles "tuvo un destrato inconcebible de un funcionario público para los jueces que condenaron al gasista y absolvieron a los imputados"
La querella que representa a los familiares de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas que se cobró el estallido del edificio ocurrido el 6 de agosto de 2013, lanzó ayer duras críticas al fallo que el año pasado sólo condenó al gasista y absolvió a diez imputados, entre los que se cuentan empleados y personal jerárquico de Litoral Gas, otro gasista, un ayudante y los administradores del consorcio.
En el mismo sentido, la fiscal Graciela Argüelles aseguró que el tribunal "no comprendió la complejidad del caso" y emitió una "sentencia arbitraria", por lo que pidió que se revise y condene al resto de los imputados. Tanto para la Fiscalía como para la querella, todos formaron parte de una cadena de responsabilidades que derivó en esa tragedia.
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El hermano y los padres de Débora repitieron el ritual que plasmaron el año pasado durante los más de veinte días que duró el juicio en el nuevo Centro de Justicia Penal. Sonia, la mamá, lució la remera con la foto de su hija y el pedido de justicia y Adrián, el hermano, volvió a besar las fotos de su hermana y las dejó en la puerta de la sala de audiencias. Se persignó e ingresó al recinto.
Adentro, otros familiares de víctimas escucharon con atención los argumentos que la Fiscalía y la querella expusieron ante los magistrados para explicar en qué basaron sus apelaciones al fallo que absolvió a todos los imputados menos al gasista Carlos García, el hombre que manipulaba el regulador de gas el fatídico 6 de agosto de 2013.
Hoy se realiza la segunda audiencia de apelaciones del fallo ante la Cámara Penal que integran los jueces Carina Lurati, Carlos Carbone y José Luis Mascali. Hoy continúan los argumentos de las defensas de los empleados de Litoral Gas y de los administradores del consorcio.