El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, rebatió ayer una vieja creencia popular que apunta a que las armas que pueblan el submundo de bandas delictivas son provistas en parte por la propia policía. Dijo que por año, los uniformados reportan el robo o pérdida de unas 80 armas, lo que representa el 0,05 por ciento de las 17 mil que portan los agentes que patrullan las calles. Paralelamente, señaló que en el mismo lapso "en los domicilios santafesinos las armas perdidas o robadas fueron más de 300", por lo que consideró que "el problema está fundamentalmente en las armas de civiles en sus casas, allí hay que avanzar en el desarme".
En casi 30 meses de gestión, el gobierno provincial sacó de la calle más de 13 mil armas de fuego. "Un logro", dijo Pullaro, pero inmediatamente afirmó que "eso no alcanza". Fue claro en señalar que "hay que controlar los arsenales del Estado", pero subrayó que "el problema está en las armas que tienen los civiles en sus casas". Para eso, firmó ayer un convenio de colaboración con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) —antes Renar—, que le permitirá a la provincia acceder a la información en tiempo real de los registros de permisos otorgados para la portación y tenencia de armas de fuego, y la vigencia de los mismos.
"El objetivo es que con esta información se puedan poner en marcha investigaciones que lleguen a buen puerto", recalcó la titular del organismo nacional, Natalia Gambaro. En los casos de denuncias de violencia de género, también permitirá "realizar tareas de prevención", dijo (ver aparte).
El convenio entre Santa Fe y el organismo nacional se firmó ayer en la sede local de la Gobernación, donde estuvieron presentes también los intendentes y jefes comunales de Pérez, Carcarañá, Fray Luis Beltrán y otras ciudades, que también se sumaron a través de la adhesión a los ejes de trabajo propuestos para llevar adelante políticas de desarme en la provincia.
La titular de la Anmac indicó que en todo el país hay unas 160 mil armas registradas correspondientes a unos 100 mil usuarios, lo que permite estimar que existe paralelamente un mercado ilegal que tiene un "número similar de armas a lo largo y ancho del país", dijo en referencia a un fenómeno que "no es una cuestión exclusiva de Rosario, ya que las bandas delictivas trasladan esas armas de acuerdo a los movimientos que realizan".
Por fuera de los arsenales que están en manos de bandas delictivas, la funcionaria hizo hincapié en la necesidad de trabajar sobre "los programas de entrega voluntaria, que apuntan a que la sociedad civil entienda que en esas armas hay un riesgo para sus familias y vecinos, y también de que terminen en el mercado ilegal", por lo que propició "la entrega a cambio de un incentivo económico" en las delegaciones que el organismo tiene en Santa Fe y Rosario.
Logro insuficiente
El proceso de desarme en el que viene trabajando la provincia fue detallado por el ministro de Seguridad santafesino, que remarcó que sólo en 2016 se destruyeron 1.500 piezas y hay otras 1.600 listas para ser destruidas conjuntamente con la Anmac.
A ellas se suman otras 6 mil armas que salieron de circulación a partir de procedimientos y controles de rutina en las calles, en los chequeos que llevó adelante la Policía de Investigaciones que terminaron con allanamientos donde se encontraron armas de fuego.
A esos números, más las 3 mil que pertenecen al sistema anterior y que esperan la orden de la Corte Suprema para ser destruidas (ver aparte), el ministro le sumó que en los 29 meses de gestión de la provincia salieron de la calle más de 13.600 unidades.
"Esto lo mostramos como un logro, pero no alcanza", admitió Pullaro, que no sólo se refirió a "violentos que siguen adquiriendo armas de fuego", sino que consideró fundamental "que el convenio permita tener la información necesaria para acceder a las personas que en sus casas tienen armas, que son o fueron legítimos usuarios y que en muchos casos tienen los carnets vencidos. Estas herramientas permitirán fiscalizar esos domicilios y seguir sacando armas de las calles", adelantó.
Por su parte, la funcionaria nacional también hizo hincapié en las restricciones actuales para la entrega de los permisos. "No sólo las licencias deben renovarse cada año —explicó—, sino que además actualmente es tan estricto el control, que a lo largo de 2017 apenas se entregaron 57 permisos en todo el país".
